La sentencia del Tribunal Supremo de noviembre de 2020, que suspendía el POUM de 2013, cambió de un día para otro las reglas del juego en materia urbanística. Una situación que se solventó con la tramitación por la vía de urgencia de las normas transitorias urbanísticas, que frenaban algunos de los planes parciales, mientras se mantenían los polígonos de actuación y los planes de mejora urbana.
Este escenario ha comportado que se hayan presentado un total de nueve recursos contenciosos-administrativos, sobre los cuales deberá pronunciarse el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que es quien tiene las competencias en materia de planeamiento general.
El Ayuntamiento confirma la cifra y asegura que a día de hoy se han presentado los escritos de interposición, de forma que de momento desconoce el por qué de estos recursos y, por tanto, la motivación por la cual se habrían presentado. «Sabemos que los han interpuesto y el quién, pero no tenemos el contenido y, por tanto, no podemos valorarlo», afirma el concejal de Territori, Xavier Puig. Algunas de estas impugnaciones corresponderían a un mismo afectado.
La administración local asegura que la presentación de recursos «es algo habitual en estos casos». Y al respecto recuerda que la aprobación del POUM de 2013 comportó hasta 24 demandas en este sentido. Asimismo, el Ayuntamiento hace hincapié en que estos contenciosos-administrativos son «en contra del acuerdo de la Generalitat», que en última instancia es quien tramitó y aprobó el contenido de las normas. «Otra cosa es que nosotros podamos presentarnos como codemandados en defensa del interés municipal, cosa que haremos», argumenta el tercer teniente de alcalde.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Tarragona asegura que el plazo de impugnaciones era de dos meses y que este ya ha vencido, por lo que no se espera que se presenten nuevas impugnaciones en adelante.
Culubret y Mas d’en Sorder exigen una responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento
No obstante, el tsunami que acarreó la suspensión del anterior plan general todavía podría tener nuevas consecuencias. Y es que, en paralelo, en los últimos meses el Ayuntamiento ha recibido dos demandas de responsabilidad patrimonial, a través de las cuales se exige a la administración local que asuma los gastos que ha supuesto la suspensión de estos planes parciales.
Una de estas corresponde al Pla Parcial 62, conocido como el sector Culubret y que afectaba a los terrenos junto a la carretera del Pont d’Armentera, a la altura de los depósitos de Ematsa aproximadamente. En este caso, la sentencia del alto tribunal que anuló el POUM llegó cuando se estaba finalizando la tramitación administrativa para poder iniciar un proyecto que preveía una superficie de 2.500 metros cuadrados, especializada en la venta de materiales de la construcción. En un primer momento se valoró si podía ‘salvarse’ el plan, a causa del avanzado estado de tramitación. Pese a ello, en el último momento, los promotores del Culubret vieron como tenían que posponer la inversión prevista, hasta que no se apruebe un nuevo POUM. «Llevábamos muchos años con el proyecto, lo que nos ha comportado muchos gastos en cuanto a arquitectos, abogados, tiempo y salarios, por lo que estamos en nuestro derecho a reclamarlo», apunta Quim Culubret.
El Partido Popular lamenta que «es un claro ejemplo de que no hay un modelo de ciudad ni urbanístico claro»
En este caso, el proceso se abrió en contra del Ayuntamiento y en segunda instancia la Generalitat y, en el caso de que la reclamación sea desestimada los promotores tendrán la opción de acudir al contencioso-administrativo, hecho que ahora mismo no se descarta. Pese a ello, estos afectados reconocen que será un procedimiento largo, que puede prolongarse «hasta tres años».
También han acudido a esta vía los promotores de Mas d’en Sorder. En este caso, la suma que reclaman no ha trascendido aunque podría ser sustancial, ya que estos aseguran que algunas de las obras de mejora que se habían llevado a cabo en la zona deportiva estaban vinculadas a la construcción de la nueva zona de viviendas, e incluso ya se había empezado su venta. Al respecto, Puig defiende que «las normas no podían contener planeamiento derivado, es decir, planes parciales y así nos lo marcó muy claro la Generalitat, que es quien lo aprobó».
«Podemos entender los intereses privados y particulares de la gente, pero aquí hay una institución y una Llei d’Urbanisme que cumplir y unos intereses públicos a defender», añade el responsable de urbanismo. El Ayuntamiento defiende que lo que prevalió es que «las normas fueran seguras» y que «no hubiera puntos débiles importantes». «Si hubiéramos incluido estos sectores, las normas hubieran sido altísimamente impugnables por parte de otros colectivos, con el riesgo consecuente de que un juez las tumbara en su totalidad, por este motivo seguimos un criterio prudente, que trataba a todos por igual», concluye.
El Partido Popular, que es quien ha denunciado los hechos, hace una valoración «muy negativa» de lo que ha comportado la aprobación de las normas urbanísticas. «Es un claro ejemplo de que no hay un modelo de ciudad ni urbanístico claro», asegura su portavoz, José Luis Martín.
