La oferta de alquiler se ha visto abrumada por la creciente demanda, especialmente en Tarragona y otras zonas de Catalunya. Ante esta situación, el Govern de la Generalitat ha puesto en marcha un plan para construir 50.000 viviendas de protección oficial de alquiler hasta 2030.
Este programa contará con una inversión anual de 1.100 millones de euros, que podría ampliarse si fuera necesario. Para llevarlo a cabo, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica está trabajando en identificar dónde se puede construir y dónde no. Para ello, ha activado una reserva pública de solares en la que los ayuntamientos catalanes podrán ceder terrenos que ya estén calificados como solares, es decir, que dispongan de suministro eléctrico, servicio de agua, alcantarillado público y calles urbanizadas. Además, las estructuras que no estén finalizadas también podrán optar a esta convocatoria.
Según una previsión elaborada por Territori, la provincia de Tarragona podría sumar unos 400 pisos de protección oficial de alquiler en esta primera convocatoria. Esta cifra incluye 73 viviendas que el Institut Català del Sòl (Incasòl) tiene en proceso de adquisición o construcción, así como 317 nuevas viviendas que podrían levantarse en los solares disponibles: 257 en el Camp de Tarragona y 60 en Terres de l’Ebre. Sin embargo, la cantidad final podrá variar según los terrenos que finalmente cedan los ayuntamientos. Además, esta cifra aumentará próximamente con nuevas convocatorias a finales de 2025 y 2026.
Para explicar el funcionamiento de esta reserva pública, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha visitado este viernes Tortosa y Tarragona, donde se ha reunido con alcaldes y alcaldesas de la provincia.
El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha calificado el progarma como «un soplo de esperanza», para solucionar «uno de los principales problemas de la sociedad actual»: «El acceso a una vivienda digna se ha convertido en un auténtico desafío para muchas familias».
Por su parte, la delegada del Govern en Tarragona, Lucía López, ha manifestado que «Catalunya tiene un déficit estructural de vivienda; se calcula que, en los próximos quince años, habrá que incorporar 220.000 nuevos para cubrir la demanda». «Estamos ante unos desafíos que requieren nuestra atención inmediata y que tomemos decisiones», ha añadido.
Reserva para jóvenes y colectivos vulnerables
A pesar de que los solares serán cedidos a la Generalitat, los ayuntamientos mantendrán la titularidad de los mismos y tendrán poder de decisión en la adjudicación de las viviendas que se construyan.
El plan establece algunos requisitos importantes, entre ellos, reservar un mínimo del 25% de las viviendas para jóvenes menores de 35 años y un 10% para familias en situación de vulnerabilidad.
La consellera ha señalado que los jóvenes son el colectivo con más dificultades para acceder a una vivienda, por lo que este programa busca facilitar su acceso. También ha resaltado la importancia de anticiparse al crecimiento demográfico previsto para los próximos años, recordando que «hemos estado en un país pensado para seis millones desde hace mucho tiempo; ahora somos ocho millones y medio, y pronto llegaremos a los diez».
Un incentivo para los promotores
Uno de los aspectos clave de este plan es la financiación de las promociones, que podrá alcanzar hasta el 100%, con el objetivo de que la construcción de vivienda asequible resulte más atractiva para los promotores privados. En este sentido, la consellera ha destacado que se quiere «aumentar la oferta en un momento en el que ya es muy escasa teniendo en cuenta la demanda».
Además, el Departament de Territori está trabajando en agilizar la tramitación administrativa de los proyectos y licencias. Esto permitirá reducir el tiempo que transcurre desde que se inicia la construcción hasta la entrega de llaves a las familias.
Calendario y próximas convocatorias
Para formar parte de esta reserva pública, todos los solares deberán estar urbanísticamente disponibles para la construcción de viviendas. Se han establecido dos plazos de presentación de solicitudes:
· Para suelos que ya cuenten con un promotor o que lo obtendrán según el proceso de adjudicación del titular del suelo, el plazo finaliza el 3 de abril de 2025.
· Para suelos públicos donde la Generalitat de Catalunya se encargará de seleccionar al promotor, el plazo finaliza el 5 de mayo de 2025.
Sin embargo, el plan no se detendrá aquí. La consellera ha dejado claro que el Govern quiere convertir este programa en una política estructural, ya que actualmente se estima que Catalunya tiene un déficit de más de 300.000 viviendas. Con la construcción de estas 50.000 viviendas de alquiler asequible, se cumpliría el objetivo del primer quinquenio del Pla Territorial Sectorial d’Habitatge.
Además, ya se han previsto nuevas convocatorias para los próximos años. La primera tendrá lugar a finales de 2025, y la siguiente, a mediados de 2026. En este sentido, Paneque ha explicado que los solares que aún tengan elementos urbanizables pendientes podrán presentarse en futuras convocatorias, afirmando que «estamos convencidos de que podremos dar salida a los solares acabados y a medio acabar que tenemos en Catalunya».
Un plan específico para el mundo rural
Conscientes de las particularidades de las zonas menos pobladas, el Govern está adaptando este programa de construcción de 50.000 viviendas para que también pueda aplicarse en áreas rurales y municipios de menos de 2.000 habitantes.
La consellera ya avanzó en Lleida que el ejecutivo está trabajando en un plan específico para integrar este programa en el mundo rural, permitiendo que estas zonas también se beneficien de la iniciativa.
No solo construcción: también rehabilitación y compra de viviendas
Si bien el programa se centra en la construcción de viviendas nuevas, el Govern también está impulsando iniciativas de rehabilitación de edificios existentes. Asimismo, se están llevando a cabo compras de inmuebles a grandes tenedores a través del derecho de tanteo y retracto.
Gracias a estas estrategias complementarias, la Generalitat busca ampliar el parque público de vivienda y hacer frente a la escasez de oferta en un mercado cada vez más tensionado.
