Las trabajadoras del Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSS) no pueden más. Aseguran que las agresiones por parte de los usuarios son constantes y exigen a las administraciones velar por su integridad física. El último episodio tuvo lugar el pasado 22 de noviembre, cuando la Guàrdia Urbana detuvo a un hombre que estaba alterando el orden público en la sede de Serveis Socials del barrio de La Granja, en Torreforta. «No es un hecho aislado. Desgraciadamente, estos episodios son reiterados y requieren de una respuesta inmediata por parte de nuestros responsables», explica el colectivo de empleadas, a través de un comunicado. Por su parte, la concejala de Serveis Socials del Ayuntamiento de Tarragona, Inés Solé, asegura que es conocedora de lo que está ocurriendo y que, la semana que viene, las dependencias contarán con un servicio de seguridad.
Los trabajadores de los IMSS aseguran que las agresiones vienen de parte de personas que quedan excluidas de las ayudas públicas. «Las condiciones de desprotección en las que desarrollamos nuestro trabajo nos sitúan en un entorno de inseguridad y vulnerabilidad», defienden. El colectivo asegura entender, sin justificar la violencia, la desesperación de algunas personas y pide a las administraciones medidas que les protejan.
Reproche a la Generalitat
Por su parte, la concejala de Serveis Socials, Inés Solé, anuncia que, tras conversaciones con los afectados, se ha acelerado el proceso y, a partir de la semana que viene, la sede de La Granja (Torreforta) y la de la atención a personas sin techo (PAS) –ubicada en la Part Baixa–, contarán con un servicio de seguridad, gracias a un contrato exprés, a la espera del contrato general. En los próximos meses, el servicio se ampliará al resto de dependencias. Solé aprovecha para recriminar a la Generalitat la falta de recursos que ofrece para que los ayuntamientos puedan hacer frente a la crisis social que se está viviendo en los últimos tiempos.
