El Ayuntamiento de Tarragona cederá una finca junto al río Francolí al Servei Català de la Salut, que será habilitada como helipuerto provisional, mientras se llevan a cabo las obras de remodelación del hospital Joan XXIII. A causa de estos trabajos, las instalaciones quedarán inoperativas temporalmente, por lo que se ha tenido que buscar un nuevo emplazamiento para organizar el traslado de los pacientes de carácter grave o críticos.
En concreto, la finca está ubicada en la Partida Illa Rec Major, en el polígono 36, parcela 19, unos terrenos que ahora utiliza la Brigada Municipal como vivero. De hecho, encontrar este emplazamiento no fue fácil. Así lo explica el concejal de Territori del Ayuntamiento de Tarragona, Xavier Puig, quien asegura que previamente «se habían descartado varias alternativas». En un primer momento la búsqueda se centró en las fincas contiguas al centro hospitalario. «Había algún solar, que se utiliza como aparcamiento, pero el problema es que son terrenos que pueden desarrollarse en cualquier momento y, por tanto, esta opción no nos servía», añade el edil republicano.
Junto con la proximidad, otro de los condicionantes es que el solar en cuestión debía ser amplio, para realizar las maniobras de despegue y aterrizaje con seguridad, sin presencia de cableado eléctrico o de vegetación. Esto facilitó que se descartaran algunas de las opciones que se habían contemplado, como es el caso del aparcamiento disuasorio junto a la Horta Gran. «Implicaba cortar algunos de los árboles e inhabilitaba una parte del aparcamiento a corto plazo», indica Puig.
Otra de las opciones que se descartó fue el plan parcial 10 o la posibilidad de utilizar las instalaciones del 112, ya que se consideró que en ambos casos quedan muy alejadas del centro hospitalario. Así que, finalmente, el Ayuntamiento se decantó por esta posibilidad que «está a un tiro de piedra» y que «no está muy transitada».
La cesión es de carácter gratuito y ahora está en fase de exposición pública, en la sede electrónica del Ayuntamiento. Pasado el periodo de veinte días se formalizará el acuerdo mediante el cual la finca pasará a manos de la administración autonómica por un periodo máximo de seis años. Esta es la previsión que se ha calculado, para poder volver a utilizar las instalaciones actuales. El inicio de las obras para el nuevo hospital se fijó para finales de este año, aunque la pandemia lo ha retrasado.
