Las razones por las que cada vez se construyen menos viviendas sociales en Tarragona

Las viviendas de protección oficial en la demarcación de Tarragona caen a cuentagotas. De hecho, desde 2021, no se ha iniciado ninguna, según datos de los respectivos balances que publica trimestralmente el Servei d’Estudis i Documentació d’Habitatge del Departament de Drets Socials de la Generalitat. Son números que no sorprenden, pero que no por ello dejan de ser alarmantes, dada la dificultad actual de muchas personas para poder acceder a un techo. De los 1.284 inmuebles que se iniciaron desde principios de 2022 hasta marzo de 2023, cero eran de protección pública. En 2021, un 3,8% de las viviendas empezadas a construir fueron sociales: 36 de 939. Son estadísticas que ejemplifican una escasez crónica: desde 2013, de los 7.303 pisos que se han iniciado en el territorio, 167 –un 2,2%– han sido de VPO. Una dinámica que parece que, por el momento, va a ser constante.

Si se amplía la vista, se observa que, desde el año 2000, se han iniciado 181.910 construcciones en la demarcación de Tarragona. De ellas, 170.430 han sido libres y 11.480 –el 6%– han sido de carácter protegido.

El paisaje era algo diferente durante la mayor parte de la primera década de siglo porque el número de viviendas sociales iniciadas anualmente rozaba el millar. No obstante, también es cierto que se construía más, en general, –sobre 15.000 y 25.000 pisos entre 2000 y 2007–. Así que, en porcentaje, los inmuebles de protección social ya eran residuales –sobre un 5%– respecto al total de construcciones.

El estallido de la burbuja inmobiliaria provocó que absolutamente todos los registros cayeran en picado. De 2007 a 2008, ya hubo un cierto descenso: se iniciaron cerca de 8.000 viviendas menos. Curiosamente, mientras las viviendas de tipo libre se desplomaban en un 78%, las protegidas, en contraposición, aumentaban un 43%.

Es una dinámica que aguantó apenas dos años. En 2011, mientras la construcción libre seguía su particular descenso al vacío, ya se iniciaron 735 pisos de protección pública menos –un descenso de un 81%–. Desde entonces, los sucesivos balances vienen siendo muy pobres. Después de 2013, el año en el que más VPO se generó en Tarragona fue 2015, con 39 construcciones iniciadas. Tanto en Lleida como en Girona, los datos son algo menos malos, al igual que en Barcelona, aunque, en este último caso, la proporción de población explica que existan más promociones de tipo social.

Si se tienen en cuenta los pisos finalizados, los datos mejoran levemente, aunque continúan siendo muy deficientes: en la última década, de los 9.846 pisos que se han acabado en el Camp y el Ebre en la última década, 9.466 han sido libres, mientras que un 3,8% han ocupado el apartado protegido.

«Después del estallido de la crisis inmobiliaria, a partir del año 2010, se pasó de políticas de construcción y promoción más activas a medidas, como por ejemplo las subvenciones, destinadas a facilitar el acceso y el mantenimiento de la vivienda», expone la subdirectora de la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV, Núria Lambea. «Son políticas más asistenciales, de ‘tapar agujeros’, no son tan estructurales como antes», añade.

Tal como comenta la doctora Lambea, el Informe sobre el sector de l’habitatge a Catalunya, publicado anualmente por la Secretaria d’Habitatge del Departament de Territori, apunta a que «la actuación en política de vivienda ha estado marcada por la necesidad de dar respuestas rápidas ante los retos de un mercado tensionado, reforzando algunas actuaciones dirigidas a incrementar el parque de viviendas asequibles y las ayudas destinadas, especialmente a los jóvenes, a pagar el alquiler».

Sí que se han iniciado medidas para incorporar viviendas de VPO. En 2022, el parque de la Generalitat se incrementó en 447 pisos comprados por tanteo y retrato, una de las herramientas que se utilizan para intentar aumentar la oferta. «Se ha dejado de construir porque es más costoso y porque, para hacerlo, se necesita un tiempo del que la administración ha considerado que, por la emergencia existente, no dispone», remarca Lambea, quien apuesta por una estrategia mixta y constante entre compra y construcción.

«Sería necesario un estudio exhaustivo que detallara la oferta y la demanda por zonas geográficas», añade. En la misma línea, el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios del Tarragonès, Diego Reyes, opina que «no se pueden iniciar acciones sin tener una visión amplia de la situación». «La compra de viviendas es una iniciativa que busca un mejor precio, pero si hacen falta, por poner un ejemplo, 10.000 viviendas, y únicamente compro 700... El sector público no está haciendo lo suficiente para cubrir las necesidades de la sociedad», añade.

Para la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Reus, Sandra Casanova, «se especula mucho con la vivienda sin tener en cuenta las necesidades reales de las familias». «Es muy, muy difícil encontrar viviendas de este tipo; de hecho, hay gente que las consigue y posteriormente las alquila», añade.

El experto inmobiliario y director de estudios de la plataforma Pisos.com, Ferran Font, observa que «ha faltado una apuesta clara y continuada por las VPO, con una gran dotación presupuestaria». «Estamos lejos de los estándares europeos, y si no hay vivienda pública, toda la presión de la demanda recae en el mercado libre, lo que provoca la subida de precios», añade.

Una oferta restringida

El frenazo de las promociones de VPO provoca que, en consecuencia, el grupo de personas que optarían a vivir en estos pisos también se constriña. En palabras de Lambea, «si antes se intentaba ampliar el espectro de personas que podrían acceder, ahora se va exclusivamente a la emergencia». Por lo tanto, la clase media-baja se encuentra en un brete: no poder acceder a algunos programas sociales ni tampoco poder pagarse una vivienda por su gran coste.

En palabras de Reyes, «se inician pocos pisos porque el mercado no asume el precio de las viviendas». Entre los costes de iniciar una vivienda nueva y la dificultad posterior de la ciudadanía para acceder a ella, el promotor indica que los constructores se lo piensan dos veces antes de lanzarse a la piscina. «Está clarísimo que hay una necesidad de vivienda», sostiene, «pero la Administración está descargando su responsabilidad en la iniciativa privada; la gente quiere comprar, pero no se están aportando los recursos necesarios para que esto suceda», sentencia.

A partir de aquí, la legislación catalana de urbanismo prevé que los planes de ordenación urbanística municipal (POUM) –salvo algunas excepciones– deben reservar para VPO, como mínimo, el terreno correspondiente al 30% de aquel calificado para el uso residencial de nueva implantación. No obstante, es un artículo que, a la práctica, los Ayuntamientos no acostumbran a reflejar en sus respectivos POUM.

Para Lambea, «es complicado exigir a un promotor la construcción de un % de vivienda protegida cuando no se le dan las herramientas suficientes». En este sentido, Reyes apunta a que «al final, lo que pueden provocar este tipo de normativas es que se desanime a cualquiera que quiera construir».

Casanova prevé que «cuando finalice la moratoria antidesahucios, muchas familias van a quedarse sin techo y en una situación complicada, ya que no tendrán donde ir, no hay ni parque de vivienda ni alternativas».

Las estadísticas de los últimos años respecto a la construcción de VPO no llaman al optimismo. Por el momento y debido a la situación de emergencia, parece que se apuesta por otro tipo de estrategias para nutrir rápidamente al parque de pisos sociales. No obstante, los expertos coinciden en advertir que no se descuide la iniciación de este tipo de inmuebles por aquello de no poner todos los huevos en la misma cesta.