A solo cuatro días de que venza el nuevo plazo autoimpuesto por el Gobierno para sacar adelante el renovado gravamen energético y bancario, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha admitido ya la posibilidad de que el impuesto no salga adelante para poder prorrogarlo y establecerlo como una figura permanente.
Las suspicacias mostradas por dos de sus socios parlamentarios, Junts y PNV, sobre la vigencia de este tributo, han puesto frente al espejo al Ejecutivo sobre la debilidad parlamentaria con la que cuenta. Montero insistió ayer en la «vocación» del Gobierno para llevar adelante esta medida, pero al mismo tiempo ha reconocido que si no tienen el apoyo «suficiente» en el Congreso, no se podrá llevar adelante.
Lo que ha expresado Montero no es más que el reflejo de la frágil realidad parlamentaria con la que se mueve el Gobierno al necesitar los votos de los nacionalistas vascos y catalanes para sacar adelante la medida.
Por eso, el Ejecutivo sigue negociando al límite para conseguir un acuerdo que permita incluir los cambios deseados antes del próximo día 30 en el proyecto de ley para aplicar un tributo mínimo a las grandes multinacionales. Y lo está haciendo ajustando varias artistas de esos gravámenes con las que intenta agradar a Junts y PNV.
En el caso las energética, con bonificaciones vinculadas a sus compromisos en inversiones verdes; y en cuanto a la banca, en lo relativo a las rebajas de las que podrían beneficiarse en función de las provisiones que realicen (el dinero que van reservando para hacer frente a impagos) para evitar problemas en el futuro.
El PNV insiste en sus recelos por el riesgo de que las empresas afectadas -como Repsol, una de las más virulentas frente a cualquier prórroga del tributo- frenen sus planes de inversión. Además, ha incluido una nueva variable en la ecuación de la negociación: demanda que la tasa se gestione desde el País Vasco.
Por su parte, Junts ya ha mostrado su oposición total por temor a que, también Repsol, paralice una inversión de 1.100 millones de euros en Catalunya, concretamente en Tarragona. La energética aclaraba a principios de esta semana que apuesta por una instalación verde en Portugal, donde la seguridad jurídica es mucho mayor que en España, según fuentes de la firma.
Inversiones verdes Ante este brete, Hacienda está poniendo sobre la mesa de la negociación energética son más deducciones para las empresas que realicen inversiones renovables. Aunque esta fórmula no convence a una parte del sector, como las petroleras, al considerar que compiten en el ámbito inernacional con otras compañías que no pagan este tributo.
Pero el sector energético ya se ha pronunciado para presionar sobre el coste que tendrá esta medida. La Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP) considera que «comprometería la competitividad de la industria y dificultaría el proceso de transición energética, afectando negativamente a toda la cadena de valor».
Y pide «un marco fiscal adecuado y estable para impulsar las inversiones que el sector pretende abordar para la descarbonización y la transición energética», que cuantifica en 16.000 millones hasta 2030. «Un nuevo gravamen o la falta de claridad sobre el horizonte fiscal puede desalentar las inversiones en nuestro país», advierten.
«Lesivo» para las entidades También la banca ha salido a la palestra con su negativa al tributo. Las asociaciones bancarias AEB y CECA se lanzan al barro para expresar su «más enérgico rechazo» a la medida que, según sus estimaciones, implica una merma de 50.000 millones de euros en la capacidad de financiación del sector bancario.
A través de un comunicado conjunto lanzado este jueves, los representantes del sector advierten que, si se mantiene la iniciativa, «España se convertiría en la única jurisdicción europea con un impuesto permanente de estas características, lo que constituye una desventaja competitiva para los bancos españoles».
En este caso, el Gobierno pretende habilitar bonificaciones para las provisiones que realice la banca, sobre todo entre pymes. Precisamente el Instituto Español de Analistas ha cargado contra el impuesto, entre otras razones porque «podría restringir el acceso al crédito para las pymes». Ahí podría ser especialmente «lesivo» por la caída de crédito, al no descontar las provisiones de los créditos a pymes (que tienen mayor posibilidad de impago) serán operaciones menos interesantes para los bancos.