La crítica a los excesos regulatorios y a las trabas burocráticas de las distintas escalas de la Administración (local, comarcal, autonómica, estatal, europea...) es prácticamente constante ante la asfixia de los emprendedores. Es un mantra que se escucha a pequeños, medianos y grandes empresarios, sin importar sector o tamaño, y las comarcas de Tarragona no son una excepción.
La patronal de la pequeña y mediana empresa Pimec presentó la semana pasada en el Colegio de Economistas de Cataluña su último informe sobre ‘Burocracia y competitividad empresarial: diagnóstico y propuestas’, que pone sobre la mesa algunas cifras realmente impactantes para reclamar una simplificación administrativa con la mayor celeridad. Según Pimec, el 70% de las empresas encuestadas han tenido que presentar documentos que la Administración ya tenía, es decir, que han tenido que repetir gestiones. Casi la mitad de las empresas tienen contratada una gestoría externa, además de destinar personal propio al papeleo. Como media, las pymes cifran en 40 las horas semanales que dedican. Siete de cada diez empresas necesitaron la intervención de varias Administraciones para completar sus trámites, un claro reflejo de la falta de coordinación.
En Catalunya la burocracia es más farragosa si cabe que en el resto de territorios. Aquí se generan una media de más de 900 normas cada año, cuando la media estatal queda por debajo de 500. En este sentido, ocho de cada diez empresas reconocen dificultades para estar al día. Por otra parte, el plazo medio de la Administración para afrontar los trámites no recurrentes asciende a 135 días, muy por encima del plazo legal de 90 días que establece la Ley General de Subvenciones. El plazo medio de cobro de una subvención llega a 166 días, es decir, cinco meses y medio.
El presidente de Pimec, Antoni Cañete, considera que «sólo con una administración ágil y eficiente podremos construir un entorno que favorezca el crecimiento empresarial y la innovación». El documento que ha presentado la patronal aporta diez recomendaciones prioritarias como evitar repetir gestiones que ya se han hecho o la Ventanilla única Administrativa para «centralizar los trámites, simplificar requisitos y evitar confusiones».
Pimec exige la transformación digital completa de la Administración, una formación continua del personal público -así como el estímulo de su vocación de servicio-, y el fomento de la colaboración público-privada, entre otras cuestiones.
Clamor entre la gran empresa
Las reivindicaciones de las pymes son respaldadas punto por punto por las grandes empresas.
Ante el borrador del Anteproyecto de la Ley de Industria y Autonomía estratégica, presentado el pasado verano, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, -constituida por ANFAC (automoción); AOP (refino); ASPAPEL (papel); FEIQUE (química y farmacia); FIAB (alimentación y bebidas); OFICEMEN (cemento); PRIMIGEA (materias primas minerales); SERNAUTO (componentes de automoción) y UNESID (siderurgia)-, que representa el 60% de la Producción Industrial Española, considera que «para impulsar una verdadera reindustrialización de España resulta esencial la simplificación de la burocracia administrativa, y por supuesto, evitar que la nueva ley introduzca más cargas en este sentido», advierte el portavoz de la Alianza, Carlos Reinoso.
La Alianza también recuerda que garantizar la seguridad jurídica para las empresas industriales es clave en este proceso: «Es imprescindible comenzar a fijar plazos fiables, comprometer recursos financieros y humanos, garantizar la seguridad jurídica y simplificar la burocracia y procesos administrativos para que la industria española sea más competitiva».
El último análisis al respecto publicado por el Banco de España indica que entre 1995 y 2020 han visto la luz más de 200.000 normas. En los últimos años, la tendencia hacia un ‘infierno normativo’ se ha acelerado, en especial en las Comunidades Autónomas, y particularmente en Catalunya. Según los datos de la patronal CEOE, el número de páginas publicadas por los Boletines Oficiales de ámbito estatal y autonómico superó las 1.275.000 el año pasado (casi 3.500 páginas al día).
En línea con la Unión Europea
El pasado mes de septiembre, Mario Draghi, -el legendario ‘Súper Mario’, salvador del euro durante la crisis de deuda de 2011 desde la cúpula del BCE-, sintetizó en 300 páginas su visión sobre el futuro de la competitividad europea. «La carga regulatoria que pesa sobre las empresas europeas es elevada y sigue creciendo», alerta su informe. Draghi subraya la dificultad de que el enorme dinosaurio europeo -asfixiado por la burocracia y la hiperregulación- pueda moverse con la agilidad deseada, con dos efectos muy nocivos: por un lado, se ralentiza la innovación -auténtico ‘talón de Aquiles’ de la UE frente a EEUU y China, y por otro impide a las empresas ganar tamaño.
«El efecto de la sobrecarga regulatoria es que sólo las empresas más grandes tienen la capacidad financiera y los incentivos para soportar los costes de cumplimiento», indica el estudio. El problema lo tienen las de menor tamaño, muchas de ellas tecnológicas y claves para el tejido de la innovación. «Las empresas innovadoras que quieren crecer en Europa se ven obstaculizadas en cada etapa por políticas inconsistentes y restrictivas», añade Draghi, que se queja de que los Gobiernos siempre pregonan que quieren favorecer la innovación, “pero seguimos añadiendo cargas regulatorias a nuestras empresas».
Tarragona no se libra del ‘cáncer’
hay proyecto que no sufra retrasos al atravesar el laberinto de requisitos normativos, permisos y licencias, con Hard Rock -actualmente en stand by- como el colmo de la pesadilla. El último retraso y más sonado, a pesar de que su carácter estratégico ha permitido acelerar los plazos, es el de Lotte Energy Materials. Ni siquiera el respaldo directo del Ayuntamiento, Generalitat y Estado, con todo el viento de cara, ha evitado que los planes operativos de la multinacional surcoreana se pospongan hasta 2027.
La industria química también padece los ritmos de la Administración, que ralentizan sus planes de inversión. Ello se traduce en una pérdida de competitividad: «El Govern de la Generalitat debe ayudar a la transformación del clúster industrial de Tarragona hacia una economía con cero emisiones netas para 2050, respaldando a las empresas del sector químico con incentivos, cofinanciación, un marco legislativo sólido y mayor agilidad en los trámites», razona Maria Mas, directora gerente de la Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT).
El presidente de la Confederación Empresarial de la Provincia de Tarragona (CEPTA), Xavier Rigau, siempre es uno de los más beligerantes en este sentido. “Nos está matando esta complejidad para emprender... Todo es burocracia, hay leyes que cambian cada día... No es el entorno más adecuado para dar facilidades a las empresas”, analiza. «Es absolutamente necesario abordar una simplificación administrativa para posibilitar el desarrollo de los proyectos empresariales en plazos razonables de tiempo en pro y beneficio de la competitividad global de la economía», expone Mario Basora, presidente de la Cambra de Comerç de Reus.
Según resume Juan Gallardo, economista y uno de los directores del Gabinete de Estudios de CEPTA, «en Europa y en España, y especialmente en Cataluña, todo es muy lento... con demasiadas Administraciones, unos procesos urbanísticos se alargan mucho; no hay manera de quitarnos esa costra burocrática que tenemos».