Quedan 367 días para las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023 y, en la Plaça de la Font, la vía judicial y el fuego cruzado están más activos que nunca entre el gobierno local –liderado por ERC– y el PSC. El último episodio se ha dado esta semana, cuando la representación legal del exalcalde socialista Josep Fèlix Ballesteros ha solicitado al juez que cite a declarar al alcalde Pau Ricomà (ERC) en el juicio de Inipro, que aún no tiene ni fecha. La defensa del exlíder del PSC considera que el actual máximo representante municipal «puede aportar información relevante sobre el caso».
Precisamente, conocer el motivo de la solicitud es ahora el gran enigma, ya que es la primera vez que alguien vincula a Ricomà con el caso de presunta financiación ilegal de la formación socialista por valor de 276.000 euros entre los años 2010 y 2012. Los hechos investigados –por los que el juez envía a juicio oral a Ballesteros, la exportavoz municipal Begoña Floria y a otros siete acusados– ocurrieron en el Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS), un ente del que ayer Ricomà recordaba que «nunca he formado parte». «Estoy sorprendido, Ballesteros debe explicar el porqué quiere que vaya a declarar. No sé de qué puedo ser testigo ni qué puedo aportar», se preguntaba ayer el líder republicano, quien considera que «en casos tan especiales como este los abogados buscan todas las maneras de preparar sus estrategias, pero me cuesta de entender porque me coge muy lejos: los hechos investigados pasaron cuando yo ni estaba en el Ayuntamiento».
«Me sorprende que me quieran citar a declarar por Inipro. Nunca he formado parte del IMSST»
Pau Ricomà
Alcalde de Tarragona
La petición de Ballesteros en su escrito de defensa llega después de que el Consistorio decidiera presentarse como acusación particular del caso, en una actuación que no gustó a los socialistas porque consideran que los intereses públicos ya los defiende la Fiscalía. Asimismo, la parte municipal solicita penas de cárcel para el exalcalde más elevadas incluso que la CUP. Y es que mientras las cupaires piden 13 años para el exalcalde, la acusación del Consistorio solicita 14 años y tres meses.
Al juzgado y a la Fiscalía
Paralelamente al caso Inipro, ambas formaciones también mantienen una dura batalla en la empresa municipal que gestiona Tarragona Ràdio. A principios de mandato, la dirección del ente decidió despedir al hasta entonces gerente y Cap Comercial, Josep Maria Bonet, quien desde finales de 2015 hasta junio de 2019 también ejerció como jefe de gabinete de Ballesteros. El exmáximo asesor del exalcalde denunció laboralmente a la firma pública, cobrando un total de 96.000 euros por parte del Ayuntamiento. Inicialmente percibió unos 25.000 por su despido como gerente, posteriormente recibió unos 34.000 más por su cese como director comercial y, después, otros 47.000 tras ganar un juicio. Después perdió otro pleito.
Posteriormente, el consejo de administración de la compañía pública avaló llevar a la Fiscalía un informe externo en el que se exponía que, durante la gestión socialista, se habrían pagado más de 800.000 euros a entidades, empresas y restaurantes «por actividades ajenas a la compañía». En noviembre de 2021, la presidenta de la emisoria local –Paula Varas (ERC)– acusó al anterior gobierno socialista de haber llevado a cabo «subvenciones encubiertas» y «pagos fantasmas o injustificados».
Por si no fuera poco, el 9 de mayo trascendió que el exgerente durante la época del PSC –Josep Maria Bonet, despedido como se ha dicho por el actual ejecutivo– ha denunciado tanto a la presidenta de Tarragona Ràdio como a la secretaria de la firma pública por «suplantación y usurpación de identidad y de atribuciones», al haberse hecho uso, presuntamente, de su firma digital tras el despido para pagar impuestos de la empresa a Hacienda. A día de hoy, pues, parece misión imposible que pueda haber un deshielo entre ERC y PSC a raíz del juicio electoral de las urnas de 2023. Al contrario, la relación parece condenada a seguir bloqueada sine die.
