El Consejo de Ministros remitió hoy al Congreso con la vitola de «máxima urgencia» la ley que blinda el derecho de todas las españolas a interrumpir voluntariamente su embarazo en el hospital público más próximo a su casa y que garantiza que ninguna mujer tendrá que acudir más a trabajar con una menstruación dolorosa e incapacitante.
La norma, que el Gobierno aspira tener aprobada y en vigor antes de final de año, crea un registro autonómico para que los médicos que no estén dispuestos a practicar abortos ejerzan por anticipado su derecho a la objeción de conciencia y, al tiempo, manda a las autonomías que, con esa información, organicen los hospitales públicos para que siempre haya al menos un profesional que pueda cumplir, a su vez, con el derecho de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo. Es la fórmula para acabar con las artimañas que obstruyen el ejercicio de este derecho y que explican que el 85% de las intervenciones se hagan en clínicas privadas, que los 38 hospitales públicos de Madrid no realicen un solo aborto o que nueve provincias no se hayan practicado siquiera una estas operaciones desde que en 1985 Felipe González las legalizase en tres supuestos.
La ley impulsada por el ministra de Igualdad crea, por primera vez en Europa, una baja médica sufragada completamente por el Estado que cualquier mujer diagnosticada de patologías o cuadros médicos que causen reglas invalidantes podrá solicitar a su doctor los meses que no esté en condiciones de ir a trabajar por los intensos dolores. No precisa de período de cotización mínimo ni tiene límite de días. «Se acabó ir a trabajar con dolor. La regla dejará de ser un tabú», subrayó hoy desde La Moncloa Irene Montero.
La ley de salud sexual y reproductiva, que también crea un permiso prenatal remunerado desde la semana 39 y que garantiza el derecho a una convalecencia pagada para toda persona que sufra un aborto, voluntario o no, revierte la reforma que el PP impuso en 2015 con sus únicos votos. Una vez el nuevo texto se publique en el BOE, las chicas de 16 y 17 años ya no precisarán del permiso paterno para interrumpir voluntariamente su embarazo.
Libre hasta las 14 semanas Los plazos no varían respecto a la ley de 2010. El límite para la interrupción voluntaria del embarazo son las primeras 14 semanas de gestación, pero permite la intervención hasta la 22 si se dan malformaciones fetales o riesgo vital para la madre.
Sin permiso paterno
Las chicas de 16 y 17 años o las que tienen algún tipo de discapacidad intelectual ya no precisan de permiso paterno para poder abortar.
Sin período de reflexión
Suprime el período de reflexión de tres días, el tiempo que por ley debía esperar la mujer antes de poder ratificar su intención de abortar. De igual manera, dejará de recibir, salvo que lo pida explícitamente, el sobre sellado con la información acerca de ayudas de apoyo a la maternidad.
Hospital público, la referencia
El punto central es que garantiza los abortos en hospitales públicos. Para lograrlo, regula de forma más estricta la objeción de conciencia. Habrá un registro autonómico para que las autoridades puedan organizar los servicios. La objeción será individual, previa, escrita y vetará los abortos en la pública y en la privada.
Lo más cerca del domicilio
La mujer tendrá derecho a que la interrupción se haga en el hospital público más cercano a su casa, esté en su región o en una vecina. Se quiere acabar con el suplicio de muchas españolas que han tenido que recorrer cientos de kilómetros porque donde viven ni un solo centro practica abortos.
Reglas incapacitantes
Crea una baja específica para que mujeres con menstruaciones muy dolorosas e incapacitantes puedan descansar en casa. La baja será sufragada íntegramente por el Estado y no fija un número de días concreto. No hay topes, será el médico quien determine la duración. No hará falta tener un mínimo de tiempo cotizado. Permiso prenatal Todas las embarazadas tienen derecho a una baja desde la semana 39 hasta el parto. El permiso ha menguado durante la negociación. Igualdad lo pedía desde la semana 36. Al final, las embarazadas tendrán de media una semana en vez de las cuatro que se barajaron inicialmente.
Baja por aborto
Incluye una baja para las mujeres que sufran una interrupción del embarazo, sea voluntaria o no deseada. La convalecencia, sin duración fija, busca paliar situaciones de incapacidad tanto física como anímica.
Nuevo teléfono específico
Un nuevo teléfono gratuito, tipo 016, informará a las embarazadas, les ayudará a elegir método abortivo, las dirigirá al hospital o centro correspondiente y les dirá qué hacer si les ponen trabas.
Métodos de última generación
Garantiza la financiación pública de todos los métodos anticonceptivos hormonales (pastillas, parches, anillos o dispositivos intrauterinos), con preferencia de los de última generación. En un año habrá campañas en los institutos, centros sociales y prisiones que distribuirán métodos anticonceptivos de barrera, tanto masculinos como femeninos.
Píldora del día después
Las autonomías crearán centros de atención sexual y reproductiva que darán gratis la píldora del día después (ahora cuesta unos 20 euros en farmacias) y que garantizarán a la mujer que acude a abortar (elija método quirúrgico o farmacológico) que tendrá un acompañamiento especializado.
No tocan la 'tasa rosa'
El texto no contempla ni la supresión ni la rebaja del IVA de los productos de higiene femenina. No obstante, Montero aspira a lograr la rebaja del 10% al 4% en los Presupuestos de 2023. Lo que sí prevé la ley es el reparto gratuito de estos productos en institutos, prisiones, centros de la mujer y centros cívicos y sociales.
Multas a intermediarios
La gestación subrogada es una práctica ilegal en España que pasa a definirse como «explotación reproductiva». Se prohíbe y sanciona la publicidad de los intermediarios (agencias, clínicas y abogados) que burlan la ley poniendo en contacto a españoles con vientres de alquiler en el extranjero y gestionando el proceso.
Freno al abuso de cesáreas
Los hospitales tendrán protocolos idénticos de buenas prácticas en todas las etapas del embarazo, especialmente en el parto y el posparto. Se deberá recabar siempre el consentimiento informado de la paciente, que será quien decida qué procedimientos autoriza y cuáles no. Se perseguirá el abuso de cesáreas y de episiotomías.
Otras violencias contra la mujer
Además de la gestación subrogada, el texto incluye también explícitamente como formas de violencia machista, prohibidas y perseguibles en España, la esterilización forzosa de mujeres con discapacidad intelectual y el embarazo y aborto forzados.
No esperarán a los informes de la Fiscalía y el Poder Judicial
El Gobierno, cuando nadie sabe cuánto durará la legislatura, persigue que la nueva ley del aborto sea lo antes posible una realidad certificada por el BOE. Ha decidido que las habituales dilaciones de las instituciones consultivas no van a despilfarrar el poco tiempo de que disponen para la aprobación de esta norma. El 13 de junio pidió los informes preceptivos sobre el anteproyecto al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía.
Ambos, según la ley, tienen 15 días prorrogables para entregar al Gobierno estos análisis, cosa que no han hecho dos meses después. Montero justificó el envío del proyecto al Congreso sin esperar las alegaciones porque «no han hecho su trabajo». No están dispuestos a arriesgarse a que tarden los cinco meses de la ley trans.
