La huelga de alquileres en Catalunya arranca desde Salou. 23 de los inquilinos de los bloques VPO de Emprius devolvieron este lunes los dos últimos recibos del alquiler a ImmoCaixa, propietaria de las viviendas. Lo hacen en protesta por las «cláusulas abusivas» que denuncian que se les ha impuesto en los últimos años. Una de estas obligaciones es el pago del IBI por parte de los arrendatarios, algo que no está permitido según la ley.
«Desde el principio se nos ha cobrado el IBI y hemos reclamado que se nos devuelva. Lo que hacemos devolviendo estos dos recibos es adelantarnos el cobro», explica al Diari una de las vecinas de estas viviendas, Belén Gamero, que confía en que «este gesto nuestro sirva de empujón para que más inquilinos se unan a la huelga». Junto a ellos, seis familias de una promoción similar en El Vendrell han hecho lo propio esta semana. El total del dinero que se ha dejado de pagar asciende a unos 20.000 euros.
Es la primera vez que un grupo de vecinos se pone de acuerdo para dejar de pagar el alquiler en señal de protesta. El Sindicat de Llogateres, que ha estado asesorando a los vecinos de Salou desde hace años, celebra este paso adelante. «Empieza la anunciada revuelta de las llaves», expresaba el portavoz del sindicato, Enric Aragonès.
El conflicto entre ImmoCaixa y los inquilinos de Emprius viene de lejos y, de hecho, los vecinos se unieron en abril a una denuncia colectiva pidiendo la nulidad de «16 cláusulas abusivas incorporadas en los contratos de alquiler».
Actualmente, únicamente siguen habitados en régimen de alquiler social 37 de los 80 pisos que conforman la promoción, construida en 2009. 40 se encuentran vacíos. «El año pasado ya devolvimos el recibo por el coste del mantenimiento del edificio, ya que nunca han hecho ningún mantenimiento».
Aunque de momento no ha habido consecuencias por ese impago, Belén reconoce que «claro que tenemos miedo a represalias, pero ¿qué hacemos?. Lo único que queremos es seguir en nuestras casas. Hemos estado pagando religiosamente el alquiler cuando el mantenimiento ha sido nulo, tenemos placas solares en la cubierta que nunca se han conectado, hemos sufrido desahucios, denuncias...».
La Generalitat compra los pisos para mantenerlos en alquiler social
La huelga de alquileres ha llegado a los bloques de VPO de Emprius cuatro meses después de que la Generalitat anunciara la compra de 77 de los 80 pisos a ImmoCaixa –los otros tres se vendieron a particulares–. La mitad de las viviendas se encuentran vacías, ya que a medida que han ido venciendo los contratos, sin opción a renovarlos, los residentes los han ido dejando.
Esta adquisición, que se hará efectiva a partir de enero, forma parte de una operación que incluye la compra de 400 propiedades más de ImmoCaixa en Catalunya. 43 se encuentran en El Vendrell, 37 en Reus y 16 en Vila-seca. La intención de la Generalitat es mantener todas estas viviendas en el mercado de alquiler social y los vecinos ven esta compra como el final a su larga lucha. «Es un alivio, pero la pena es toda la gente a la que han hecho irse», expresa Belén.
Más edificios se suman a la protesta
En El Vendrell, seis familias también han dejado de pagar el alquiler por motivos similares, acumulando hasta el momento un impago total de 20.000 euros. Por su parte, en Sentmenat, un grupo de vecinos de 147 viviendas planea iniciar la huelga el 1 de marzo de 2025, tras años de “acoso inmobiliario” por parte de la propiedad, según denuncian. Marta Carrillo, una de las afectadas, señala que la falta de mantenimiento, precios abusivos y hasta 16 cláusulas abusivas en los contratos han dejado a las vecinas “en riesgo de desahucio”.
Exigencias al Govern
El Sindicat de Llogateres exige al Incasòl que compre las promociones en riesgo de perder su calificación de VPO para integrarlas en el parque público de vivienda. Estas promociones, construidas entre 2002 y 2011 en colaboración público-privada, incluyen inmuebles que originalmente estaban destinados a alquiler social pero que con el tiempo podrían liberalizarse, incrementando los precios.
Enric Aragonès, portavoz del sindicato, también criticó las políticas recientes del Gobierno catalán y español en materia de vivienda protegida, señalando que favorecen al sector privado a costa de fondos públicos.
Campaña en Barcelona
Como parte de su estrategia, el sindicato iniciará una campaña de captación en Barcelona, con visitas puerta a puerta en 500 pisos donde se han detectado abusos por parte de los propietarios. Esta acción busca sumar más edificios a la huelga de alquileres y ampliar el alcance de la protesta.