Las mujeres que se sometan a una interrupción voluntaria de su embarazo podrán solicitar una baja incapacitante, además de que se prevé asistencia y acompañamiento integral especializado en los casos de aborto. La nueva ley mantiene los plazos del 2010, recientemente avalados por el Tribunal Constitucional.
Por lo tanto, la interrupción continuará siendo libre durante las primeras catorce semanas de gestación, y se podrá interrumpir, excepcionalmente, hasta la semana 22. Será en casos en los que exista un riesgo para la embarazada o el feto. Posteriormente, solo se podrá interrumpir si se detectan anomalías fetales o una enfermedad incurable —confirmadas ambas por un comité clínico—.
«Esta reforma es un éxito, es importante que todas las mujeres puedan decidir, pero sí que deja una sensación agridulce; esta era la oportunidad ideal para haber redactado una nueva ley que sí que cambiara el paradigma y que no tratase el aborto como una excepcionalidad, sino como un derecho fundamental», apunta la coordinadora de l’Associació de Drets Sexuals i Reproductius, Sílvia Aldavert. «Es un impulso, pero hay que ver de qué manera se implementa esta legislación», añade.
En palabras de la secretaria de Feminismes de la Generalitat de Catalunya, Montse Pineda, «es una gran oportunidad, la reforma del 2015 lo que hizo fue reforzar la idea de que las mujeres necesitamos un tutelaje; en Catalunya se está avanzando con la Estratègia Nacional de Drets Sexuals i Reproductius, es clave acompañar a las mujeres que toman esta decisión, ya que no es fácil».
Un total de 1.555 mujeres interrumpieron su embarazo en 2021 en la demarcación de Tarragona, según los últimos datos que aporta el Ministerio de Sanidad en el documento que elabora anualmente. 1.232 lo hicieron antes de las ocho semanas de gestación, 269 entre la nueve y la catorce y 54 más allá de las quince.
La cifra de 1.555 supone un 22,5% menos que una década antes. En 2012 hubo 2.008. La evolución desde el año 2005 muestra que las diferentes normativas (la del PSOE, de 2010, y la reforma del PP, de 2015) no suponen un incremento de casos de interrupciones.
69 de las jóvenes que abortaron en 2021 eran menores de edad (un 4%), por lo que se practicó una interrupción a una menor prácticamente cada cinco días. 50 tenían entre 16 y 17 años, 55 ya habían cumplido los 18, 69 los 19 y 1.389 tenían 20 o más. El 32% ya había abortado al menos una ocasión. El principal motivo de la interrupción fue, en un 95%, el calificado como «a petición de la mujer».
Un 52% usaron anticonceptivos
Un 52% del total de mujeres que interrumpieron su embarazo afirma haber utilizado métodos anticonceptivos, mientras que casi un 40% reconoce que no. No se tiene información del 8% restante.
Si se analizan los datos de las jóvenes menores de 20 años, un 55% sí que usó anticonceptivos, un porcentaje ligeramente superior al total. Por otra parte, un 37% no utilizó y de un 7% no constan datos.
La nueva norma contempla repartir las píldoras de última generación de manera gratuita en los centros de salud, así como anticonceptivos en los centros educativos, siempre vinculados a campañas de educación sexual.
Con un 25%, el método más utilizado fue el de barrera —como el preservativo o el diafragma, entre otros—. Le sigue, con un 20%, el método hormonal, siendo las vías naturales y mecánicas las que menos se usaron en la demarcación.
¿Público o privado?
El 84% de abortos se llevó a cabo en la sanidad privada en el conjunto de España. En Catalunya, sin embargo, se reduce hasta el 47% —8.894 de 18.741—. El dato contrasta con el lugar de información. ¿Dónde se informaron las mujeres que abortaron en 2021? En el total de España, un 71% lo hizo en un centro sanitario público, mientras que tan solo un 9% acudió a la privada. El 20% restante utilizó otras vías, como a través de internet o mediante el teléfono de información al ciudadano.
