La sentencia del Tribunal Supremo de noviembre de 2020, que anuló la totalidad el POUM de 2013, supuso la paralización de todos los planes parciales, que quedaron excluidos de las normas transitorias urbanísticas. Este escenario ha hecho que algunos de los promotores que ya habían iniciado su tramitación administrativa reclamen al Ayuntamiento una compensación patrimonial por las ‘pérdidas’ que les ha comportado esta situación, unas demandas, de momento, de carácter administrativo que podrían acabar en el juzgado.
Según ha podido saber el Diari, el valor total de los recursos interpuestos asciende a 12.555.990,5 euros. La más cuantiosa corresponde a la sociedad Mas Maneguet SA, impulsora del Pla Parcial Urbanístic 43, más conocido como el de Mas d’en Sorder, que afectaba a los terrenos junto al campo de golf Costa Dorada.
En este caso, la cantidad reclamada asciende a 7.810.286,21 euros, ya que la paralización de esta inversión –que preveía la construcción de 236 viviendas de alto standing y la rehabilitación de la antigua masía para un hotel rural con encanto– llegó cuando prácticamente tan solo faltaba la licencia de obras. Mas Maneguet SA no tan solo reclama el coste de los proyectos y de los informes técnicos, que ya estaban aprobados, sino que también considera que el Ayuntamiento debe hacerse responsable de algunas de las inversiones que se habían hecho en las instalaciones deportivas, ya que estas afectaban a la reordenación de los espacios en los que debía encajarse la futura zona residencial.
La empresa, que no ha querido hacer declaraciones al respecto, también considera que la administración tiene que hacerse responsable del perjuicio económico que comportó la paralización del proyecto, cuando ya se había iniciado el proceso de venta de las viviendas. En concreto, se había recibido la paga y señal correspondiente a la entrada de más de veinte de estos inmuebles, cuya construcción estaba previsto que se iniciara en 2019, antes de que el Equipo de Gobierno decidiera reconsiderar este sector.
Terbuluc SL, impulsora del plan parcial 62, es otra de las sociedades que exige una responsabilidad económica al Ayuntamiento de Tarragona. En este caso, la cantidad asciende a 3.652.897,65 euros, que es el coste que los promotores del sector Culubret aseguran que tuvieron que sufragar en cuanto a la redacción de los proyectos. En este caso, la sentencia del alto tribunal también llegó cuando ya se había hecho la aprobación inicial de un proyecto en el que el peso importante de la inversión correspondía a una superficie comercial especializada en materiales de la construcción.
Quim Culubret afirma que la suma demandada «no sustituye el sufrimiento y los quebraderos de cabeza» de los últimos meses, cuando se esperaba que el sector podría prosperar con las normas. «No cubrimos la ilusión del proyecto que teníamos entre manos, pero es un derecho legítimo, que debe permitirnos recuperar el perjuicio que nos ha comportado todo esto», añade.
En cuanto a las otras dos reclamaciones, una corresponde a la sociedad Promociones Terres Cavades SA y Junta de Compensació de Provisional de la Urbanizació del Pla Parcial 24, que afecta al sector de La Budellera. Esta última ya se ha disuelto, ya que el futuro de los terrenos entre la Vall de l’Arrabassada y Cala Romana está sujeto al futuro POUM que se está redactando. Pese a ello, los propietarios que formaban parte de la junta de compensación solicitan una indemnización que asciende a 779.971,53 euros para sufragar los gastos de la redacción de los proyectos. En este caso la tramitación era incipiente, después de que se habían tumbado las tres primera versiones del plan y se estaba ultimando la cuarta.
Finalmente, la Junta de Compensació Provisional del Pla Parcial Urbanístic -41, que afecta a la Vall del Llorito, reclama otros 312.835 euros.
El Ayuntamiento de Tarragona confirma que la tramitación de estas reclamaciones es «una consecuencia habitual en un escenario de cambio normativo». Por este motivo, asegura que «hay que esperar a la resolución definitiva de las reclamaciones por tal de poder hacer las valoraciones». Y es que el procedimiento que ahora se abre todavía tiene un largo recorrido por delante.
Primero, el Ayuntamiento enviará una propuesta de resolución a la Comissió Jurídica, que la estudiará antes de hacer un dictamen preceptivo, aunque no vinculante, sobre al respecto. A partir de ahí la administración local dictará una resolución, que en el caso de no ser satisfactoria para estos promotores, podría comportar la apertura de la vía judicial. Este es el procedimiento que han seguido nueve personas, que ya han presentado su recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de aprobación definitiva de las normas subsidiarias, por parte de la Comissió de Territori de Catalunya. En este caso, estamos hablando de empresas principalmente vinculadas al sector del camping. Es el caso de C. de Barraquer SA, Agrocamping SA, Miragloria SL, Eduardo Martínez-Consetino Justo, Mas Grimau SA, Mas de l’Hereuet SA, Souca SA, Quarry SL y Camping Trillas SL.