Representantes sindicales de Sanejament Urbà se presentaron ayer en el pleno municipal que, debido a desperfectos en el techo del salón de plenos, tuvo que celebrarse en el Palau de Congressos. Los trabajadores, que aseguran que se presentarán en el siguiente pleno, acudieron con pancartas pidiendo la dimisión del concejal de Neteja, Jordi Fortuny. El origen de la protesta está en el hecho de que los lotes 1, 2 y 3 del contrato de limpieza y recogida de basura quedaran desiertos.
El alcalde Pau Ricomà se dirigió a ellos antes de comenzar la sesión para pedirles tranquilidad y asegurarles que los derechos de los trabajadores son una prioridad para el consistorio.
La concejal no adscrita, Sònia Orts, pidió no jugar con la situación de cientos de trabajadores y familias. Mientras, la portavoz del PSC, Sandra Ramos, pidió humildad al gobierno y preguntó si seguirá siendo Fortuny quien lidere el proceso o si, visto el resultado, se contará con la concejal de contratación.
Además del futuro del contrato de la basura, durante el pleno el concejal de Territori, Xavier Puig, señaló (en respuesta a una pregunta del grupo socialistas) que las obras del muro de la Escola el Miracle, que se derrumbó debido al temporal de Santa Tecla, muy probablemente no terminarán hasta abril del año que viene. Puig aludió a la complejidad de las obras, pero aseguró que una vez acabada los patios de la escuela estarán conectados.
Mociones aprobadas
Todas las mociones presentadas ayer fueron aprobadas. La primera fue del grupo municipal del PP «en defensa de la sanidad, ante el déficit de especialistas de medicina familiar y comunitaria». Pese a que salió adelante, los populares cosecharon la crítica del PSC, Comuns, CUP y ERC que reprocharon la actuación del PP cuando ha estado en el gobierno e hicieron alusión a la crisis de la sanidad madrileña.
También se aprobó la petición de la CUP de crear un plan de choque para garantizar una vivienda digna en la que se hizo especial mención de los bloques ‘de colores’ de Campclar.
Una de las mociones que generó más debate fue la de apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular para pedir una regularización extraordinaria de las personas migrantes propuesta por Junts a la que se sumaron la CUP y Comuns. La concejal de Nova Ciutadania, Paula Varas (ERC), señaló que unas 3.000 personas migrantes en la ciudad están en situación irregular.
