En el mes de marzo de 2006, en zonas rurales del interior de Tarragona –Priorat y Baix Camp– y de Lleida –Les Garrigues– se dispararon los robos en viviendas. En una misma noche, los ladrones podían actuar en pueblos diferentes y, si alguno era más grande, en dos o más viviendas. Los delincuentes desvalijaban la casa –o el establecimiento– y se llevaban todo lo que podían, desde jabones a un acordeón, pasando por herramientas, electrodomésticos o ropa. Todo servía para hacer más grande el botín.
La actuación de este grupo, muy bien organizado, levantó todas las alarmas. Tanto que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) –un grupo especializado de la Guardia Civil– se desplazaron desde Madrid para colaborar en la investigación con la Policía Judicial de la Comandancia de Tarragona. No fue una labor fácil. Pero al cabo de tres meses, los agentes determinaron –principalmente gracias a la triangulación de los teléfonos móviles de los ladrones– el lugar donde estaban: en medio de un bosque entre Maspujols y Les Borges del Camp.
Finalmente, a finales de mayo, un amplio dispositivo policial cercó el campamento y detuvo a cinco de los intregrantes de la banda –el sexto logró huir, pero fue arrestado días después–. Se hallaron dos zulos con una mínima parte del botín sustraído –el resto ya había sido enviado en camiones a Rumanía–. Tres años después, la Audiencia Provincial de Tarragona los condenó.
La investigación de la Guardia Civil se inició a raíz del robo de una caja fuerte –que contenía 47.000 euros–de la oficina de Caixa Tarragona en Horta de Sant Joan el 29 de noviembre de 2005. En su huida bloquearon la principal carretera de acceso con troncos.
Los agentes buscaron los móviles que estaban conectados a la torre más cercana a cada uno de los robos para cribar e identificar los teléfonos de los delincuentes
Pero la mayoría de los asaltos
–ninguno de ellos violento ni con intimidación– se fueron sucediendo en municipios muy pequeños. No iban solo por los objetos valiosos, sino todo lo que tenían a su alcance. De una masía de Vilallonga del Camp se llevaron un acordeón, mientras que ropa deportiva y una tabla de snowboard fueron sustraídas de una tienda situada en el polígono industrial La Drecera, en La Selva del Camp. De la farmacia de L’Aleixar se llevaron champús, geles y cremas. En El Vilosell sustrajeron los faros de un turismo Audi creyéndose que eran de xenón. De una tienda de Reus se apoderaron de un quad. De una masía de la zona de Vinyols, del interior de un monovolumen, cogieron un DVD que había para que los niños se distrajeran durante los viajes.
La banda tenía dos o tres vehículos propios, mientras que el resto que utilizaba –principalmente furgonetas– los robaba. En Vilosell se llevaron dos furgonetas, una de ellas del alcalde. También las sustrajeron de la zona de Riudoms y otra en Cornudella de Montsant. Dejaban los vehículos en la zona de la escuela de Les Borges del Camp.
La Policía Judicial de la Guardia Civil se vio desbordada por el alarmante incremento de robos –siempre de noche– y en municipios diferentes y con el mismo modus operandi. Ante ello, agentes de la UCO se trasladaron a Tarragona para colaborar con la investigación ya que tenían más medios tecnológicos. Al principio solo venían unos días y volvían a Madrid.
Partir desde cero
Por aquel entonces se contaba con muy poca –casi nula– información sobre los ladrones. Ninguna patrulla los había podido detectar. Tampoco había testigos. Sí que se contó con datos recogidos por Mossos d’Esquadra. Al parecer, había seguido al grupo por la zona de Girona, pero les perdieron la pista cuando dejaron de actuar en aquella zona. Entonces se sabía que el grupo estaba formado por cinco o seis individuos.
La UCO comenzó a trabajar en base a los móviles de los delincuentes, aunque se desconocía qué número tenían. Fue un trabajo de chinos. En cada robo cometido, los agentes buscaron el repetidor más cercano para ver qué teléfonos estaban conectados a aquella torre a la hora de cometerse el hecho delictivo. Y así uno a uno. Los datos obtenidos se fueron cribando con un programa que tenía la UCO y se logró saber los números de teléfono, una información que se tardó meses en conseguir. Ello fue la clave para poder detectar la zona por la que se movían.
Con los números de teléfono triangularon dónde se podían encontrar los delincuentes. Finalmente, tras semanas de trabajo, lo lograron: en un bosque entre Les Borges y Maspujols. Entonces comenzaba una segunda parte del trabajo, que se hizo a pie, para localizar el escondite exacto. Finalmente lo detectaron. Estaba, entre pinos y en medio de de basura. Los agentes de la UCO nunca habían visto nada igual. «Era una manera de trabajar –los delincuentes– novedosa», reconocieron.
