Iqoxe, la empresa que el 14 de enero de 2020 sufrió en uno de sus reactores la mayor explosión que se recuerda en el polígono petroquímico de Tarragona causando la muerte de tres personas, ha solicitado a la jueza su absolución de la causa. Así lo pide en un recurso de reforma presentado el pasado 12 de julio ante el juzgado de Instrucción número 1 y que aún no ha sido resuelto por parte de la magistrada que ha instruido la investigación previa, Sofía Beltrán Miralles.
El documento registrado por la empresa, al que ha tenido acceso el Diari, es una alegación contra el auto que la jueza firmó el pasado 14 de junio, en el que cerraba la fase de instrucción de la pieza principal con la opinión de que existen indicios de la comisión de tres delitos: imprudencia grave con resultado de muerte y lesiones; otro contra los derechos de los trabajadores; y un tercero por estragos. En el auto, la jueza apunta contra los tres principales directivos en el momento de la explosión: el director general, José Luis Morlanes; el director de planta, Juan Manuel Rodríguez Prats; y el responsable de seguridad, Gerard Adrio, a quienes achaca los posibles delitos de imprudencia grave con resultado de muerte y lesiones, así como el de atentar contra los derechos de los trabajadores. Por lo que se refiere a la propia empresa, le achaca el delito de estragos, «al producir MEPG-500 con infracción de las normas de seguridad según resulta indiciariamente de lo actuado», indica la magistrada, quien recuerda que la actuación de la compañía provocó «un riesgo concreto para la vida, la integridad o la salud de las personas o para el medio ambiente», al gestionar «sustancias inflamables o corrosivas, tóxicas y asfixiantes».
Oposición de Tarragona
Ahora, Iqoxe ha presentado una contundente respuesta a la magistrada, asegurando que de la investigación llevada a cabo durante los tres últimos años «no se han aportado elementos de cargo que permitan concluir la existencia de un defecto estructural en los modelos de prevención, vigilancia y supervisión de la compañía», añadiendo que «de la documentación aportada, se constata que los mecanismos de prevención implantados existían y eran adecuados, con independencia de la final ocurrencia de los hechos objetos de investigación».
En el escrito, la defensa de Iqoxe considera que el auto de la jueza «debería reflejar de forma detallada si se cumplen los requisitos de los tipos delictivos que se le achacan», y critica que la resolución de la magistrada que envía a juicio a tres directivos y a la propia empresa se hace «con abstracción de las pruebas periciales, tomando solamente pruebas personales practicadas en el ámbito de la investigación policial, cuyos interrogatorios están plagados de defectos». Por todo ello, el letrado de la empresa, Emilio Zegrí de Olivar, considera que «debe revocarse» la decisión de la magistrada y «acordar el sobreseimiento de las presentes actuaciones respecto a Iqoxe», instando a su absolución.
Tras tener conocimiento del recurso de la compañía, la acusación del Ayuntamiento de Tarragona alegó el pasado 6 de septiembre contra la impugnación de Iqoxe, al considerar que, del auto de la jueza, se evidencia «una amplia base indiciaria» de los delitos apuntados, a la vez que denuncia que el texto es únicamente «un compendio de jurisprudencia».
La firma plantea el archivo porque «los sistemas de prevención eran los adecuados»
CUP: 13 años para cada directivo
Paralelamente, la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) presentó el pasado 5 de septiembre su escrito de acusación, en el que por sobre de todo destaca el hecho de que solicita una pena de prisión más elevada que el Ayuntamiento de Tarragona para los tres principales directivos de Iqoxe imputados en la causa. Así, mientras que el consistorio pide entre 6 años y nueve meses y 10 años de cárcel para la cúpula de la empresa, los cupaires piden 13 para los tres, lo que se traduce en un total de 39, por los 25 de la administración local. De hecho, el letrado de los anticapitalistas califica exactamente de igual manera a Morlanes, Rodríguez Prats y Adrio: 13 años de prisión, 21 años de inhabilitación y una multa de 273.750 euros para cada uno, a razón de delitos contra los trabajadores, homicidio por imprudencia grave y estragos.
Otra de las diferencias entre el Ayuntamiento y la CUP es la petición de pena a Iqoxe como persona jurídica, a la que se le achaca un delito de estragos. Así, mientras que el consistorio propone una multa de unos 9 millones de euros por «el triple del montante que, hasta la fecha, ha pagado voluntariamente la empresa», que son unos tres millones, las cupaires tienen un doble criterio. El primero sería el de multiplicar por cuatro el «perjuicio producido» que se concrete económicamente en el juicio o, en su caso, una pena de 5.000 euros diarios durante tres años: 5,4 millones de euros.
Las cupaires piden 21 años de inhabilitación y 273.750 euros para cada directivo de Iqoxe
El escrito, según las fuentes consultadas, sigue el argumentario del auto del juzgado, incidiendo en la presunta desatención de los aspectos de seguridad de la empresa y la posible política laboral que se habría seguido desde que la misma había sido adquirida por los actuales propietarios, buscando en teoría la maximización de los beneficios en detrimento de los posibles riesgos.
En el escrito, asimismo, se recalca que de la instrucción se acredita que no existiría un plan de seguridad homologado y que no se habría informado de la fabricación del producto MPEG en las diversas modificaciones de autorizaciones ambientales. El tercer aspecto en el que hace énfasis la acusación es que se habría acreditado el riesgo general para la población, no solo en el resultado final, sino por el posible «efecto dominó» que podría haber existido a raíz de la explosión, según alertó la jueza en su auto del 14 de junio.
Eva Miguel (CUP): La retirada de La Canonja solo se entiende por la complicidad con el sector químico»
La diputada de la CUP por Tarragona, Laia Estrada, recalca que «la causa de Iqoxe, con todo lo que está poniendo de manifiesto la investigación, evidencia la carencia de fiscalización por parte de las administraciones, incluidos los diferentes departamentos de la Generalitat, como Acció Climàtica o Empresa y Treball. Esta causa, por lo tanto, debe servir para que la Generalitat despliegue y mejore todos los mecanismos que tiene a su alcance para garantizar la seguridad». Asimismo, añade que «hace unos meses logramos aprobar una moción en el Parlament que iba en esa dirección, pero más allá de una reunión inicial de declaración de buenas intenciones, no hemos sabido nada más. Si queremos garantizar que la explosión de Iqoxe sea un punto de inflexión, es necesario empezar a controlar todas las sustancias peligrosas que ahora no se analizan y endurecer legislaciones en materia de calidad ambiental y de seguridad industrial».
Por su parte, la también cupaire Eva Miguel denuncia «la falta de compromiso para depurar responsabilidades del Ayuntamiento de la Canonja» –que esta semana ha aprobado dejar la causa–, así como que «no se puede entender su decisión si no es para continuar con la connivencia y la complicidad con el sector químico, pase lo que pase».
