Se acabaron las dudas, el caos en las redes sociales y las informaciones contradictorias. La sirenas sonarán desde el primer momento en caso de que haya una emergencia en el polígono químico que pueda comportar «graves daños» y consecuencias «en el exterior del complejo», como pueden ser «explosiones o nubes tóxicas» que obliguen a confinar a la población. Así se detalla en la nueva versión del Pla d’Emergència Exterior del Sector Químic de Tarragona (Plaseqta) que, trece años después, ha decidido recuperar y actualizar la Generalitat a raíz de las dudas y las evidentes deficiencias de comunicación que quedaron de manifiesto tras la explosión de la fábrica Iqoxe del pasado 14 de enero, una tragedia que acabó con la vida de tres personas y de la que, 46 días después, aún se desconoce la causa.
El conseller del Interior, Miquel Buch (JxCAT), justificó ayer el cambio de rumbo en la gestión de los accidentes químicos por la voluntad de «empoderar al territorio» y dar a los 29 ayuntamientos de la zona de influencia química «las herramientas necesarias para actuar de una manera más ágil», ya que en el nuevo protocolo –que será liderado por el delegado del Govern, Òscar Peris (ERC)– «se simplifica la toma de decisiones» para evitar, de esta manera, la hora de transición que pasó hace un mes y medio entre la explosión y la orden definitiva de no confinamiento, al esperar a saber si el humo era tóxico o no.
«Escenario de máximos»
Por todo ello, ayer el pleno de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya aprobó en Reus el nuevo plan –que derogará el Plaseqcat en Tarragona– y que será avalado este próximo martes por parte del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya. El plan contempla seis sectores de influencia –Port de Tarragona, Polígon Sud, Polígon Petroquímic Nord, Polígon Industrial de Constantí, Polígons Industrials del Alt Camp y Pradell de la Teixeta– que cubre 30 instalaciones industriales a un nivel «alto» y otras doce en un grado «bajo» de los municipios de Alcover, Almoster, Cambrils, Castellvell, Constantí, El Catllar, El Milà, El Morell, El Pla de Santa Maria, El Rourell, Els Garidells, Els Pallaresos, La Canonja, La Masó, La Pobla de Mafumet, La Secuita, La Selval del Camp, Perafort, Pradell de la Teixeta, Reus, Riudoms, Salou, Tarragona, Vallmoll, Valls, Vilallonga del Camp, Vila-rodona, Vila-seca y Vinyols i els Arcs.
En el nuevo documento se clasifican los accidentes en los polígonos químicos en tres escalas, de las cuales las sirenas solo se activarán en el peor de los casos, que será el de la «emergencia» –categoría 3–. Así, cuando en una primera valoración de los hechos se intuya que «se esperan daños en zonas extensas y en el exterior del establecimiento» se apostará por un «escenario de máximos», que comportará la activación de los avisos sonoros desde el primer momento. Cuando se dé este supuesto –como el de Iqoxe del 14 de enero– en la zona de intervención «se ordenará el confinamiento general de la población y el control de accesos», con la activación de las sirenas de riesgo químico «y la suspensión de eventos públicos y de las actividades en el exterior». Asimismo, en la zona de alerta «se recomendará el confinamiento de los grupos críticos de población».
Por lo que se refiere a las dos hipótesis de menos gravedad –prealerta y alerta– en estas circunstancias no se activarán las sirenas. En el nivel ‘1’ –el menos grave que se dará en caso de humo negro o de llamas de grandes dimensiones– solo se informará a la población «del incidente o accidente», así como de «las acciones de seguimiento» y se prepararán, asimismo, los posibles cortes de accesos al emplazamiento.
En el segundo grado –que será el de un accidente con consecuencias graves únicamente en el interior del complejo petroquímico– «se desplegará toda la respuesta a nivel operativo», se cortarán los accesos al lugar de los hechos y, asimismo, «se recomendará no acercarse al lugar del entorno del accidente». En caso de que se prevea que, con la evolución, pueda tener afectación exterior, «se realizarán las acciones preparatorias de confinamiento», se afirma en el plan.
Nuevos sensores y más personal
Según detalló ayer Buch, la implantación del nuevo Plaseqta se prevé a cuatro años vista –hasta 2023–, con una dotación presupuestaria de siete millones de euros. Varios son los aspectos a los que se destinará esta cantidad. El primer punto será «la dotación de los elementos necesarios para la operatividad», como serán los elementos de detección automáticos –sensores–, los equipos de protección o los sistemas de aviso.
También se apostará por la «dotación del personal necesario para garantizar las actuaciones», así como la adecuación de los espacios de coordinación del edificio del 112 en Reus, que es donde se reunirán los comités técnicos y asesor. También se llevará a cabo una «formación y sensibilización de la población –priorizando los centros educativos–». Asimismo, en el plan se detalla que se organizará «un simulacro anual con el despliegue de toda la estructura y con la participación de la población, como mínimo, de un municipio situado en el ámbito del plan».