Salvar viviendas de protección oficial (VPO). Es la voluntad que tiene el Govern de la Generalitat de Catalunya y por la cual llegó la pasada semana a un acuerdo con ERC, Comuns y la CUP para que, en las localidades catalogadas como mercado residencial tensionado, la protección de este tipo de pisos se mantenga mientras que esté activa la denominación de zona tensionada que, a priori, se alargará hasta 2027.
En esta situación se encuentran un total de 4.352 inmuebles de la demarcación de Tarragona, situados en municipios tensionados y cuya protección caducará entre 2025 y 2027. Si este acuerdo acaba convirtiéndose en ley, estos pisos estarían blindados y su protección no caducaría hasta que se terminara la catalogación de municipios tensionados.
Esto también podría aplazarse llegado el momento si se optara por alargar esta denominación, algo plausible puesto que, dentro de dos años y presumiblemente, la actual crisis habitacional no se habrá solucionado.
Fuera de los pueblos y ciudades de carácter tensionado, en la provincia hay 528 VPO cuya denominación caducará entre 2025 y 2027. En estos casos, el calendario seguirá su curso y las protecciones caducarán. No obstante, si el acuerdo sigue adelante, el Govern conseguirá salvar el 89,2% de las VPO cuya vigencia finaliza hasta 2027.
Fuera de los pueblos y ciudades de carácter tensionado, en la provincia hay 528 VPO cuya denominación caducará entre 2025 y 2027
¿Qué pasará una vez caducados? Fuentes del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica admiten que las viviendas protegidas que son de titularidad pública seguirán manteniendo esa protección de forma indefinida. Esta medida aseguraría la continuidad de una gran parte del parque social, que no llegaría a perder su catalogación.
Los datos, que se derivan de una petición de acceso a la información pública ante el Departament, señalan que, ya este 2025, la provincia ‘perdería’ 1.912 viviendas de protección oficial –en el caso de las públicas, posteriormente se renovaría su licencia–.
Ya este 2025, la provincia ‘perdería’ 1.912 viviendas de protección oficial
Con 274 inmuebles, Reus sería la localidad más afectada por este suceso, mientras que Tarragona (249) ocuparía la segunda posición, El Vendrell (242) la tercera, Amposta (230) la cuarta y Tortosa (170) la quinta.
Los datos van reduciéndose cada año hasta 2030 cuando, en el conjunto de la provincia, se habrán caducado un total de 7.610 viviendas de protección oficial, 6.777 de las cuales en los municipios que hoy están declarados como zonas tensionadas.
«La Administración debe impulsar políticas para tener vivienda asequible», Héctor Simón, director de la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV
Que no pasen a manos privadas
Uno de los objetivos del Govern es poder perpetuar estas licencias y que los pisos no pasen al mercado libre y no vayan a parar a manos privadas. Para eso, el pacto del Ejecutivo catalán incluye que las viviendas protegidas en zonas tensionadas solo se puedan vender actualizando el precio al IPC y a aquellas personas inscritas en el Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial.
Por otra parte, se prevé que todas las compradas a través del derecho de tanteo y retracto deban calificarse como pisos de protección oficial para siempre, como medida para incrementar el parque específico de inmuebles protegidos.
Uno de los objetivos del Govern es poder perpetuar estas licencias y que los pisos no pasen al mercado libre
Hasta ahora, la protección indefinida tan solo se daba en terreno con unas determinadas condiciones y que estuviera ya destinado a la vivienda pública. Los pisos que se construyan en el marco del Pla 50.000 –recientemente puesto en marcha por el Govern de Salvador Illa– también tendrán esa calificación permanente.
¿Qué piensan los expertos?
El hecho de sumar vivienda asequible es un aspecto bien valorado por los expertos. La forma de hacerlo sí que genera debate. Para el director de la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili (URV), Héctor Simón, «con esta medida [la de alargar la condición de protección oficial en las zonas tensionadas] están modificándose las reglas del juego».
Los pisos que se construyan en el marco del Pla 50.000 tendrán calificación permanente
«Pienso que deben respetarse los plazos previstos y las expectativas iniciales de los titulares de estos pisos, lo que no quita que la Administración deba impulsar políticas para tener vivienda asequible», remarca. Añade que esto pasa por vías como la rehabilitación o la construcción de inmuebles «previendo mecanismos para evitar la especulación».
De una opinión similar es Sergio Nasarre, catedrático de Derecho Civil y experto en cuestiones de vivienda: «No sé cómo los propietarios se tomarán estas prórrogas, ya que en su momento había un límite temporal que ahora está modificándose». «Como este acuerdo de momento tan solo es político y todavía no ha llegado a ser ley, no sabemos cómo acabará, pero este tipo de medidas crean incertidumbre», añade.
«El reto es saber si, con el funcionariado actual, se puede pasar de gestionar cien pisos protegidos a mil», Sergio Nasarre, catedrático de Derecho Civil
Simón manifiesta que la vivienda social de alquiler «tiene un problema de mantenimiento y de gestión, ya que es muy cara y, por lo tanto, una calificación indefinida puede comportar problemas para la Administración si, por ejemplo, hay arrendados deudores que no pagan y no se hace nada al respecto».
Nasarre también pone sobre el tapete algunos inconvenientes sobre la política de la Administración para crear un parque de vivienda social estable: «El gran reto es saber si, con el funcionariado actual, se puede pasar de gestionar cien pisos protegidos a gestionar mil, y que el aumento de las VPO no vaya en detrimento de su gestión».
Hasta ahora, la protección indefinida tan solo se daba en terreno con unas determinadas condiciones
«Hay que tener claro que es tan importante crear vivienda protegida nueva como gestionar bien la que ya tienes, asegurando un buen mantenimiento, que no haya morosidad y que haya rotación, que significa que se priorice a las familias que estén en una mayor situación de vulnerabilidad», expone Nasarre.
Lo que se propone desde la Càtedra es «potenciar la vivienda en propiedad, con fórmulas como la propiedad compartida y temporal, y prever no tanto una calificación indefinida, sino otras medidas para evitar la especulación, como obligar a retornar un porcentaje de los beneficios que sacan los propietarios con su venta».
«El derecho a la vivienda no puede estar sometido a las reglas del mercado», Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, manifestó el día después de convalidar el decreto ley en el Parlament que esta medida incluye acciones para que «todas aquellas viviendas destinadas a cubrir la necesidad vital de tener un techo, independientemente de la duración del contrato, serán consideradas como espacios donde proteger el derecho a la vivienda».
Además, insistió en que «el derecho a la vivienda no puede estar sometido a las reglas del mercado en referencia a otros usos recreativos o turísticos porque es, antes que otros intereses legítimos, un derecho básico de los catalanes y catalanas».
Municipio Vigentes a 01/01/25 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Reus 2.005 274 194 232 157 105 73
Tarragona 1.963 249 231 190 145 48 152
El Vendrell 1.018 242 207 164 136 90 54
Amposta 1.480 230 264 102 127 141 105
Tortosa 900 170 198 72 61 166 63
