El año pasado, Tarragona acogió a 458 infantes y jóvenes migrantes solos. La llegada de menores no acompañados a la demarcación ha caído un 23,5% en dos años, una dinámica contraria a la del total de Catalunya.
Número de menores migrantes solos y llegados al Camp y al Ebre
Fuente: Departament de Drets Socials i Inclusió
En ese mismo tiempo, el territorio catalán registra un incremento del 9,7% y llegó en 2024, con 2.644 casos, al dato récord desde 2018, cuando hubo 3.709 llegadas, la mayor estadística desde 2009 –el primer año con datos–. La Generalitat de Catalunya admite que la situación está tensionada y en repetidas ocasiones ha reclamado al Estado más recursos.
Número de menores migrantes solos y llegados a Catalunya
Fuente: Departament de Drets Socials i Inclusió
La realidad es que, tal y como explica al Diari la directora de la Direcció General a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), la reusense Isabel Carrasco, «que un año haya más llegadas o menos depende especialmente de la situación de guerra existente en la mayoría de países de origen».
En este sentido, y a nivel catalán, Marruecos era el principal país de llegada durante los últimos años, aunque los estados subsaharianos han tomado la delantera desde 2021, según las estadísticas del Departament de Drets Socials i Inclusió.
En el ámbito de Tarragona, Marruecos sigue siendo el país que lidera las estadísticas, con 234 de las 458 llegadas de 2024, un 51%. En segundo lugar, están los países subsaharianos, con 153, un 33,4% del total del pasado año.
«Queremos acoger; si no, condenamos a estos jóvenes a la marginalidad», Isabel Carrasco, directora de la DGAIA
«Catalunya es un país de acogida; tenemos la convicción de atener a estos jóvenes porque, si no, los condenamos a una situación de marginalidad que perpetúa su vulnerabilidad», admite Carrasco. Aunque el territorio no sea la puerta de entrada, como Canarias, Ceuta o Melilla, «es un punto de llegada de muchos de estos jóvenes», indica la directora.
Una vez que se produce la entrada en territorio nacional, las autoridades deben seguir un protocolo que el Gobierno estatal aprobó en 2014. Cuando se identifica un caso, debe comunicarse a la Administración, crear una ficha de inscripción para identificar a los menores y verificar, entre otros aspectos, que la persona es menor de edad.
En este caso y, si no se encuentra a su familia en su país de origen, la comunidad autónoma donde se encuentra es la que tiene que poner en marcha el procedimiento que garantice la protección del menor.
Según la ley de extranjería, la distribución de estas personas es voluntaria, aunque el Ejecutivo central y Canarias quieren reformar la legislación para añadir la obligatoriedad de acoger menores extranjeros cuando Canarias, Ceuta y Melilla vean sus sistemas de acogida por encima del 150% de su capacidad.
«Son jóvenes con una mochila muy cargada», Isabel Carrasco, directora de la DGAIA
«Catalunya es un lugar al que muchos de estos jóvenes quieren venir», aclara Carrasco, que añade que, una vez aquí –en muchos casos, se van de Canarias porque quieren llegar a Catalunya–, pasan al amparo de la DGAIA y son atendidos en diferentes comisarías del territorio, dependiendo de la disponibilidad: «Valoramos de forma individual cada una de las situaciones y buscamos recursos para trabajar en su reinserción», comenta.
La directora admite que «no se ha notado» el descenso del 23,5% en la demarcación: «Repartimos a los jóvenes que llegan en función de dónde tengamos los recursos y las plazas disponibles».
«El sistema está un poco tensionado porque no podemos prever las llegadas ni, en consecuencia, los recursos necesarios», añade. Las principales estrategias de la DGAIA para la inserción social pasan por, tal y como explica la directora, «incidir en el conocimiento de la lengua y en su formación; el objetivo es que se adapten lo antes posible».
Precisamente, la adaptación es un aspecto esencial: «Son jóvenes con una mochila muy cargada porque han vivido situaciones muy crudas», expone Carrasco, quien añade que «la gran mayoría se adaptan muy bien». Por eso, insiste en que es necesario llevar a cabo un trabajo didáctico para evitar su estigmatización.
«La externalización de los servicios de afecta a su calidad», Albert Font-Tarrés, vicepresidente del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya
«Una piedra en el zapato»
Desde el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, su vicepresidente, Albert Font-Tarrés, señala que «hay una piedra en el zapato». Se refiere a la externalización de muchos centros y equipamientos dedicados a los menores no acompañados: «Desde hace años, se pide que se revise el modelo de atención catalán porque hace falta un mayor control».
Esa externalización «en la mayor parte de servicios públicos de infancia» causa, según Font-Tarrés, «una afectación a la calidad, ya que hay mucha rotación de profesionales y una gran dificultad para encontrarlos», principalmente, por las condiciones laborales, ligadas a convenios que, en algunos casos, ya están caducados.