Pedro Sánchez (PSOE) tiene muy difícil aprobar la consolidación del impuesto a la banca y a las energéticas, tal y como ha prometido esta semana a la Unión Europea. El presidente español cuenta con muy poco margen de maniobra para lograr la mayoría necesaria del Congreso de los Diputados, toda vez que Junts per Catalunya anuncia su ‘no’ a la propuesta del gobierno socialista con Sumar.
«No pondremos en riesgo bajo ningún concepto las inversiones en Tarragona (como la de 1.100 millones prevista por Repsol en El Morell). Este impuesto afecta a dos grandes empresas energéticas que invierten en Catalunya, Repsol y Cepsa. En realidad, a las eléctricas, que son las que se han forrado debido a sus diferentes políticas de tarifas, el impuestazo les afecta mucho menos», afirma al Diari Míriam Nogueras, presidenta del grupo parlamentario de Junts en el Congreso. Por su parte, el portavoz de Junts en Tarragona, Jordi Sendra, considera que «nos jugamos el futuro de muchos puestos de trabajo y la continuidad del polo industrial».
Míriam Nogueras (Junts per Catalunya): «No pondremos en riesgo bajo ningún concepto las inversiones en Tarragona»
El ‘no’ de la formación juntaire deja el tributo en el limbo, ya que Sánchez se vería obligado a lograr la abstención del PP, que también se desmarca. «Hace mucho tiempo que sostenemos que la combinación de políticas fiscales confiscatorias tanto en Cataluña como por parte de Sánchez, tiene consecuencias devastadoras: se van empresas y se pierden inversiones a países hoy más competitivos. Este es un claro ejemplo», afirma el presidente del PP en Catalunya, Alejandro Fernández al ser consultado por este periódico.
Por su parte, la diputada del PP por Tarragona, Elisa Vedrina, cierra la puerta a negociar con el PSOE. «Tarragona no puede permitirse perder una inversión de 1.100 millones de euros y la creación de riqueza y de empleo de calidad que va de la mano de esa inversión. Pedro Sánchez no puede mantenerse en el poder a cambio de la prosperidad de nuestra provincia», declara.
Frialdad de ERC y PNV
La vicepresidenta segunda del Gobierno Central, Yolanda Díaz (Sumar), cargó ayer contra la amenaza de Repsol de deslocalizar la inversión prevista en El Morell para trasladarla a Portugal. «Repsol ha conseguido el tercer mayor beneficio de su historia cuando ya estaba el impuesto activo. En concreto, 3.168 millones», escribió Díaz en la red social X, añadiendo que el posicionamiento de la multinacional «no se trata de dinero, es una amenaza».
Díaz detalló que «las empresas españolas deben implicarse con su país», indicando que «los pequeños comercios pagan un 16% de impuestos, mientras que una gran corporación lo hace un 3,2%». Por ello, la líder de Sumar considera que «los que más tienen, más deben aportar», ya que «necesitamos ingresos públicos para mejorar la vida de la gente».
Alejandro Fernández (PP): «Las políticas fiscales confiscatorias de Catalunya y Sánchez tienen consecuencias devastadoras»
Por su parte, ERC y PNV se expresan con frialdad. Sobre el posible freno de la inversión de Repsol, el republicano Jordi Salvador dice que «no tenemos suficiente información para saber si es un caso de deslocalización clásica –acudir a otro país para ahorrar impuestos– o si realmente es un caso de inviabilidad. Si es el primer caso, es intolerable esta competencia desleal dentro de la propia UE. Si es el segundo caso, hablemos».
El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, cree que «de lo que se trata es pasar el gravamen actual irregular a un impuesto». De esta forma, el gobierno de Euskadi «podrá articular nuestra propia realidad fiscal e industrial». Ortuzar detalla que «no es bueno matar a la gallina de los huevos de oro», destacando que «muchas de las inversiones previstas en el País Vasco se hacen de la mano de la industria auxiliar del territorio».