Las condiciones de seguridad de la planta de Iqoxe, que acumula cuatro sanciones por incumplir la normativa, centran la investigación sobre las causas de la explosión en la petroquímica de Tarragona para determinar si las muertes que provocó pueden constituir homicidio imprudente, lo que ha llevado a los Mossos d’Esquadra a registrar su sede y la zona cero.
En efecto, casi 48 horas después de la grave explosión que dejó tres muertos y siete heridos, una comisión judicial registró ayer las oficinas de la empresa donde se originó el suceso, así como las de PlastiVerd, otra empresa que forma parte del mismo grupo.
Se trata de una acción judicial simultánea en estas dos sedes administrativas del Grupo Cristian Lay, propietario de la fábrica, localizadas en el mismo polígono sur de las químicas de Tarragona y en El Prat de Llobregat (Barcelona), respectivamente. La comisión, a cargo del juzgado de instrucción 1 de Tarragona, cuenta con un secretario judicial y varios agentes de la Unidad de Homicidios de Mossos d’Esquadra.
Inspección de Trabajo de Catalunya desveló ayer que la química Iqoxe recibió en los últimos años cuatro sanciones, de entre 2.000 y 8.000 euros, por incumplimientos de normativa, de las cuales tres fueron por aspectos relacionados con la salud y la seguridad laboral y la otra, con las condiciones de trabajoLos registros empezaron alrededor de las 17:00 horas y los agentes buscaban, principalmente, documentación que pudiese resultar útil a la investigación, como posibles sanciones en anteriores inspecciones. Al cierre de esta edición y según fuentes cercanas a la investigación, estaba previsto que la operación continuase hasta altas horas de la madrugada.
La investigación se encuentra bajo secreto de sumario, pero, según ha podido saber el Diari, el juzgado de instrucción número 1 de Tarragona también ha empezado a practicar los primeros interrogatorios a los testigos de la grave explosión que durante varias horas tuvo en vilo a todos los municipios cercanos a la planta de producción de óxido de etileno. Los testigos interrogados son, básicamente, los empleados de la empresa y otras personas que se encontraban cerca del lugar en el momento de la explosión.
Entre los deltos investigados, podrían figurar delitos contra el medio ambiente, contra la seguridad en el trabajo, de lesiones y de homicidio por imprudencia.Estas son las primeras diligencias ordenadas por el juzgado a raíz de la explosión que, de momento, ha causado ya tres muertes (dos empleados y un vecino) y varios heridos, algunos de gravedad, pero por ahora no existe aún concreción sobre qué delitos se estarían investigando en la causa. Entre los mismos, podrían figurar delitos contra el medio ambiente, contra la seguridad en el trabajo, de lesiones y de homicidio por imprudencia.
El día de la explosión, el juzgado de instrucción número 1 de Tarragona ya encabezó la comisión en las tareas de levantamiento de los cadáveres en el piso de Torreforta donde impactó un proyectil y en la misma planta.
Cabe tener en cuenta que desde el año 2015 y a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015, las personas jurídicas, y no solo las físicas, también pueden ser declaradas responsables de delitos penales, lo que significa que la empresa donde se originó la explosión puede ser investigada en el ámbito penal por estos hechos.
Cuatro sanciones
Inspección de Trabajo de Catalunya desveló ayer que la química Iqoxe recibió en los últimos años cuatro sanciones, de entre 2.000 y 8.000 euros, por incumplimientos de normativa, de las cuales tres fueron por aspectos relacionados con la salud y la seguridad laboral y la otra, con las condiciones de trabajo.
Asimismo, anoche trascendió que la Generalitat multó en 2015 la empresa Iqoxe por no pasar a tiempo los controles de calidad del aire, según publicaba Ara y confirmó el Departament de Territori i Sostenibilitat. Este hecho conllevó una multa de 20.000 euros, aunque pagó 12.000 por hacerlo dentro del plazo de bonificación. Posteriormente, Iqoxe pasó los controles de calidad del aire y los resultados no fueron objeto de multa. Por otra parte, una inspección de la Generalitat detectó el mismo año que la empresa había producido más óxido de etileno del que tenía permitido. Se abrió un expediente, pero finalmente no terminó en sanción.
El conseller de Treball de la Generalitat, Chakir el Homrani, aseguró ayer que la Inspección de Trabajo irá «hasta el fondo para aclarar las causas y las responsabilidades de un accidente muy grave». El conseller dio por supuesto que la investigación será «larga» y «compleja».