Héctor, vecino de Tarragona, afronta este viernes 31 de enero un desahucio en su piso ubicado en la calle d’En Granada, donde vive desde el abril del 2021.
En 2022, Héctor perdió su trabajo a causa de la pandemia de Covid-19, lo que le impidió cumplir con el pago del alquiler. Ante esta situación, recurrió a la Agència Catalana d’Habitatge y su servicio Ofideute para tramitar un alquiler social que le permitiera regularizar su situación. Sin embargo, según denuncian desde el Sindicat d’Habitatge de Tarragona, una cadena de negligencias por parte de la administración culminó en el traspapelamiento de su caso, el aumento de su deuda y el cierre de su expediente. Esto imposibilitó el avance hacia una solución.
La vivienda en cuestión pertenece a Finques Gasòmetre. En 2023, se inició un intento de negociación para regularizar la situación mediante un alquiler social, teniendo en cuenta la deuda acumulada desde que Héctor quedó desempleado. Pero ese traspapelamiento por parte de la organización hizo que la propiedad dejara de recibir avances del caso y lo cerrara, dejando así a Héctor sin alquiler social.
Actualmente, Héctor cuenta con una renta garantizada. Aun así, la propiedad exige que la Agència d’Habitatge Catalana intervenga de manera formal para reabrir el expediente y reanudar las conversaciones. Pero por ahora la Agència d’Habitatge de Catalunya no está dando respuesta a las peticiones de actuar.
El Sindicat d’Habitatge de Tarragona ha denunciado públicamente la falta de responsabilidad por parte de la administración y ha llamado a movilizarse para detener el desahucio. Héctor, por su parte, sigue esperando una respuesta que le permita conservar su vivienda.