El Ayuntamiento de Tarragona pide 25 años de prisión para la cúpula directiva de Iqoxe, la empresa que el 14 de enero de 2020 sufrió una explosión en uno de sus reactores que acabó con la vida de tres personas: dos trabajadores de la compañía y un vecino de Torreforta que se encontraba en su domicilio, a más de 2,5 kilómetros de distancia de la planta ubicada en el polígono petroquímico sur, en el término municipal de La Canonja.
Según ha podido saber el Diari, la representación legal del consistorio –liderada por el abogado David Rocamora– registrará esta mañana su escrito de acusación ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona. En el documento, la administración municipal solicita un cuarto de siglo de cárcel, 50 años de inhabilitación y 358.000 euros de multa a la cúpula directiva de la empresa. En el escrito se apunta especialmente contra el exdirector general de la compañía, José Luis Morlanes, para quien solicita una pena de cárcel de hasta diez años.
Asimismo, la corporación local pide a la jueza otra de ocho años y nueve meses para el que era director de la planta hace tres años, Juan Manuel Rodríguez Prats, y seis años y nueve meses para el exresponsable de seguridad, Gerard Adrio. A todos ellos les acusa de haber cometido tres delitos: contra la Seguridad industrial, Homicidio imprudente grave y Estragos. Asimismo, la defensa municipal quiere que la magistrada imponga a Iqoxe una sanción económica de unos nueve millones de euros.
223.000 euros a Morlanes
El letrado Rocamora confirma a este periódico la petición de penas. Según las fuentes consultadas, en el escrito de acusación el consistorio apunta de manera contundente al consejero delegado de Iqoxe, José Luis Morlanes, porque en enero de 2020 dirigía la empresa. En su relato de los hechos, el Ayuntamiento entiende que Morlanes imponía una política de reducción de costes, gastos, con una insuficiente inversión en seguridad, lo que para la acusación del consistorio iba en detrimento de la seguridad de los trabajadores y las personas que pudieron verse afectadas por el accidente.
A raíz de esta argumentación, la administración local solicita una pena de diez años de cárcel para Morlanes, así como una multa de 223.250 euros y una inhabilitación de 21 años. Rocamora justifica esta petición en tres vías. La primera, por un presunto delito contra la Seguridad Industrial de los artículos 316, 317 y 318 del Código Penal, por lo que solicita una multa de 250 euros al día durante 12 meses (91.250), además de un año de cárcel. Asimismo, el abogado considera que el exdirector general habría cometido otro delito de Homicidio Imprudente grave, en base a los artículos 142 y 142.1 del Código Penal, por lo que solicita cinco años y seis meses de prisión y una inhabilitación de siete años para ejercer cargos en órganos de administración de la industria petroquímica. Finalmente, la acusación contra Morlanes también se fundamenta en un posible delito de Estragos, en base a los artículos 346, 347 y 348 del Código Penal.
Este último delito se refiere a «los que en la fabricación, manipulación, transporte, tenencia o comercialización de explosivos, sustancias inflamables o corrosivas, tóxicas y asfixiantes, o cualesquiera otras materias, aparatos o artificios que puedan causar estragos, contravinieran las normas de seguridad establecidas, poniendo en concreto peligro la vida, la integridad física o la salud de las personas, o el medio ambiente». Por ello se le pide dos años y seis meses de prisión, una multa de 18 meses a razón de 100 euros al día (54.000 euros) y una inhabilitación de ocho años para desarrollar el trabajo de director de seguridad en una planta de la industria petroquímica.
Prats: 15 años de inhabilitación
El consistorio también pide una importante pena contra el que fuera director de la fábrica de Iqoxe cuando se produjo la explosión, Juan Manuel Rodríguez Prats. El consistorio entiende que él controlaba la producción, los recursos humanos y todas las fases del proceso productivo que acabó en la trágica explosión de hace tres años y medio. Rocamora cree que ponderaba de manera secundaria la seguridad de los trabajadores, ejecutando las instrucciones de Morlanes. Para él, la acusación municipal reclama a la magistrada ocho años y nueve meses de encarcelamiento, 81.000 euros de sanción y una inhabilitación de 15 años. Rocamora le pide los mismos delitos que a Morlanes, pero con penas diferentes: nueve meses de prisión y 81.000 euros de multa por vulnerar la Seguridad Industrial; cinco años y medio y una inhabilitación de siete años para ejercer cargos en órganos de administración de la industria petroquímica por un delito de Homicidio Imprudente Grave; y dos años y medio de cárcel, 54.000 euros de multa y ocho años de inhabilitación para ser director de la industria petroquímica al haber cometido el delito de Estragos.
¿Actitud pasiva de Adrio?
El tercero de los directivos de Iqoxe que irá a juicio es el que fuera responsable de prevención de riesgos laborales, seguridad y servicios generales de la compañía, Gerard Adrio. Sobre él, la acusación de la corporación municipal de la Plaça de la Font recalca que estaba presente en la planta en el momento de los hechos, si bien el abogado Rocamora denuncia que habría actuado pasivamente, en detrimento de la seguridad de los empleados y faltando a la obligación de garantizar la seguridad de todos ellos. Por esto, se pide a la jueza una condena de seis años y nueve meses de cárcel, además de una sanción de 54.000 euros y una inhabilitación de 14 años.
Ante estos posibles hechos, la acusación del Ayuntamiento pide para Adrio seis meses de cárcel y una multa de 13.500 euros por la comisión de un delito contra la Seguridad Industrial; cuatro años de prisión y una inhabilitación de seis años para ejercer trabajos en materia de seguridad de la industria petroquímica por un posible delito de Homicidio Imprudente grave; y dos años y tres meses de prisión, 40.500 euros de multa y ocho años sin poder desarrollar trabajos de seguridad en la petroquímica por un presunto delito de Estragos.
Al sobrepasar todas las peticiones de condenas los cinco años de prisión, el abogado del consistorio solicita en su escrito de acusación que el caso pase a la Audiencia Provincial y no se quede en el juzgado de lo Penal, destacando que en los hechos no concurre ninguna circunstancia atenuante para los tres directivos.
Petición de sanción millonaria
Por lo que se refiere a la acusación a la persona jurídica, David Rocamora pide a la magistrada una sanción a Iqoxe de más de nueve millones de euros, que ingresaría a la hacienda estatal. El abogado de la representación municipal solicita esta cantidad en base al delito de Estragos, que resultaría de ser el triple del montante que, hasta la fecha, ha pagado voluntariamente la compañía: una de 1.059.500 y otras tres que Rocamora afirma que serían de unos dos millones de euros que, sumadas a la primera, darían una cantidad global de tres millones. El triple, serían nueve.
En el escrito de acusación, Rocamora indica que a través de la acción de los tres principales directivos encausados se habría procurado disminuir los gastos en prevención de riesgos y seguridad, minimizando los costes de explotación y ejecutando para ello políticas de desatención de sus obligaciones de cuidado y prevención respecto a los riesgos de la producción del producto que estalló, el MPEG500.
De hecho, en su acusación, el Ayuntamiento de Tarragona denuncia que la fórmula utilizada para la fabricación de la mezcla no había sido testada ni analizada en un laboratorio, ya que anteriormente se habría acreditado su elevada inestabilidad. Asimismo, el consistorio remarca que tampoco se dio formación a los trabajadores ni herramientas para minimizar el riesgo.