Khalid y Youssef sonríen con sus compañeros en el centro Egueiro, a las afueras de Valls. Atrás quedan meses de padecimiento, de haber visto peligrar la vida y de auténticas odiseas en busca de una llegada a Europa como paraíso que luego no se revela como tal. Sus casos son muy representativos, habituales de lo que sucede en los últimos tiempos. Tarragona y, por extensión, Catalunya vive desde hace un año una emergencia migratoria con menores, los llamados mena, las siglas que designan a los extranjeros no acompañados por debajo de los 18.
Llegan solos, sin los padres ni demás familia, a veces en los bajos de vehículos o en patera, procedentes de entornos pobres. La mayoría son de Marruecos, aunque también hay de Argelia o de países subsaharianos como Ghana. En Tarragona hay ejemplos de esta última vía de acceso: llegan a abonar hasta 5.000 euros por cruzar el estrecho en una barca precaria, a veces a través de redes de mafias, jugándose la vida. «Vienen buscando una vida mejor. Hemos notado un incremento muy importante este año», cuenta Jaume Vilanova, máximo responsable de la Asociación Egueiro, una entidad que se encargaba principalmente del tratamiento de trastornos adictivos pero que últimamente también se dedica a cobijar y tutelar a menores migrantes. «En octubre del año pasado abrimos un piso asistido, para chavales de entre 16 y 18 años, con ocho plazas. Hace un mes abrimos otro nuevo piso, con ocho plazas más», cuenta Vilanova.
El flujo migratorio no se detiene y la administración busca constantemente nuevos espacios y educadores para atender a los menores. Las cifras en Tarragona ilustran la delicada situación: en el Camp de Tarragona se han creado 262 plazas en el último año, distribuidas en 13 centros, también nuevos.
En las Terres de l’Ebre, las plazas son 192, repartidas por 12 centros. En total, son 454 menores llegados desde el año pasado, aunque la Generalitat estima que la cifra puede superar los 500, dado que algunos se han ubicado en centros convencionales.
Un efecto llamada
Este tipo de instalaciones se han habilitado por toda la provincia. Hay menores en el centro de acogida de La Mercè o en el Complex Educatiu de Tarragona. Hay también en Vila-seca, Altafulla, Tortosa o Reus y se está habilitando otro centro en Riudoms. «Hay un efecto llamada a través de la acogida de refugiados. Cruzan el estrecho sin parar para llegar a España. Eligen el mar en lugar de las vallas de Ceuta y Melilla por miedo a ser deportados y porque ese medio es reconocido ya como propio de los subsaharianos», cuenta un trabajador próximo a estos menores.
A veces, ellos ‘venden’ a la familia y el entorno de su país una imagen distorsionada: aparentan estar en una mejor situación y esconden o maquillan las auténticas penurias por las que han pasado en sus sufridas travesías.
La Generalitat ha habilitado nueve centros de primera acogida, con 235 plazas en la provincia. También ha dispuesto 13 pisos, con un total de 88 plazas; recursos, todos ellos, puestos en marcha en los últimos meses.
Las edades comprenden de los 12 hasta los 17 años. A veces son los padres quienes sufragan el coste del viaje. «La mayoría de los menores que llegan son analfabetos que no han prosperado en sus estudios, pobres e indocumentados», añade fuentes cercanas.
De enero a mayo, las llegadas en Catalunya se incrementaron un 81% respecto al mismo periodo del año anterior. La comparativa más en perspectiva es igualmente llamativa: si en 2015 llegaron 377 menores, sólo entre enero y julio de este año se alcanzaron los 1.451. En Tarragona, el colectivo tenía hasta hace poco una presencia muy pequeña, prácticamente residual, hasta las oleadas recientes, que todavía duran.
Ante esta situación de desborde y colapso, la Generalitat ha reivindicado ayuda en términos de financiación económica. Por su parte, el conseller de Treball, Afers Socials y Famílies, Chakir El Homrani, ha pedido al Gobierno español una «estrategia global» para dar una respuesta coordinado, además de más recursos.
El Homrani ha reprochado al ejecutivo de Pedro Sánchez que no haya dado una respuesta clara «más allá de las palabras» y pidió «más información y transparencia» sobre los flujos de llegadas de menores para organizar mejor la asistencia que se les dispensa.
