«Estoy desesperado, conseguir siquiera que te enseñen un piso es toda una odisea. Lo último fue que en una inmobiliaria me pedían mandar documentos como la nómina, el certificado de vida laboral y la declaración de la renta solo para ver si me daban una cita. Ni siquiera sé si eso es legal», explica Álvaro (nombre ficticio porque prefiere preservar su identidad).
Álvaro está en proceso de separación de su mujer desde verano, pero todavía vive con ella ante la imposibilidad de encontrar un piso de alquiler. Desde entonces se ha dedicado a peregrinar por todas las inmobiliarias de la ciudad y a revisar continuamente los portales de internet. «Más de una vez me ha pasado que me ofrecen quedar un día para una visita y me llaman antes para cancelar porque ya han alquilado. Aunque tengo un trabajo y podría pagar un alquiler, siento que me están abocando a irme a una habitación, y de esa manera no conseguiría que un juez me diera la custodia compartida de mis hijos», se lamenta.
El caso de Álvaro no es único, como cuentan desde el Sindicat de l’Habitatge de Tarragona. Aseguran que ven cada vez con más frecuencia como las inmobiliarias y los portales piden más requisitos y optan por prácticas más restrictivas. Han constatado, además, que las dificultades se multiplican cuando el posible arrendatario es una persona inmigrante, independientemente de si cuenta o no con un trabajo estable.
‘No podemos gestionarlo’
La carta que le remitieron a Álvaro para poder ver un piso en Campclar dice literalmente: «Por motivos de exceso de demanda de los inmuebles de alquiler y por no poder atender de otro modo a todas las personas interesadas, le mandamos este pequeño test para que podamos hacer debidamente un perfil, exigido por parte de la propiedad, para poder valorar su candidatura, y en caso de cumplir todos los puntos, será cuando le agendemos una visita».
También piden disculpas de antemano: «Entendemos perfectamente cómo se sienten las personas que buscáis un hogar para vivir, y lo difícil que está resultando buscar alquilar una vivienda digna, pero, también debéis entender que tenemos que gestionar esto de la mejor manera y que desafortunadamente no tenemos suficiente oferta para ofrecer».
A partir de allí vienen los requisitos a cumplir como «tener nóminas españolas», antigüedad de más de un año en el empleo (también se pregunta la profesión y puesto de trabajo) o superar los ingresos en tres veces la renta. Además, se deben enviar los documentos requeridos.
El encargado de la inmobiliaria en cuestión asegura que han optado por esta práctica «porque realmente no encontramos manera de gestionarlo. Hay pisos que hemos tenido que sacar del portal de internet porque se nos colapsaba el teléfono y era imposible responder mínimamente todas las llamadas que llegaban una detrás de otra. Hay poca oferta y muchísima demanda. Los pisos se alquilan en 48 horas como mucho».
También reconoce el agente que «entiendo que la gente esté frustrada, pero el perfil no lo ponemos nosotros, es lo que nos pide el propietario. La situación es de máxima tensión. Tenemos visitas de personas que viven con familiares porque no pueden mudarse. Entre ellos hay personas con un nivel adquisitivo medio y funcionarios que hace dos años nunca habrían tenido problemas», explica.
Ley de Vivienda en Tarragona no ha logrado bajar los precios
En su opinión la Ley por el derecho a la vivienda, que entró en vigor en mayo del año pasado, ha tenido mucho que ver, así como el miedo a alquilar. Él mismo ha visto como sus clientes, pequeños inversores, han decidido vender sus pisos o alquilarlos por temporadas por no poder arrendarlos al precio que querían porque la ley limita estas subidas en zonas tensionadas como Tarragona.
Los precios no han bajado
Uno de los objetivos principales de la ley era conseguir una bajada de los precios del alquiler, aunque como demuestran los datos que hace públicos la Generalitat de Catalunya, en el caso de la ciudad de Tarragona este efecto no se ha conseguido. Si según sus datos la renta media mensual en el primer trimestre de este año (antes de entrar en vigor el control de precios en las zonas tensionadas) era de 664,23 euros, el segundo trimestre, cuando se puso en marcha bajó a 649,23 euros (un -2,3%). Pero el efecto duró poco y al trimestre siguiente era de 684,84 euros (un 5,4% más). La cifra queda lejos de los 559,88 euros que costaba de media el alquiler el mismo período de 2019, antes de la pandemia. Ese año se pagaba un 16% menos que ahora.
Pero si de lo que se trata es de hacerse una idea del precio al que se ofertan los pisos es interesante consultar, a modo de ejemplo, los datos que manejan de los portales inmobiliarios. Según idealista.com, el precio medio del metro cuadrado de las viviendas en alquiler en Tarragona (aquí se incluyen también los de temporada) el pasado mes de noviembre era de 10,6 euros (un 6,6% más que hace un año). Los datos más antiguos en la web corresponden a 2010. En noviembre de ese año el precio medio estaba en 7,1 euros el metro cuadrado.
Pero a la par que han subido los precios han bajado los contratos. Según las estadísticas de la Generalitat, si se comparan todos los realizados durante los tres primeros trimestres del año pasado (2.314) con los del mismo período de este año (2.020) la disminución del número de firmas es 294 (un 12,7% menos). Y si se lanza la vista más atrás, al año 2019, antes de la pandemia, se firmaban en la ciudad 3.132 contratos en el mismo período (lo que supone una disminución del 35,6% respecto a este año) por lo que no todo se puede achacar a la ley.
‘No es estético’
Respecto a prácticas como pedir documentación por adelantado antes de concertar una cita, el tesorero del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària (COAPI) de Tarragona, César García Calatayud, admite que «no es estético», pero entiende que se apliquen filtros porque la falta de oferta es real y además existe mucha preocupación entre los propietarios respecto a la imposibilidad de echar a un inquilino que no paga.
García Calatayud es muy crítico con los efectos que ha traído la ley y considera que se está pidiendo a los propietarios «entre quienes hay muchas personas que cuentan con las rentas de un piso para completar su pensión», que hagan los esfuerzos que, en su opinión, debería hacer el Estado. «La única forma de bajar el precio alquiler sería inundando el mercado de pisos», vaticina.