Dos de cada diez menores migrantes solos que han llegado a Catalunya desde 2016 han sido atendidos en la demarcación de Tarragona. Así se desprende de los datos que pública periódicamente el Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya.
El dato adquiere relevancia después de que ayer el Gobierno llevara al Consejo de Ministros la modificación de la ley de extranjería para la redistribución de menores migrantes entre comunidades autónomas. El traslado hacia otras regiones se hará según criterios como la población, la renta per cápita, el desempleo o el número de menores acogidos en los últimos seis meses.
Si se hace el ejercicio de calcular el primero de los criterios, el de la población, pero en clave autonómica, el resultado es que la provincia de Tarragona ha hecho un esfuerzo superior al de Barcelona. Según los datos del padrón aquí vive el 10,6% de la población de Catalunya y, sin embargo, se ha atendido al 21,4% de los menores migrantes que han llegado desde 2016. Lo mismo ha sucedido en Lleida y Girona, donde han acogido en más proporción. Por contra, en Barcelona, donde vive el 73,5% de los catalanes, se ha atendido al 49,8% de menores.
El sistema de protección atiende actualmente en la provincia de Tarragona a 1.108 niños y jóvenes migrantes (en Catalunya 6.450). De ellos 495 son menores y 613 están en el programa de «prórroga asistencial» donde se les asiste hasta los 23 años.
El circuito desde la llegada
Desde Drets Socials explican que el circuito habitual de atención cuando el sistema detecta la presencia de un joven menor de edad migrante solo (algunos lo notifican ellos mismos en comisaría) comienza por una primera atención humanitaria en el DAI, el Dispositiu d’Atenció Immediata durante 24 a 48 horas, donde reciben atención de las necesidades más básicas.
A continuación son atendidos en el Servei de Protecció d’Emergència (en los servicios territoriales de Tarragona hay tres, con un centenar de plazas), un servicio temporal donde se llevan a cabo otras actuaciones como, por ejemplo, el acompañamiento en tareas de documentación o la definición de un programa de acogida lingüística o proyecto formativo inicial.
Tarragona atiende a 495 menores y 613 jóvenes migrantes no acompañados
En este recurso pasan pocos meses, pues posteriormente son derivados a un recurso del sistema de protección a la infancia de acuerdo con la situación del joven, ya sea un servicio ordinario, un servicio específico para jóvenes migrados solos (En Tarragona hay seis con unas 80 plazas) u otros servicios para jóvenes tutelados y extutelados como pisos para la inserción laboral; todo en función de la edad y maduración del joven.
Acento en los recursos
El impacto en el sistema de atención a la infancia es evidente, casi la mitad (el 49%) de los niños y jóvenes acogidos por la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, DGAIA, en la demarcación son migrantes solos y el 69% de los niños acogidos en un centro residencial, también.
Especialmente desde 2018 (año en que se produjeron más llegadas) la atención a estos menores ha sido utilizada como arma política. Albert Font-Tarrés, vicepresidente del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, quien ha trabajado durante años en el sistema de protección a la infancia, señala que en lugar de poner el foco en estos niños y jóvenes, que están en situación de máxima vulnerabilidad, deberíamos estar poniéndolo en pedir los medios para atenderles ya que actualmente son del todo insuficientes.
Font-Tarrés recuerda que la inmensa mayoría de los servicios donde son atendidos estos niños y jóvenes son gestionados por entidades sociales o empresas que no ofrecen a los educadores unas condiciones mínimas para realizar su trabajo.
La consecuencia más directa es que hay una alta rotación y hasta abandono de la profesión en un trabajo que se basa en el vínculo, en crear relaciones de confianza.
Las dificultades no se limitan solo a la Generalitat. Las trabas para obtener documentos con el Gobierno central, por ejemplo, generan una cascada de problemas para seguir itinerarios educativos o de trabajo. «Es un problema de todas las administraciones, pero de toda la sociedad en general que tenemos que dejar de ver a las personas como mercancías», remarca.
