El impuesto a la banca y las energéticas, cuya permanencia amenaza las inversiones de Repsol en Tarragona, vuelve a escena después del aviso de la compañía. El Gobierno, en su pacto con Sumar, quiere alargarlo ‘sine die’ y el partido de Yolanda Díaz supedita su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado a ello.
La tasa, según se explicó en su momento, estaba destinada a financiar medidas para mitigar la subida de los precios derivada de la guerra en Ucrania.
¿Qué es el ‘impuestazo’?
La ley que recoge este impuesto se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en 2022 y recogía un tributo extraordinario tanto a la banca como a las energéticas durante los ejercicios de 2023 y 2024 –con referencia a las cuentas del ejercicio anterior–.
En el caso de las energéticas, se aplica un gravamen del 1,2% sobre ventas y prestaciones de servicios
En el caso de las energéticas, se aplica un gravamen del 1,2% sobre ventas y prestaciones de servicios a las empresas eléctricas, gasistas y petroleras que facturen más de 1.000 millones, excepto aquellas cuya actividad energética no sea la principal; así como a las productoras de petróleo o gas natural, minería de carbón o refino en España.
En cuanto a la banca, el gravamen se efectúa sobre la diferencia de lo que cobra y lo que paga de intereses y de comisiones. Se aplica un tipo del 4,8% a partir de un umbral de 800 millones de euros de comisiones e intereses brutos cobrados a los clientes.
¿Por qué es novedad ahora?
El pacto de Gobierno entre el PSOE y Sumar incluyó la prolongación de este impuesto para convertirlo en permanente, hecho por el cual los sectores llevan meses negociando con el Ejecutivo para intentar parar la tasa de alguna forma.
En cuanto a la banca, el gravamen, del 4,8%, se efectúa sobre la diferencia de lo que cobra y lo que paga de intereses y de comisiones
Ante la posibilidad de que este impuesto se mantenga en el tiempo, se enfrían las posibles inversiones de Repsol en Tarragona, que ascienden hasta los 1.100 millones de euros.
Hay compañías como la propia Repsol, Banco Sabadell, Bankinter o Kutxabank (a través de Cajasur), que han presentado recursos ante la Audiencia Nacional, que ha dado portazo y ha rechazado intervenir.