El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, anunció ayer en el Debate de Política General (DPG) una ayuda de 100 euros por cada hijo que las familias de rentas medias y bajas tengan escolarizados entre P3 y 4º curso de la ESO, con el objetivo de paliar el aumento de los costes asociados a la escolarización.
Lo dijo durante su primera intervención en el DPG que se celebró en el Parlament, en la que desgranó las medidas que incluirá el primer paquete del «escudo social» del Govern por valor de 300 millones de euros para abordar las consecuencias de la inflación y el encarecimiento del coste de la vida.
Aragonès destacó que esta deducción de 100 euros por alumno está «encaminada a favorecer la equidad social en un ámbito como el educativo, absolutamente esencial para asegurar la igualdad de oportunidades».
El mecanismo previsto para esta ayuda, con un coste de 100 millones de euros, es una deducción del tramo autonómico del IRPF: prevén incluirla en el ejercicio presupuestario de 2023 –por lo que está condicionada a que se aprueben las cuentas del próximo año–, con el objetivo de llegar a la mayoría de los 973.000 alumnos del sistema público –incluyendo las escuelas concertadas–.
En el marco de las iniciativas para hacer frente al encarecimiento de la vida, Aragonès también anunció que el Govern aumentará un 50% la ayuda prevista para las familias vulnerables para pagar las facturas energéticas, el llamado bono social térmico (BST).
Esta medida afectará a unas 100.200 familias que recibirán una ayuda de entre 173 y 541 euros para hacer frente a los incrementos de la factura de la luz y el gas: «Este otoño, este invierno, nadie tiene que pasar frío por culpa del aumento del precio de la energía», subrayó el presidente de la Generalitat.
La ayuda se sumará a la cifra que estaba prevista que recibieran estas familias vulnerables, en una medida que ya se incluye en el ejercicio presupuestario de este 2022.
Alquileres y transporte
El Govern también lanzará una convocatoria de ayudas al alquiler para jóvenes de hasta 36 años que puede llegar a los 250 euros por persona, según los ingresos y el precio del alquiler, y que busca completar las ayudas estatales, «manifiestamente insuficientes ante el coste de los alquileres en Catalunya», dijo Aragonès.
La ayuda se dirige a los jóvenes que no han podido acceder a la ayuda al alquiler estatal y tendrá un importe total de 29,9 millones incluida en el ejercicio 2022.
En cuanto al transporte público, el presidente también anunció una ampliación de la franja de edad de la tarifa bonificada para jóvenes a través de la tarjeta T-Jove: se eleva de los 24 años hasta los 30, en una medida que costará 30 millones y se enmarcará en el ejercicio presupuestario 2023.
Según resaltó Aragonès, esta medida busca contribuir a reducir los gastos cotidianos de los jóvenes, «que aún tienen más problemas para emanciparse», y a la vez fomentar el uso del transporte público.
Paquete energético
En su intervención, el presidente de la Generalitat también reivindicó acelerar la transición energética «impulsando cambios que perduren» más allá de las urgencias, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania que ha frenado la recuperación postpandemia.
Con este objetivo, el Govern planteará en las cuentas de 2023 una línea de subvención para la retirada de amianto y la instalación de placas de autoconsumo (40 millones); otra para proyectos de bioenergía (25 millones), y la apertura de oficinas para ayudar a las pymes en el proceso de transición energética (2,2 millones).
También fomentará la instalación de fuentes de producción de energía renovable para el autoconsumo con una línea de consumo para particulares, empresas y comunidades que cubran el 40% del coste total de las instalaciones y con un importe de 51,3 millones.
«La energía solar es la energía más democrática, la que tenemos más al alcance, la que nos permite ser más soberanos y más respetuosos con el medio ambiente. Catalunya tiene sol y lo estamos desaprovechando», alertó Aragonès. También advirtió de que el fomento del autoconsumo debe ir acompañado de «medidas de ahorro energético»: por ello, el Govern abrirá una línea de subvenciones a comunidades de vecinos y empresas para la instalación de sistemas automáticos de encendido y apagado de luces en espacios comunes e instalaciones por un importe total de 11,5 millones (1,5 para comunidades y 10 para empresas).
«Presentamos un escudo social para las familias y jóvenes, para personas vulnerables, para empresas y emprendedores, y para dar un salto adelante en la transición energética. Porque las respuestas a las urgencias de hoy, como la guerra, la crisis o el aumento de precios de la energía, se deben hacer pensando en el mundo que debemos tener mañana», defendió. También llamó a hacer de Catalunya un «enclave estratégico de la soberanía energética europea» con proyectos como la Vall de l’Hidrogen, en el que Tarragona juega un papel clave, que cree que es sólido, innovador, puntero e importante para toda la Unión Europea.
Amenaza de JxCat
Por su parte, el líder de JxCat en el Parlament, el vallense Albert Batet, amenazó con plantearle una cuestión de confianza en la cámara catalana si no ofrece «garantías y concreción» de que cumplirá el acuerdo de gobierno que sellaron en 2021.
Así lo afirmó en su turno de contrarréplica a Aragonès, después de haberle instado a aclarar si piensa cumplir el acuerdo de investidura que lo llevó a la presidencia: «¿Cómo podemos confiar ahora en una nueva propuesta si no se cumple el acuerdo que facilitó su investidura?», se preguntó, en alusión a la propuesta de Aragonès sobre un referéndum pactado con el Estado e inspirado en la vía canadiense.
