El sector inmobiliario muestra sus dudas alrededor de la propuesta que hace el avance del POUM respecto al incremento de vivienda social. Asegura que puede comprometer la viabilidad económica de los nuevos sectores de crecimiento, a causa de las cargas que pueden representar para los promotores. «Por ley ahora debe haber un 30%, mientras vemos que el avance hace una propuesta de un 50%, y en algunos ámbitos, este porcentaje incluso asciende al 60%, lo que deberá estudiarse muy bien ya que puede hacer inviable su desarrollo de cara al sector privado», apuntaba el director de la Càtedra de l’Habitatge de la URV, Héctor Simón.
Simón hacía estas declaraciones en el marco de la mesa redonda organizada por la Cambra de la Propietat Urbana, donde se habló sobre los retos y oportunidades del futuro plan. La vivienda social copó buena parte de las intervenciones, después que la propuesta que dio a conocer la semana pasada el Ayuntamiento de Tarragona apuntaba que de las 22.619 viviendas nuevas que podrían construirse en la ciudad, 13.527 serán de protección oficial.
Por primera vez, esta cifra supera a la construcción de viviendas de renta libre, teniendo en cuenta que en este caso el total se sitúa en 9.092. «Lo que hace este avance es dibujar estas manchas de crecimiento. Es una primera propuesta que ahora los estudios económicos deberán determinar si las cargas son viables o no», decía el concejal de Urbanisme del Ayuntamiento de Tarragona, Nacho García. Al respecto, ya está en marcha la redacción de estos estudios, que harán un análisis «sector por sector» del borrador que presentó el gobierno municipal.
El abogado especialista en Derecho Urbanístico, Miquel Maria Nolla, se mostraba muy claro: «Si la carga de vivienda pública es excesiva ciertos sectores no serán sostenibles». Un punto de vista al que se sumaba desde el público el promotor José Luis García. «Con un 50% de vivienda de protección oficial los planes no se harán. Con el precio del suelo y que cada vez la parte de las infraestructura es más importantes, no se aguanta», decía.
A raíz de este debate salió a colación el caso de las Àrees Residencials Estratègiques (ARE) que planificó el Govern de la Generalitat para facilitar el acceso a la viviendo durante la crisis del ladrillo de 2008. Lo que se fijó es que la mitad de las nuevas viviendas que se planificaron serían de renta libre y el otro 50% de carácter social. «De las más de cien ARE que se planificaron en Catalunya, tan solo han tirado adelante dos», decía Miquel Maria Nolla, quien defendió que si estos son los porcentajes que acaba recogiendo el futuro plan general «estamos repitiendo el mismo modelo».
El Ayuntamiento reclama financiación para construir nueva vivienda social
En el caso de la ciudad de Tarragona había dos que en su conjunto sumaban cerca de 3.000 viviendas, de las cuales ninguna ha tirado adelante. Una de estas comprendía el área entre Sant Salvador y Els Pallaresos, mientras que la segunda estaba prevista en el ámbito de Pou Boronat. Al respecto, el avance que se está trabajando del futuro POUM prevé su desclasificación, de forma que en el primer caso se pasará a suelo rústico no urbanizable, mientras que en lo que respeta al ámbito de la carretera de Valls se prevé una reducción de las dimensiones y que pase a ser un plan parcial. «Es una cuestión que ya hemos hablado con la Generalitat y ellos también quieren», indicó el concejal de Urbanisme.
Más financiación
Durante su intervención, García apeló a la colaboración «público-privada» para que esta vivienda social pueda seguir adelante, y citaba como ejemplo los 192 pisos que se construirán en la zona de Campclar, en el ámbito del Pla Parcial 10. «Si las administraciones superiores no generan la financiación no podrá desarrollarse esta vivienda social», decía.
Esta promoción es relevante, ya que supone un cambio de paradigma a nivel municipal. Y es que serán los primeros pisos sociales destinados al alquiler. Un aspecto sobre el que también habló el representante de la Càtedra de l’Habitatge, quien defendió que «también debe favorecerse la propiedad».
El conjunto de los participantes coincidieron en que Tarragona debe crecer y que la aprobación del nuevo POUM debe permitir generar nuevo suelo para que la ciudad no pierda oportunidades respecto a municipios vecinos. «Tenemos la ‘amenaza’ de tener núcleos de población próximos muy atractivos», apuntaba el profesor de Sociología de la URV, Ángel Belzunegui.
Este sociólogo manifestó también la necesidad de reflexionar sobre «con qué tipo de población queremos que crezca la ciudad», un debate que cuando se habla de sectores de crecimiento y planes parciales no se aborda, pero que está estrechamente ligado. «Según las actuaciones urbanísticas atraeremos a un tipo de población u otra», decía.
Ángel Belzunegui también habló sobre las estrategias para crear una Tarragona ‘única’, rompiendo la barrera que representa el Francolí. Y aquí rompía algunas de las expectativas que se están generando. «Cohesión social no es ligar Ponent con el centro. Esto es compactación social, que también es muy importante, pero la cohesión social para porque haya más mixticidad en las zonas residenciales», afirmaba.