El anteproyecto de nueva ley del aborto que el próximo martes debatirá y aprobará el Consejo de Ministros incluirá finalmente un permiso laboral específico y retribuido para que las mujeres que sufren menstruaciones muy dolorosas e incapacitantes puedan descansar esos días en sus casas.
La propuesta del Ministerio de Igualdad, que inicialmente contó con la oposición incluso pública de varios ministros y ministras socialistas, saldrá adelante después de una tensa negociación en la que el equipo de Irene Montero, la dirigente de Unidas Podemos que ha liderado esta pugna política, logró pactar con los responsables del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la fórmula legal, satisfactoria para todas las partes, que permitirá articular el permiso.
Para evitar posibles discriminaciones laborales o falta de colaboración por parte de las empresas, el nuevo texto legal recoge que los días de baja por incapacidad temporal de estas mujeres serán sufragados por completo por las arcas del Estado, a través de la Seguridad Social, aunque lo habitual en el resto de bajas médicas es que las primeras jornadas de cualquier convalecencia corran a cargo del empleador. Fuentes oficiales calculan que podría tener un coste anual de entre 40 y 45 millones de euros.
La fórmula pactada no fija un número de días concretopara la baja (en la propuesta de Igualdad eran entre 3 y 5 cada mes). Será el médico que valide la situación de incapacidad temporal quien determine cuántas jornadas laborales durará el permiso a la vista de las circunstancias concretas de cada caso. Para facilitar que la medida llegue a todas las mujeres que lo necesiten, el Estado no exigirá para tener derecho a esta baja un mínimo de tiempo cotizado a la Seguridad Social, como sí que ocurre con otras situaciones de incapacidad temporal de las trabajadoras.
Irene Montero mostró su satisfacción por el acuerdo. Considera que, junto al resto de medidas de la futura ley, vuelve a convertir a España en pionera mundial en la defensa y ampliación de los derechos de las mujeres. Ningún país europeo cuenta con un permiso equivalente garantizado.
No obstante, las responsables de Igualdad siguen negociando, sobre todo con los altos cargos del Ministerio de Hacienda, para que el anteproyecto de la nueva ley del aborto que el Gobierno validará el martes recoja también una reducción del IVA de los productos de higiene femenina desde el actual 10%. Esperan que si Hacienda no accede a su reclamación de retirada total del impuesto indirecto que encarece compresas, tampones y copas el texto final al menos acepte bajar el tributo al tipo superreducido del 4%.Ven muy difícil de entender que el Ejecutivo rechace una medida (bajar al superreducido), con un coste anual de unos 10 millones de euros, cuando es uno de los compromisos del pacto que ambos socios firmaron en 2019 para investir a Pedro Sánchez.
Blindar derechos El anteproyecto de ley que garantizará que el aborto libre y gratuito es una realidad en todos los hospitales públicos de todas las autonomías y que las chicas de 16 y 17 años puedan solicitarlo sin permiso de sus padres, muy probablemente, también acabará incluyendo un permiso prenatal retribuido, para que las embarazadas tengan asegurado poder descansar en los días previos al parto. Igualdad propuso que se pudiese coger a partir de la semana 36, unas cuatro semanas de media antes de dar a luz. A los negociadores socialistas les parece excesiva una licencia que puede costar unos 90 millones al año, pero sí podrían estar dispuestos a crearla si el derecho se genera desde la semana 38 o 39, con los cual los días de descanso se reducirían a la mitad o menos y su coste también.
El texto que el martes aprobará el Consejo de Ministros antes de ir al Congreso para su ratificación tiene que pasar por el Poder Judicial, el Consejo de Estado y otros órganos asesores para recibir los informes preceptivo. La norma perseguirá y sancionará a los intermediarios en la contratación en el extranjero de vientres de alquiler, suprimirá la obligación de confirmar a los tres días la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo y financiará con dinero público los anticonceptivos hormonales, incluidas las pastillas de nueva generación, y la píldora del día después.
La norma amplía los derechos creados en 2010 por la ley impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero no toca los plazos legales para el aborto libre, voluntario y gratuito, que tienen como límite general las 14 semanas de gestación y que permiten la interrupción hasta la semana 22 si se dan condiciones médicas excepcionales como malformaciones fetales o riesgo vital para la madre. Para asegurar que los abortos quirúrgicos pueden realizarse en hospitales públicos cerca de donde vive la embarazada, a diferencia de lo que ocurre hoy en día, se endurecen las condiciones para ejercer la objeción de conciencia. Hoy el 80% de las interrupciones se hacen en clínicas privadas y hay al menos doce provincias en las que ni siquiera existen y las mujeres tienen que desplazarse a cientos de kilómetros de sus hogares. Podrán presentarla todos los sanitarios de servicios directamente concernidos por estas intervenciones, pero deberán hacerlo de forma previa, de manera individual, por escrito y tendrán que registrarse en un fichero autonómico para que los responsables sanitarios puedan organizar los hospitales y asegurar que siempre habrá un equipo médico dispuesto a dar cumplimento a este derecho de las españolas.
