«Normalidad en el servicio» durante el día de ayer, cuando los primeros usuarios del tren empezaron a retirar los bonos para la gratuidad de las Cercanías y Regionales a partir del 1 de septiembre. De hecho, la entrada en vigor de esta medida todavía está en el aire, ya que el Ejecutivo Central seguía negociando los apoyos para la aprobación del decreto energético que incluye esta bonificación como una de las apuestas estrella.
Ajenos al debate político, cerca de 330.000 usuarios se habían registrado en los últimos días en la web de Renfe y ayer empezaban a bajarse los abonos, que de momento tendrán una validez hasta el 31 de diciembre, aunque ayer el Gobierno ya abría la puerta a una prórroga, más allá de estos cuatro meses.
En la estación de tren de Tarragona se había reforzado la información para atender las peticiones y dudas de muchos de estos usuarios. Es el caso de Pablo Domènech, tarraconenses que estudia en Barcelona y que utiliza el tren cuando baja a visitar a la familia y amigos una vez al mes. «No creo que me salga a cuenta porque ahora empezaré las prácticas y seguramente tenga que quedarme los fines de semana», afirmaba.
Los usuarios de la media distancia tienen que depositar una fianza de 20 euros que recuperarán cuando quede acreditado que han realizado un mínimo de 16 viajes en este periodo de cuatro meses. Pasa lo mismo con el servicio de Cercanías, pero en este caso la fianza es de 10 euros y una cosa que estipula la letra pequeña es que el bono para las Cercanías de Tarragona tan solo podrá utilizarse en este ámbito. «Seguramente me salga más a cuenta si lo cojo para las Cercanías del área metropolitana de Barcelona que para la media distancia», añadía.
Este tarraconense es habitual del transporte público, aunque aseguraba «no acabar de entender la medida». «Deberían preocuparse más de que hubieran más frecuencias y de que los trenes sean puntuales. Los domingos por la tarde para ir a Barcelona vienen abarrotados, incluso un día me quedé sin poder subir porque venía de Riba-roja y ya iba lleno y cuando llega a la hora es una sorpresa», manifestaba.
Las personas que por motivo de estudios o de trabajo hacen el desplazamiento a Barcelona eran las que más informadas estaban. En cambio, los usuarios esporádicos todavía no habían dado el paso. «Viajo poco en tren. Somos de coche», decía Maite Bovet, mientras esperaba en uno de los bancos de la estación de Tarragona. Marina y Judit en cambio hacían el viaje en el sentido inverso. Viven en Barcelona y llegaban a Tarragona para pasar un día de fiesta. «Venimos muy a menudo por ocio, no por motivos de trabajo, después no creo que esto entre o que sea ético», aseguraban.
El portavoz de la compañía Renfe, Antonio Carmona, manifestaba que, con la gratuidad en el servicio, «esperamos que se incremente la utilización, a parte de que supondrá una ayuda económica para los usuarios habituales». Los servicios ferroviarios de Catalunya todavía no han recuperado las cifras de usuarios prepandemia y ahora mismo están sobre el 80%, por lo que «tenemos margen de crecimiento y recuperar los viajeros que por determinadas circunstancias dejaron de utilizar el transporte público». De hecho, este es uno de los escasos espacios en los que la mascarilla sigue siendo obligatoria.
Desde la Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP), su portavoz en las comarcas de Tarragona, Daniel Pi, manifestaba que «cualquier cosa a favor del transporte público nos parece bien». Pese a ello, este colectivo es crítico ya que considera que no se han tenido en cuenta «algunos inconvenientes». «Cuando hacemos encuestas y preguntamos por qué utilizan el coche en lugar del transporte público, el precio no es uno de los factores más importantes», afirma. Y añade: «A todo el mundo le parece genial pagar menos, pero no es suficiente para fidelizar a los usuarios si no es fiable.
Según los cálculos que se han dado a conocer, esta medida supondrá un coste de 60 millones de euros. «Podrían haberse aplicado para poner más trenes o enlazar mejor los trenes con el autobús, lo que hubiera tenido unos efectos más positivos», afirmaba. Por otro lado, la PTP teme que esto incrementará el déficit tarifario de los operadores del transporte por carretera y que «alguien deberá acabar pagando».
Esta entidad cree que si se genera un efecto de retención, este se centrará en el área metropolitana de Barcelona. «Habría sido una oportunidad para extender el sistema tarifario integrado a toda Catalunya y pensar en cómo hacer llegar el transporte público de forma razonable a los sitios en los que no llega el tren, haciendo una red más robusta y más fiable», concluía Pi.