Jubilarse más tarde de la edad legal tiene nuevos premios. El Gobierno aprobó este martes una nueva vía para quienes opten por retrasar su retiro: combinar los dos incentivos que están vigentes desde enero de 2022, tal y como estaba previsto en la primera fase de la reforma de las pensiones pero que aún no había sido desarrollado.
Si en la actualidad quienes se jubilen de forma demorada podían elegir entre cobrar un 4% de pensión o un cheque inmediato de hasta 12.060 euros por cada año de retraso, desde este miércoles entra en vigor una fórmula mixta que permite recibir de forma simultánea una prestación un 2% superior y un cheque de hasta 6.030 euros por cada año de retiro.
A partir de los once años de retraso de la jubilación, el incentivo será de un pago único aplicado a cinco años del periodo demorado y un incremento del 2% de la pensión por cada año de demora.
El ministro José Luis Escrivá defendió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que retrasar la edad efectiva de jubilación supone «la medida más eficaz para asegurar la sostenibilidad de las pensiones». Con esta fórmula mixta, una persona con 35 años cotizados y una pensión inicial de 1.500 euros que se haya jubilado dos años más tarde de la edad legal recibiría un pago extraordinario de 7.707 euros y, además, su pensión crecería hasta 1.560 euros mensuales de forma vitalicia.
Escrivá destacó que con la entrada en vigor en 2022 de estos cheques, que han llegado a ser de más de 200.000 euros en algún caso puntual, la jubilación demorada se ha impulsado y supone ya el 7,8% de las nuevas altas de jubilación en los primeros meses de 2023.
El Gobierno dio también luz verde a otro real decreto que suaviza y flexibiliza la jubilación anticipada para las personas con una discapacidad superior al 45%. La nueva norma reduce de 15 a 5 los años de cotización exigidos desde el diagnóstico de la discapacidad para acceder al retiro a partir de los 56 años, siendo necesario haber trabajado un tiempo efectivo equivalente al período mínimo de cotización.
Además, se aplicará el mismo régimen también a las personas que tengan más de una patología discapacitante si, en conjunto, superan el 45% de discapacidad. Además, a partir de ahora se permitirá sumar varias dolencias a la hora de acreditar que se alcanza el 45% de discapacidad y se prevé incluir nuevas patologías discapacitantes al listado. Asimismo, la acreditación de la discapacidad se podrá realizar, además de mediante certificación del Imserso o de las comunidades autónomas, mediante un informe médico que acredite que ha padecido alguna de las patologías contempladas y la fecha de inicio o manifestación de las mismas. Por otro lado, se pone en marcha un nuevo procedimiento, más ágil y sencillo, para actualizar el listado de patologías, de forma que pasará a estar en el anexo de la norma y se podrá modificar mediante Orden Ministerial del Ministerio de Inclusión.
Gracias a estas medidas, Seguridad Social prevé duplicar el número de personas con discapacidad que podrán beneficiarse de la jubilación anticipada y estima que en diez años se beneficiarán unas 6.000 personas.
Críticas de la CEOE
Casi al mismo tiempo que se anunciaban estas medidas, el Instituto de Estudios Económicos (IEE), el 'think tank' patrocinado por la CEOE, presentaba un estudio en el que cargaba contra la reforma de las pensiones de Escrivá y advertía de que la subida de cotizaciones que impone recortará un 0,6% el Producto Interior Bruto (PIB) y destruirá entre 100.000 y 190.000 empleos a tiempo completo.
El IEE avisó además de que la reforma de pensiones «deteriora» la contributividad del sistema y la equidad intergeneracional por el desacople entre pensiones máximas y bases máximas, pues las primeras crecerán a un ritmo muy inferior a las segundas. «Esto supondrá incrementos acumulados unas doce veces superiores en las cotizaciones que en las pensiones. Esta situación, junto con la cotización adicional de solidaridad, se traducen en una clara ruptura de la naturaleza contributiva de las cotizaciones», recalcó el IEE.