Cuando todavía era de noche, el 26 de mayo un centenar de agentes –de la UCO, Policía Judicial, GRS, etc– se concentraron en Les Borges del Camp para prepararse para dar el asalto final. Comenzaba así la Operación Filón. A las siete y media –se esperó a la salida del sol para evitar posibles fugas–, después de recorrer los 700 metros que separan de la zona urbana, se rodeaba el campamento para detener a los sospechosos. Estos se vieron sorprendidos por los agentes –dormían–. Uno de los ladrones logró huir, aunque en su día se informó oficialmente que no estaba en el interior del cerco. No les dio tiempo de reaccionar. Con la banda rodeada, un helicóptero comenzó a sobrevolar la zona.
Basura, mucha basura
La suciedad y la basura era inmensa, entre malos olores y muchas moscas. La banda vivía en una especie de tiendas de campaña improvisadas con palos y mantas, y dentro colchonetas. Fuera tenían el hornillo para cocinar, con sus paellas y sus ollas. Y mucho material por el suelo: espaguettis, huevos, botellas de brandy, una cafetera, garrafas de cinco litros de aceite, paquetes de harina, bebidas de cola, cervezas y muchas revistas pornográficas. La mayor parte de la comida había sido robada. Solo unas bandejas de carne habían sido adquiridas en un supermercado. También tenían cordeles para tender la ropa. Los agentes pidieron autorización judicial para poder registrar las tiendas de campaña. En el campamento fue hallada documentación de alguno de los robos.
Había tanta acumulación de basura que un agente sufrió una picadura en un codo –se le infectó– sin que él se diera cuenta hasta el cabo de horas. Se le comenzó a hinchar tanto que tuvo que ir al hospital. Le quitaron los dientes de un insecto que se había quedado dentro.
Hasta el momento de la detención, ninguna patrulla había logrado detectar a este grupo de ladrones muy bien organizado
Pero en dicho campamento no había ni un objeto sustraído. Y ello a pesar de que uno o dos días antes habían estado robando. Los investigadores apostaban que la banda tenía un escondite cercano. Y hallaron no solo uno, sino dos. Uno estaba debajo de un puente del ferrocarril de la línea Reus-Móra y el otro bajo un puente de la carretera. En el primer zulo había un quad desmontado y empaquetado listo para ser enviado. Otro paquete contenía radiales y motosierras. El material sustraído no tardaba mucho en ser remitido a Rumanía.
Paralelamente, se recuperaron más de una decena de vehículos robados.
El sexto implicado
El mismo día en que los cinco detenidos pasaron a disposición del Juzgado de Gandesa –por tener jurisdicción del primer delito que se les imputada, el asalto a Horta de Sant Joan– en un locutorio de Reus era arrestado el sexto miembro de la banda. Desde hacía días, los agentes iban tras su pista ya que iba de establecimiento en establecimiento intentando vender su móvil para conseguir dinero en efectivo. Al contrario que sus compinches, este ya estaba fichado después de haber sido detenido por los Mossos por dos robos y con una furgoneta con material para cometer robos.
Un sexto miembro logró burlar el cerco policial y fue arrestado cuando intentaba vender su móvil para conseguir dinero en efectivo
El detenido en Reus fue llevado directamente a los Juzgados de Gandesa, donde ya estaban sus cinco compañeros. Durante sus declaraciones –en su día se negaron a hacerlo ante la Guardia Civil– manifestaron ser inocentes. Su abogado argumentó ante los periodistas que sus clientes estaban acampados en Maspujols para buscar trabajo en la zona. La jueza no se creyó esta versión y decretó prisión provisional contra los seis.
La condena
El 2019, el fiscal acusó a los detenidos de los delitos de asociación ilícita (pedía tres años de prisión y multa de 8.640 euros), tenencia ilícita de armas (un año), resistencia a agentes de la autoridad (un año), seis faltas de lesiones (72 días de localización permanente), lesiones (dos años), un delito continuado de robo (seis años y tres meses) y otro continuado de robo de uso de vehículo ( multa de 4.320 euros). En total 13 años y tres meses de prisión.
Antes de la celebración de la vista oral, el fiscal y las defensas llegaron a un acuerdo sobre las penas, que se rebajaron a más de la mitad. A los cinco detenidos in situ se les impuso cinco años y medio y multa de 3.240 euros. Se retiraron los cargos de asociación ilícita y del resto de delitos se rebajaron sustancialmente las penas. Al sexto se le impusieron cuatro años y medio de cárcel.