En Catalunya, un 80% se informó en la pública y un 13% en la privada. Y en Tarragona, el número crece aún más: un 83% fueron asesoradas por la sanidad pública y un 8% por la privada. En el caso de las menores de 20 años, el 88% recibió atención pública y el 5% privada.
La nueva legislación introduce bajas laborales por abortos y por menstruación dolorosa
«A día de hoy, la red pública no tiene profesionales formados ni espacios capacitados, además de contar con muchos casos de objeción de conciencia, lo que provoca que las intervenciones se deriven a la sanidad privada, aunque las pague la pública», explica Aldavert. En Catalunya, se efectúan abortos farmacológicos a través de los centros de atención primaria, lo que provoca que menos casos se acaben resolviendo en el ámbito privado. «Se debe conseguir es que tanto la vía farmacológica como la instrumental estén disponibles en los centros públicos de referencia», indica Aldavert.
Según el ejecutivo, la nueva reforma garantizará el acceso al aborto en los centros públicos de todo el territorio. En esta línea, la objeción de conciencia será un derecho individual y estará registrada para que siempre haya personal disponible. En palabras de Aldavert, «los registros de objeción de conciencia no son la solución definitiva, lo que hay que conseguir es que los profesionales que practiquen las interrupciones crean en el derecho al aborto». Pineda apunta a que «el objetivo final es que la totalidad de los equipamientos públicos habilitados garanticen un aborto seguro».
En la demarcación, un total de nueve centros notificaron casos de interrupción: en las Terres de l’Ebre, fueron el CAP Baix Ebre de Tortosa y el Hospital Comarcal de Móra d’Ebre. En el Camp, el Hospital Joan XXIII, el Centre Mèdic Eira, el Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, el Hospital del Vendrell y el Pius Hospital de Valls. Además, el CAP Jaume I, de Tarragona, y el CAP Sant Pere, de Reus, forman el ASSIR, una unidad especializada en atención y asesoramiento sexual.
Los casos durante los años
Los datos muestran como las interrupciones voluntarias del embarazo han ido oscilando durante los últimos tiempos. En el 2005, por ejemplo, se dieron 1.279 casos. Entre 2006 y 2007, se mantuvieron sobre los 1.500. En los dos años posteriores, se registró un pico de unos 2.000, que se mantuvo hasta el 2012. Posteriormente, el dato cayó hasta los 1.352 en 2014, antes de la reforma que ahora se deja atrás. A partir de ahí, los casos se mantienen entre los 1.500 y los 1.700.
En cualquier caso, se demuestra que un aumento de las libertades no comporta en ningún caso un incremento de interrupciones. «Desde hace veinte años, la Organización Mundial de la Salud expone que cuantas menos restricciones haya para el aborto, bajan los casos y hay una mejor salud para las mujeres; las únicas medidas para reducir las interrupciones son la educación sexual y la anticoncepción universal, pero no sirve de nada restringir», remarca Aldavert.
Si solo se tienen en cuenta a las menores de 20 años, se ha pasado de 234 abortos en 2010 a 193 en 2021 —un 17% menos—. «El objetivo no es que haya abortos cero, sino que los que tengan que ser sean seguros y con garantías».
Hasta el 1985, abortar fue delito. Tan solo estuvo permitido en Catalunya durante la II República. La primera ley despenalizó la interrupción voluntaria, pero solo en tres supuestos: en caso de peligro para la vida o salud física o psíquica de la embarazada, en caso de violación o si se preveían malformaciones en el feto.
25 años después, se aprobó la ley que se reformó en 2015 y que ahora se vuelve a reformar. «La despenalización completa se ha quedado por el camino», dice Aldavert. «Pero hay partes positivas, como que se eliminen los tres días de reflexión», comenta. Para Pineda, «la cuestión de la violencia obstétrica sigue siendo un reto».
El punto de las bajas por menstruaciones dolorosas es uno de los que completan la ley, que entrará en vigor al completo tres meses después de publicarse en el BOE.
