El Gobierno ha dado luz verde al proyecto de ley de salud sexual y reproductiva que busca reformar la ley de plazos aprobada por el Ejecutivo del PP en 2015 y que permite, entre otras cosas, que las menores de edad puedan interrumpir voluntariamente el embarazo (IVE) desde los 16 años sin permiso paterno.
Un total de 64 menores de 18 años se sometieron a lo largo de 2020 –las últimas cifras disponibles– a un aborto en Tarragona. De ellas, 50, el 78% de ese total, tenían entre 16 y 17 años. Es decir, cada semana se llevó a cabo en la provincia un aborto en ese tramo de edad. Serán embarazos que a partir de ahora podrán ser interrumpidos sin el consentimiento paterno. El proyecto de la nueva ley en el que el Ministerio de Igualdad ha estado casi un año trabajando y que el Consejo de Ministros aprobó pretende enmendar la reforma del PP, y volver a permitir la interrupción voluntaria del embarazo desde los 16 años sin permiso de los padres.
Hay más novedades. La ley actual establece que la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública o centros privados concertados. Esto cambia en el nuevo texto, donde se garantiza la realización de abortos en todos los hospitales públicos y «excepcionalmente, en un centro privado acreditado».
En total, en Tarragona, 1.537 mujeres interrumpieron voluntariamente su embarazo durante 2020. El 4% eran adolescentes menores de edad pero, ampliando más el círculo, según el umbral que desglosa Sanidad, 167 aún no habían cumplido los 20 años. Son casi el 11%.
Anticonceptivo de barrera
Los informes anuales de Sanidad diferencian entre los menores de 20 años y el resto; en ambos casos preguntan por la utilización de métodos anticonceptivos. En Tarragona, un 41% de las menores de 20 años manifestaron que no usaban ningún tipo de método. Eran 69 del total de las 167 que abortaron. Es un porcentaje ligeramente superior que el que registra el global: de las 1.537 mujeres tarraconenses que interrumpieron voluntariamente su gestación, 573 (el 37% del total) no empleaban ninguna protección.
La tipología de anticonceptivo más utilizada es la de la barrera, donde se incluye el preservativo. Un 34% de las tarraconenses menores de 20 que se habían quedado embarazadas y abortaron reconocieron que utilizaban ese tipo de protección. También es el sistema más común en el ámbito global, el que incluye a todos los grupos de edades: un 27% de las tarraconenses que suspendieron el proceso confesaban su utilización, uno de los métodos más extendidos no solo para evitar embarazos no deseados sino para impedir la transmisión de todo tipo de enfermedades sexuales.
Informarse en la pública
Respecto a las jóvenes, la estadística del Ministerio de Sanidad expone que el 85% hallaron la información al respecto en un centro sanitario público, un 4% en uno privado y otro 4% a partir de amigos y familiares, mientras que otras vías como internet, medios de comunicación o teléfonos de información al ciudadano fueron de uso residual.
Con todo, y con los datos hasta 2020 en la mano, la estadística muestra que, con la actual ley, en la década en que ha estado vigente se ha ido reduciendo el número de interrupciones del embarazo, tanto entre las menores de 20 años como en el cómputo general. La comparación entre los abortos practicados con menos de 20 años en 2010 en Tarragona (234) y 2020 (167) refleja un descenso del 28%.
Si se consideran todos los tramos de edad, la reducción en la provincia es del 21%, al pasar de 1.959 a 1.537. Las cifras previas a 2010 solían superar los 2.000 casos a nivel global y los 230 cuando se consideran solo las menores de 20. En total, de las 1.537 mujeres de la provincia de Tarragona detuvieron su embarazo en el año 2020, el grueso de las interrupciones voluntarias del embarazo se registraron entre los 20 y los 24 años. Exactamente, fueron 322. A continuación, en cifras similares, se incluye el tramo de 30 a 34 y el de 25 a 29. En menores de 15 hubo tres interrupciones mientras que en mayores de 44 se registraron 11.
«A petición de la mujer»
De acuerdo a los datos del Ministerio de Sanidad, la amplia mayoría de las 1.537 gestantes que interrumpieron su embarazo en la provincia, en concreto un 65%, no habían tenido abortos voluntarios anteriores. Un 33% gozaban de un nivel de instrucción de ESO o equivalente y un 32% de Bachillerato y ciclos formativos de formación profesional, por delante de un 20% que tenía formación universitaria.
Los informes de Sanidad también indican cuál es el motivo de la interrupción. En el 96% de los casos, se hace simplemente «a petición de la mujer», sin necesidad de especificar más detalles. En un 2% de las situaciones, la interrupción se realizó por el «grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada» y en un 1,4% por «riesgo de graves anomalías para el feto». En el 0,19% se abortó por «anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable».
Los datos indican una estabilidad y que, de hecho, a una mayor libertad para interrumpir el embarazo no le sigue un incremento. En ese sentido, un informe de la Conselleria de Salut de Catalunya concluye: «Existe un amplio consenso a la hora de afirmar que en los lugares donde las leyes y las políticas públicas permiten la realización de un aborto con indicaciones amplias, la incidencia y las complicaciones de un aborto inseguro se reducen a niveles mínimos». A su vez, agrega: «También es sabido que tanto si la ley restringe el aborto como si no, la probabilidad de que una mujer se someta a un aborto por un embarazo no deseado es prácticamente la misma».
Antes de 2010, las mujeres solo podían abortar en tres supuestos: peligro para la vida o la salud de la embarazada, que el feto presentara malformaciones o que la gestación fuera consecuencia de una violación. Además –aún en esos tres escenarios–, un facultativo debía determinar si cada caso concreto encajaba en los supuestos contemplados por la ley; lo que en la práctica suponía trabas y demoras que dilataban el aborto.
Bajan los partos adolescentes
Si las interrupciones han bajado en estos años, también lo han hecho los partos de los adolescentes durante esta última década. En 2010, según el INE, fueron madres 52 tarraconenses de menos de 18 años. La cifra se quedó en menos de la mitad en 2020, en concreto, en 25, según este balance del último curso disponible. Un año antes, en 2019, sin la afectación que tuviera la pandemia, hubo 37 partos de este grupo de adolescentes. Así, en los últimos años estos nacimientos por parte de menores de edad se han ido reduciendo.
Así, la nueva ley eliminará el permiso paterno para las adolescentes de 16 y 17 años, y también para las jóvenes de estas edades que tengan discapacidad. En este sentido, sin embargo, la ministra de Igualdad, Irene Montero, se mostró convencida de que «la gran mayoría de los jóvenes y mujeres con discapacidad confiarán en sus padres y madres, familiares o amigas cuando den este paso», pero insistió en que la decisión será suya. Tampoco serán necesarios ya los tres días de reflexión y la interrupción del embarazo deberá realizarse «en el centro público más cercano a su domicilio», para evitar grandes desplazamientos. También se regulará la objeción de conciencia de los sanitarios para garantizar a las mujeres este servicio en todo momento. En este punto se incluye también el derecho a baja laboral para quienes pasan por un proceso de interrupción voluntaria de embarazo, así como la distribución gratuita de la píldora del día después en centros de salud. También será obligatorio que esté disponible en todas las farmacias.