El gobierno municipal ha paralizado la licitación del estudio sobre la calidad del aire en el término municipal de Tarragona. Según ha podido saber el Diari, el ejecutivo del PSC ha «congelado» el proceso iniciado el pasado mandato, a la espera de «encontrar aliados» para realizar el informe «a nivel territorial», según indica a este periódico el concejal de Medi Ambient, Guillermo García (PSC).
«El proceso administrativo no ha avanzado, está parado, porque ni queremos asumir en solitario toda la responsabilidad que supone este estudio ni tampoco su coste económico, que es de más de medio millón de euros a realizar cada dos o cuatro años», indica el concejal del rango.
En este sentido, García considera que la Generalitat, «que es la administración que cobra la mayor parte de los impuestos químicos», debería convertirse –en una primera fase– en el socio del consistorio para impulsar el análisis, mientras que en el futuro García cree que esta debería ser una competencia «de la Regió Metropolitana del Camp de Tarragona», que justo ahora está en una fase embrionaria tras el impulso que este mandato le han dado tanto el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales (PSC), como la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita (PSC).
Medio millón en 43 meses
La decisión del gobierno de Rubén Viñuales llega después de que el pasado 28 de marzo, justo dos meses antes de las elecciones locales, el anterior ejecutivo municipal –formado por ERC, Junts y CUP– publicara en la sede electrónica del consistorio el anuncio para licitar el estudio de la calidad del aire mediante un contrato valorado en 556.527 euros para 43 meses de duración.
Este informe, según anunció el anterior ejecutivo, debía determinar la contaminación atmosférica por compuestos orgánicos volátiles (COV) en el municipio de Tarragona. Según indica García, el dinero de ese concurso público «no se ha tocado», a la espera de encontrar un socio para llevarlo a cabo. Esto sí, el presupuesto municipal para el próximo año no incluye ninguna partida económica adicional.
¿Y los medidores?
Aparte del coste económico, el ejecutivo de la Plaça de la Font tiene ahora otras dudas sobre la licitación que se convocó el pasado mes de marzo y que ha quedado paralizada. En esta línea, el concejal García indica que «si lo hiciéramos solos, únicamente podríamos instalar medidores en nuestro término municipal, pero no en otras localidades del entorno como La Pobla de Mafumet, El Morell o Vila-seca».
Por ello, el Ayuntamiento tarraconense enfatiza el posicionamiento que el PSC ya reclamó públicamente tanto en la etapa del alcalde Ballesteros hasta 2019 como en los cuatro años en los que estuvo en la oposición hasta 2023: debe ser una entidad pública «supramunicipal» la que debería asumir la gestión de llevar a cabo un análisis «completo a nivel territorial» y no solo de un único municipio», según pone de manifiesto Guillermo García, quien reitera que la administración de la Plaça de la Font «asume su parte de responsabilidad».
Por ello, la corporación local ya ha adjudicado un contrato menor para estudiar la «afectación ecológica» de los servicios públicos municipales, tanto del propio Ayuntamiento como de las empresas públicas y la EMT. «Este informe nos permitirá saber la contaminación que producimos y las vías para reducirla», detalla el responsable de Medi Ambient, quien recuerda que en 2025 «se pondrá en marcha la Zona de Bajas Emisiones» y reivindica, asimismo, los 500.000 euros que en 2024 se destinará para el plan de prevención de incendios.
