El pleno municipal del Ayuntamiento de Tarragona aprobó ayer, por una mínima mayoría de 14 votos a favor y 13 en contra, suspender durante un año la tramitación administrativa del plan parcial de Mas d’en Sorder, situado en el entorno de la Anella Verda junto al Club de Golf Costa Daurada. Pese a que hasta el pasado mes de febrero el ejecutivo de la Plaça de la Font –formado por ERC y Comuns– no se había opuesto al proyecto que afecta a un ámbito de 45 hectáreas de terrenos en el límite con El Catllar, ahora el gobierno liderado por el alcalde Pau Ricomà (ERC) pone el freno a su construcción y se tomará doce meses para acordar una modificación puntual del POUM que «garantice el interés general» del futuro plan, según se indica en el acuerdo que fue avalado ayer durante la sesión telemática del Saló de Plens.
De esta manera –como era previsible– Esquerra, En Comú Podem, Junts per Tarragona y la CUP sumaron fuerzas ayer para paralizar el avance del proyecto, que en su globalidad prevé una inversión de más de cien millones de euros para la construcción de 236 viviendas de alto standing y la rehabilitación, asimismo, de la antigua masía modernista, en la que se prevé construir un hotel rural de categoría superior.
Voto «nominal»
La decisión no estuvo exenta de polémica. Antes de iniciar el debate, el portavoz de Ciutadans –Rubén Viñuales– solicitó al secretario general de la corporación, Joan Anton Font, que en la votación «conste el nombre y el voto de cada concejal». El líder de la formación naranja justificó su petición «dadas las consecuencias que se pueden derivar de este voto», y para que «cada concejal tenga el poder de decisión sobre ello». Al ser un pleno telemático, Font le contestó que ya quedaba automáticamente registrado, si bien Begoña Floria (PSC) insistió en que esto también quedara concretado en el acta de la sesión.
Precisamente, la formación socialista fue la más crítica con la paralización, ya que la considera como «un fraude de ley» que puede «perjudicar al interés general», según remarcó la propia Floria. La edil del PSC recordó que «se trata de un plan que se ajusta perfectamente al POUM y que no tiene ningún informe técnico en contra», lo que provocará «una crisis de confianza hacia la ciudad que perjudicará a Tarragona».
El concejal de Territori, Xavier Puig (ERC), defendió la «legalidad y la legitimidad» de la «potestad discrecional política» para frenar la tramitación durante un año. «Apostamos por una ciudad cohesionada y sostenible, dejando atrás el urbanismo de los amigos del golf y de los pelotazos con vistas al mar», afirmó el edil de Esquerra. En este punto, Viñuales definió a Puig como «el doctor No» –por su oposición inicial al plan de la Budellera y de Ten Brinke–, y le acusó de mezclar la potestad discrecional «con una de arbitraria» en un POUM que, según recordó, «aprobó ERC, con Mas d’en Sorder incluido».
Asimismo, el líder de los naranjas quiere saber «exactamente» cuánto costará en indemnizaciones la suspensión, a lo que el edil de ERC respondió que, a diferencia del antiguo plan de Ikea –en Ponent–, «en ningún caso» supondrá un pago millonario «porque los promotores no tienen derechos urbanísticos ni expectativas de negocio consolidadas», por lo que únicamente deberían abonarse los gastos en proyectos. Por su parte, José Luis Martín (PP) se posicionó con Viñuales al afirmar que el gobierno local «está convirtiendo a la ciudad en la capital de la inseguridad jurídica», un hecho que, a su juicio, «provocará que nadie quiera invertir aquí». El concejal recordó que, si bien la suspensión es legal, esta solo lo es «en algunos casos justificados».
Nadal no cierra la puerta
Los dos socios externos del ejecutivo –CUP y Junts– se expresaron de maneras muy diferentes. Las primeras lamentaron que la decisión «llega tarde», y pidieron a ERC y Comuns que «trabajen con quien les facilitó la investidura» para modificar un POUM que «está caduco», ya que «se elaboró en un paradigma que perjudica a la mayoría de la población». Por su parte, Dídac Nadal remarcó que «tal y como está ahora el proyecto, no vemos el interés general por ninguna parte». Pese a ello, el líder de Junts abrió la puerta a apoyar en el futuro el plan si se cumple alguna de las dos opciones que ayer puso sobre la mesa. «Que a cambio de construir las viviendas los promotores cedan Mas d’en Sorder a la ciudad», o que «si no podemos adquirirlo porque no hay presupuesto para restaurarlo, que se otorgue una concesión administrativa para explotar la masía y que, pasado este periodo, esta pase a ser propiedadel Ayuntamiento». La cuenta atrás ya ha empezado.
