Los grandes tenedores están incrementando su presencia en el mercado de alquiler de Tarragona. En total, este tipo de propietarios ha aumentado el número de pisos que tienen arrendados en la ciudad en un 40% desde el año 2021, llegando hasta los 4.706 inmuebles en la actualidad, según registros publicados por el Diari a raíz de una solicitud de acceso a la información pública.
Si se comparan estos datos con otra solicitud que realizó el medio de comunicación CRÍTIC en el año 2021, el resultado es que entonces había alrededor de 3.300, por los 4.700 actuales, el 86% de los cuales pertenecen a propietarios privados, mientras que tan solo el 14% restante está en manos de entidades públicas, entre las que figuran la Agència de l’Habitatge de Catalunya, el Institut Català del Sòl (Incasòl), Adif y las Carmelites Descalces de Tarragona.
La propiedad inmobiliaria se está concentrando en manos de quienes tienen más poder económico, dificultando el acceso a la clase media
Estos datos ponen de manifiesto la concentración inmobiliaria que se está viviendo y que no solo afecta a Tarragona, sino que se extrapola de forma global. De hecho, un informe de 2023 del portal Fotocasa especificaba que el número de propietarios que poseen más de cinco viviendas en España se había incrementado un 200% en el último año.
«Tiene lógica atendiendo a las políticas erráticas de vivienda que se han llevado a cabo durante los últimos años, que han imposibilitado el acceso a la clase media», señala el director de la Càtedra UNESCO de l’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili (URV), Héctor Simón. «Esto implica que son las personas o las empresas con más poder económico las que están adquiriendo los pisos», añade.
«Tiene lógica atendiendo a las políticas erráticas de vivienda de los últimos años», Héctor Simón, director de la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV
La propiedad, pues, no desaparece, sino que se concentra. Simón pone sobre la mesa el hecho de que «la mitad de compraventas se llevan a cabo sin crédito hipotecario, y la tasa de propiedad entre los jóvenes ha disminuido un 30% entre 2011 y 2020». En este punto, le da importancia «a las tenencias intermedias, como por ejemplo la propiedad compartida o la temporal, que permiten acceder a una vivienda en propiedad de manera sostenible, evitando el sobreendeudamiento, pero no están siendo suficientemente impulsadas por los poderes públicos».
Por su parte, Manuel Sosa, abogado, experto inmobiliario y exadministrador de fincas en Tarragona, destaca que «los grandes propietarios están saliendo más porque los pequeños, que tenían una vivienda o dos en alquiler, están desprendiéndose de los pisos porque no tienen seguridad jurídica».
El límite para ser gran tenedor baja de diez a cinco viviendas en zonas tensionadas
«Estas viviendas las compran inversores, para los que los pisos son un elemento más de su negocio, al contrario que un pequeño propietario, que igual tenía esa segunda vivienda para complementar su pensión, para su descendencia...», añade.
¿Qué es un gran tenedor?
Se entiende como gran tenedor a aquel que disponga de diez o más inmuebles urbanos de uso residencial o de una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados residenciales.
«Los pequeños propietarios, que tenían una vivienda o dos en alquiler, están desprendiéndose de los pisos», Manuel Sosa, abogado y experto inmobiliario
No obstante, Catalunya llevó a cabo una regulación en el marco de la ley estatal de vivienda para que, en las zonas tensionadas –271 municipios, 42 de ellos ubicados en la provincia–, se rebajara de diez a cinco viviendas el dato para considerar a un propietario como gran tenedor.
Los datos que aporta el Diari en este artículo, sin embargo, se refieren a tenedores con diez inmuebles o más. En esta línea, la Generalitat también está impulsando un registro en el que deberán inscribirse todas aquellas empresas que sean grandes tenedoras de vivienda.
Los grandes tenedores deben inscribirse en un registro oficial
La normativa marca algunas excepciones para no ser considerado gran tenedor a pesar de cumplir los ‘requisitos’ legales, como por ejemplo los promotores sociales o los promotores privados cuyo objeto social sea la promoción de inmuebles con protección oficial destinados a la venta y no al alquiler.
