Se acaba la gallina de los huevos de oro para el Ayuntamiento de Tarragona. Quince años después de culminar la esperada segregación de la Canonja, el próximo 2025 será el último ejercicio en el que el consistorio de la Plaça de la Font podrá cobrar un pellizco de los diez millones de euros anuales que las empresas del polígono sur pagan cada año en impuestos.
A partir del 2026, dentro de solo 14 meses, la Canonja pasará a recaudar ya el 100% de los tributos, dejando Tarragona a cero tras culminar el proceso de transición pactado en su momento. En el primer año, en 2011, Tarragona ingresó el 60%, por el 40% de la Canonja. Desde entonces –en tramos de cinco años del 3%, 4% y 5%– el municipio liderado por Roc Muñoz (PSC) ha ido incrementando su porcentaje de cobro, dejando a su antiguo socio con apenas un 5% para el próximo año. De hecho, en el presupuesto municipal que el alcalde Rubén Viñuales (PSC) aprobará este próximo viernes con los apoyos de Junts y ECP se ha previsto una partida de 497.000 euros para los ingresos de la química.
Con todo, la Canonja ingresará en 2025 unos 9,5 millones de euros, pasando a percibir 10 en 2026 sobre un presupuesto que, en 2023, era de 14 millones, con un sobrante de tesorería que fue de siete millones. Todo ello redondea una economía saneada, con una ratio de deuda del 0,21% –Tarragona la tiene del 68%– permitiéndose el lujo de bajar un 23% el IBI para el próximo año y contando con equipamientos como el nuevo Espai Mammuthus o comprar y derribar el antiguo Vicente Ferrer.
«Pacto equilibrado y justo»
Joan Aregio fue el presidente de la comisión paritaria que negoció hasta 2007 con la Canonja bajo el mando del gobierno municipal liderado por el alcalde Joan Miquel Nadal (CiU). «La segregación y sus condiciones fueron aprobadas, tanto en el Ayuntamiento como en el Parlament de Catalunya, por unanimidad. Quien lo votó sabía que, de independencias, solo hay una: no tutelada, siendo 100% competente en su término municipal, no a medias», afirma el exteniente de alcalde, quien entre 1995 y 2007 llevó los números de la administración municipal.
A juicio de Aregio, los 15 años de periodo transitorio hasta llegar al 2026 «fue un acuerdo correcto que permitía, por una parte, que la Canonja se desarrollara de una manera ordenada, mientras que Tarragona tenía tiempo para adaptarse a la nueva situación. Fue un pacto equilibrado y justo», añade.
Alternativas para ingresar más
Por su parte, Josep Fèlix Ballesteros (PSC) fue el alcalde que gestionó la marcha definitiva de la Canonja. «En 2003, Nadal nos ganó por solo mil votos, y en la Canonja le sacamos 3.000. Poco después decidió acelerar el proceso», recuerda el exPrimer Edil, quien recuerda que, tras la segregación, «nos pusimos muy seriamente a trabajar para poder compensar, en gran parte, lo que perderíamos. Por esto diseñamos el Pla Estratègic 2022», indica.
Ballesteros está convencido de que «en gran parte» se han logrado inversiones que cada año aportan «mucho más dinero en tributos que en 2010» a las arcas municipales. «Reactivamos el plan parcial comercial frente a Torreforta, donde ahora está el Wala, que hasta entonces estaba vacío. Solo en aquella zona ya se paga tanto en IAE como una empresa química», recalca Ballesteros, quien también pone sobre la mesa la puesta en marcha del nuevo barrio de Ponent junto al Anillo Mediterráneo. «Allí habrá la nueva Monegal, la residencia Fiatc, viviendas, un centro comercial...».
Asimismo, en otoño del 2010 abrió El Corte Inglés, mientras que también «se facilitó el desarrollo del Port», indica Ballesteros. «Al final, estamos hablando de 10 millones sobre un presupuesto de 200. Tarragona debe ser capaz de ponerse las pilas porque estamos en un enclave estratégico».
Replantear el sistema impositivo
El grupo municipal de ERC se muestra especialmente crítico con el acuerdo de segregación. «La decisión que se tomó en su momento, impulsada por Ballesteros y el gobierno socialista, ha sido un mal negocio para la ciudad. Seguiremos soportando las consecuencias negativas sin ningún tipo de compensación», lamenta la portavoz, Maria Roig. La edil republicana expone que «esta situación es injusta e insostenible», y considera que «es el momento de replantear un sistema impositivo más justo, que tenga en cuenta el territorio, los beneficios y las cargas que asume cada uno. Tarragona merecía más garantías y mejores condiciones en la segregación».
Paralelamente, mientras que Maria Mercè Martorell (PP) avala «que se cumplan los acuerdos», Jordi Collado (ECP) pide una «reflexión» sobre «gobernanza, fiscalidad y contaminación» del polígono industrial. «La independencia de la Canonja no es cuestionable desde un punto de vista histórico, pero en el marco de la conurbación territorial coge más sentido que nunca la creación de un CRT para la química, no solo en la Canonja, sino en la Regió Metropolitana», indica el edil de la formación progresista, quien también enfatiza que «no puede ser que nos contaminemos todos y solo cobre uno». Por ello, pide a Ayuntamiento y Generalitat que «es necesario impulsar el estudio sobre la calidad del aire».
