«La arquitecta valoró la viga hace dos meses y no detectó ningún tipo de riesgo». Así lo aseguran los vecinos del número 3 de la calle Unió, quienes el pasado lunes tuvieron que ser desalojados de urgencia de sus pisos, después de que cediera la viga maestra del edificio. El Ayuntamiento ha dado quince días a los vecinos para que presenten un proyecto de obras para la reparación definitiva del edificio. Es el primer paso para que los cerca de 12 vecinos afectados puedan volver a su casa.
La comunidad ha contratado ya a un nuevo arquitecto para que elabore el proyecto de mejora. «Ya hemos tenido una primera reunión con él y lo que haremos será cambiar la viga de madera por una de hierro, además de eliminar los dos depósitos de agua que había», explica Jordi Castellet, presidente de la comunidad de vecinos del edificio número 3 de la calle Unió. También se reformará el tejado, que quedó agrietado después de que cediera la viga. Los vecinos tienen previsto presentar el proyecto ante el Ayuntamiento antes de quince días y, después, quieren pedir presupuesto a tres empresas.
Jordi Castellet (presidente de la comunidad de vecinos): «Cambiaremos la viga de madera por una de hierro y eliminaremos los depósitos de agua»
Mientras tanto, y a petición del departamento de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento, los vecinos deberán instalar una lona en la cubierta del edificio para evitar las filtraciones de agua, teniendo en cuenta la previsión de lluvia de estos días.
Los vecinos afectados se encuentran a casa de familiares. Todos menos una, quien lleva días viviendo en un hotel, ya que no tiene familia cerca. «La primera noche se la pagó el Ayuntamiento. Ahora nos estamos haciendo cargo la comunidad, hasta que el seguro lo haga», dice Castellet. Los vecinos pueden entrar a su casa a recoger sus cosas, pero no pueden quedarse a vivir, ya que el edificio tiene un riesgo importante de derrumbe.
A principios de mes, los vecinos fueron alertados de que había unas filtraciones de agua en el quinto piso del edificio. «Llamamos a las fincas y nos dijeron que mandarían un albañil para revisar el inmueble», explica Castellet. Pero antes de su llegada, un vecino fue quien dio la voz de alerta. «Subió a los trasteros y no podía abrir la puerta. Enseguida se dio cuenta de que había unas grietas sospechosas», sigue relatando Castellet. Cuando el albañil llegó y vio el estado del edificio, se llevó las manos a la cabeza. Se fue corriendo a las fincas, llamaron a los bomberos y desalojaron a los vecinos.
Cuando el paleta vio el estado de la viga se echó las manos a la cabeza y llamó a los bomberos
Parte de la viga de la cubierta cedía como consecuencia de la rotura de la viga maestra o jácena que soportaba un depósito de agua de hasta 2.000 litros. El peligro inicial era que el resto de las vigas también cedieran por culpa del peso de los depósitos. Así que la primera medida que se llevó a cabo fue la de vaciar los depósitos. Ahora, con el proyecto de reparación, está previsto eliminar definitivamente los dos depósitos.
Faltan informes
Otra de las novedades del caso tiene que ver con las medidas cautelares de la ITE. Como ya avanzó el Diari, el edificio no superó la ITE –la inspección técnica de edificios– en el año 2022. El resultado era «desfavorable, con deficiencias graves» y el técnico recomendaba hacer una diagnosis estructural, «ya que el edificio había sufrido reformas de dudosa solvencia técnica», según explican desde la Agència Catalana de l’Habitatge.
Agència Catalana de l’Habitatge: «El edificio había sufrido reformas de dudosa solvencia técnica»
La comunidad hizo caso a las recomendaciones y contrató a una arquitecta para hacer este estudio. Ahora se estaba haciendo. De hecho, hace unos dos meses, la profesional evaluó justo la viga que cedía el lunes. «Nos dijo que estaba bien, que no había nada extraño», dice Castellet.
Sin embargo, la ITE marcaba medidas cautelares obligatorias, como por ejemplo, un informe de verificación –una especie de revisión– en julio de 2023 y de 2024. «No sabemos si estos informes se han hecho porque la ITE no obliga a la propiedad a entregarlos a la administración», dice la Agència Catalana de l’Habitatge, quien añade que «en caso de no haberse hecho, la ITE habrá perdido su vigencia».
El Diari ha preguntado, tanto a la propiedad del edificio como a la administradora de finca, si estas revisiones se han llevado a cabo, pero no pueden responderlo, «ya que eso lo sabe la arquitecta y ahora está de vacaciones». Lo que sí está claro es que la propiedad se ha ocupado y preocupado del asunto y, por eso mismo, en julio del año 2023 contrató una arquitecta para que hiciera un estudio a fondo.