La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas de más de 20 años de prisión para los acusados y una multa de 3 millones de euros para el PdeCAT por la «estrategia para el financiamiento ilícito» que se habría realizado «sistemáticamente» a lo largo de los años en su predecesora política, la extinta Convergència Democrática de Catalunya (CDC), en el marco del conocido como 'caso del 3%'.
En su escrito, el fiscal José Grinda acusa a 30 personas físicas y a 14 personas jurídicas, además de a sendas formaciones políticas, solicitando una condena de 21 años y 4 meses de cárcel para el extesorero de CDC Andreu Viloca y de 18 años y 10 meses para el también responsable de las cuentas de la formación Germá Gordó, que fue asimismo conseller de Justicia del Govern.
Anticorrupción pide imponer la multa de 3 millones al PDeCAT al considerar que, «lejos» de ser «un nuevo partido independiente» de CDC, su nacimiento se entiende como «la mera transformación o cambio de apariencia de una misma realidad, con la finalidad de desconectarse de las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido la formación política precedente, CDC».
El Ministerio Público detalla que en el período de 2008 a 2015 «altos cargos de CDC, en connivencia con cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Catalunya, y con los diferentes empresarios acusados, pusieron en marcha una estructura para financiar a este partido político ilegalmente y en forma encubierta».
La Fiscalía calcula que los ingresos que CDC recibió de sus fundaciones mediante esta operativa «significaron una fuente de financiación del partido que supuso, en el período comprendido entre los ejercicios 2008 a 2012, una media del 11,5% de la financiación privada del partido y de un 7,7% en la financiación total» de la formación.
Transformación de dinero
«Se trataba de una actuación sistemática de, por un lado, recepción de dinero de parte de empresarios, por otro lado, de transformación de ese dinero en ingresos para CDC, sin la mácula de su origen ilícito», explica el fiscal, que asegura que «los empresarios acusados se concertaron con los cargos de CDC para realizar pagos encubiertos al partido, bajo la apariencia de donaciones, a través de las fundaciones vinculadas al partido».
La Fiscalía entiende que los hechos descritos son constitutivos de delitos de organización criminal, de fraude a las administraciones públicas, de corrupción entre particulares, de tráfico de influencias, de cohecho, de prevaricación y de blanqueo de capitales.
Anticorrupción sitúa en el máximo escalafón de esta operativa a Gordó y a Viloca. En cuanto al primero, habría sido «durante varios años el contacto de los contratistas con la Administración Pública catalana y CDC». «Dicho contacto, además de haberse realizado al margen de los cauces legales y de la función que le correspondía dentro del Gobierno catalán, fue dirigido al beneficio de dichos contratistas y al del partido político al que pertenecía, objetivos ambos opuestos al bien público», explica la Fiscalía.
Viloca, por su parte, «se ocupaba de hacer la triangulación con autoridades y con empresarios, y de los pagos a las fundaciones». «Siendo administrador y tesorero de CDC y de la fundación CatDem, llevaba un control exhaustivo de todas las licitaciones y adjudicaciones de obra pública y de concursos ofrecidos por distintas Administraciones bajo la esfera de poder de CDC», recoge el escrito.
Anticorrupción pide 1 año de cárcel y 6 meses de cárcel sustituida por trabajos en beneficio de la comunidad para el exresponsable de finanzas de CDC y extesorero de las fundaciones Daniel Osácar; 1 años de cárcel y otro de trabajos en beneficio de la comunidad para el exresponsable económico de 'CDC' Francesc Xavier Sánchez Vera; 10 años de prisión para la jefa económica y financiera de CDC Anna Dolors Benítez; y 14 años de cárcel para el gerente y coordinador del Área Económica de CDC Carles del Pozo Cerdà.
Obra pública
Bajo su estructura jerarquizada, esos acusados adscritos a CDC y con la dirección de Gordó «llevaban a cabo un control y seguimiento de las licitaciones de obra pública y servicios ofertadas por diferentes administraciones del ámbito autonómico catalán, bajo la esfera de poder» de la formación, ya fuera en ayuntamientos, diputaciones, municipios u organismos dependientes de la propia Generalitat.
De esta forma, apunta la Fiscalía, «influían en sus responsables para conseguir que dichos concursos fueran adjudicados a las empresas conniventes cuyos responsables propiciaban y autorizaban hacer afluir dinero a dicho partido político». «Ello, con el compromiso de los responsables del mismo de otorgar los diferentes concursos a las donantes», añade.
El fiscal explica que todos los acusados siguieron esta dinámica con un solo fin: «subvertir las reglas de competencia del mercando y usar la dirección de las administraciones para obtener un beneficio y lucro ilícito, personal y mercantil, en el caso de los empresarios, económico y político, en el caso de los dirigentes del partido político, consiguiendo una financiación ilegal para el mismo». Todo ello, anuda, «acarreando un grave descrédito a la administración pública y un perjuicio al propio erario».
Desde la formación los acusados se habrían encargado «de implementar la estrategia acordada por los líderes del partido, supervisar la gestión y distribuir los fondos ilícitos obtenidos». Y lo hacían, añade el fiscal, «mediante un patrón de funcionamiento planificado para financiar ilícitamente al partido político mediante la venta de influencias en la adjudicación de contratos públicos».
Alteración de concursos públicos
Así, Anticorrupción desgaja las diversas tácticas utilizadas para la adjudicación. En algunos de los casos, «las autoridades de estas administraciones, de acuerdo con los responsables de CDC y siguiendo sus indicaciones, alteraban efectivamente concursos públicos con la finalidad de dirigir los mismos hacia las empresas de los acusados conniventes».
«Se instauró también un sistema de adjudicación de caucho que permitía un grado formal de discrecionalidad que, en realidad, encubría la arbitrariedad. En otros casos, ni siquiera fue necesario realizar alteraciones dado que el resultado prestablecido era asumido por las empresas licitadoras no adjudicatarias», señala el fiscal.
Como complemento a lo anterior, continúa el escrito, los empresarios acusados se concertaron con los cargos de CDC «para realizar pagos encubiertos al partido, bajo la apariencia de donaciones, a través de las fundaciones vinculadas al partido». En ocasiones, las mismas «estaban vinculadas directamente a contraprestaciones por la adjudicación de concretos contratos de obras y servicios públicos, alterando, en perjuicio de los intereses públicos, los procesos de contratación pública».
Para el resto de acusados, entre los que se encuentran los empresarios a los que se imputan estos hechos, la Fiscalía solicita penas que oscilan entre los 11 años de prisión o condenas sustituibles por multa y trabajos en beneficio de la comunidad.
El escrito de Fiscalía llega dos años después de que el entonces juez instructor, José de la Mata, dictase en julio de 2020 un auto de pase a procedimiento abreviado poniendo fin a una investigación que se inició en 2015 por actuaciones irregulares en Torredembarra (Tarragona) y que a medida que fue creciendo se remitió a la Audiencia Nacional en 2018 debido a la «grave repercusión» para la economía española.