La sentencia del Tribunal de Cuentas en la que alerta de que los lotes de Navidad en las administraciones públicas «no tienen amparo legal» ha provocado una reacción en cadena en forma de anulaciones. Hace un mes fueron las diputaciones de Tarragona y Lleida las que eliminaron los encargos que ya se estaban tramitando, mientras que el Diari ha contrastado que la empresa municipal de Mercats también lo ha hecho. Por su parte, Ematsa –la firma mixta de aguas– los ha reducido mientras que Serveis Funeraris los mantiene.
La resolución del organismo fiscalizador de los gastos públicos sostiene que la compra de los lotes «no fomenta una actividad de utilidad e interés público», por lo que «el pago con fondos públicos carece de causa» y vulnera el «principio de legalidad». Por ello, el ente de control económico deja claro que su pago corresponde «a una mera liberalidad», indica en la respuesta a un caso de la comunidad de Madrid, en el municipio de Venturada.
De hecho, el tribunal define estas compras como de «gasto estéril para la consecución de un interés general», alertando de que, pese a ser una práctica habitual la entrega de lotes, «una costumbre por si sola no se convierte en una legalidad».
La Diputació paraliza 1.340
La primera administración tarraconense en renunciar a los lotes fue la Diputació de Tarragona, que ya había iniciado los trámites para adquirir 1.340, con una partida presupuestaria de 69.915 euros. El proceso administrativo había incluso recibido una oferta de una empresa del tercer sector, pero finalmente se canceló el proceso. Poco después fue la Diputació de Lleida la que descartó dar los 700 lotes previstos, que contaban con un presupuesto de 45.000 euros.
Pese a que ni el Ayuntamiento de Tarragona ni sus empresas municipales –EMT, Habitatge, Desenvolupament Econòmic y Mitjans de Comunicació– dan lotes desde el año 2012, a raíz de la crisis económica, sí que hay entes de la estructura pública de la Plaça de la Font que apuestan por seguir ofreciendo este tipo de obsequios.
Uno de estos organismos es Mercats, presidido por la primera teniente de alcalde, Montse Adan (PSC). Inicialmente, la idea de esta firma era la de ofrecer 29 lotes entre sus trabajadores, a raíz de unos 70 euros por obsequio. El presupuesto previsto era de 2.030. Pese a ello, la compañía pública ha decidido finalmente renunciar a la operación, a raíz de tener constancia de la sentencia del Tribunal de Cuentas, según confirman fuentes del ente que gestiona el Mercat Central.
Paralelamente, la Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (Ematsa) ha estudiado también la envergadura de la resolución. Por ello, la firma liderada por el alcalde Rubén Viñuales (PSC) ha decidido reducir el número de lotes, pasando de una previsión inicial de 13.000 euros a otra de 10.946. Según indican fuentes de la compañía, la decisión final ha sido tirar adelante 148 obsequios «al personal que lo tiene en convenio».
Finalmente, la compañía que no ha cambiado su posicionamiento es Serveis Funeraris, que en un 49% es de propiedad privada. La empresa dará los 28 obsequios previstos a sus empleados, esto sí, sin que el lote sea para ninguno de los políticos que forman parte del consejo de administración presidido por la diputada Ivana Martínez (PSC).