«Tendría que hacerse algo ejemplar; que al que deja las cacas tiradas le hicieran recoger las su perro y todas las demás que estuvieran en la zona», dice Francisco rotundo mientras su perro juega en el pipican del Parc de la Ciutat. Está con Eva, otra dueña, y coinciden en que quienes dejan los excrementos de sus animales actúan con total impunidad. Ambos se han encontrado con incívicos que no recogen y hasta les han ofrecido bolsas para desecharlas por si no tienen. «Aquí mismo, en el pipican, hay gente que las deja y tan tranquilos», dice ella. Creen que los que no cumplen perjudican la imagen de todos los que tienen animales. Han visto a la Guàrdia Urbana actuar en el parque, pero nunca por este concepto.
Lo cierto es que el ‘castigo’ que propone Francisco no es posible, pero la Ordenanza sobre la protección, la tenencia y la venta de animales de Tarragona, aprobada a finales de 2017, ya contempla que los dueños deben recoger las deposiciones «inmediatamente y limpiar la parte de la vía, el espacio público o mobiliario urbano que haya sido afectado». La sanción por incumplir la norma es de 300 euros.
Consultado al respecto, el Ayuntamiento de Tarragona no ha ofrecido los datos de las sanciones que puso por este concepto el año pasado. En el último año en que se ofrecieron datos, 2019, no se puso ninguna multa. Han anunciado, no obstante que iniciará en breve una campaña sancionadora.
Lastra la imagen de limpieza
El tema de la suciedad que generan las cacas de perro es uno de los que más molesta a los ciudadanos en lo que atañe a la limpieza viaria. De hecho fue uno de los puntos débiles identificados por los tarraconenses en el proceso participativo que convocó el Ayuntamiento y en el que 2.493 personas dieron su opinión. Pedían «más sensibilización, control y sanciones contra el incivismo».
Y es que los excrementos son lo que más lastra la percepción de limpieza que tienen los ciudadanos. En la última encuesta de limpieza viaria de la OCU de 2019 este fue el aspecto peor valorado en Tarragona con 26 puntos sobre 100.
Atención a los parques
Uno de los puntos sensibles en el tema son los parques y plazas. Un ejemplo, para mal, es la Plaça de la Font de Bonavista. La presidenta de la asociación de vecinos del barrio, Loli Gutiérrez, explica que los incívicos, no conforme con dejar los excrementos tirados, han quitado más de una vez el cartel donde se prohibe entrar con perros.
En la ciudad hay censados 5.224 perros. Se calcula que cada uno genera 100gr. de excrementos al día. Entre todos es media tonelada diaria
Gutiérrez reclama más sanciones por parte de la Guàrdia Urbana porque, en su opinión, estas conductas incívicas «no se persiguen». Les preocupa porque es un parque al que acuden niños. Aquí, además, también está previsto que se instalen máquinas de gimnasia para adultos y se temen que el problema de las cacas lo desluzca todo.
Alfonso López, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Tarragona (FAVT) cree que el incivismo en uno de los grandes problemas que la ciudad tiene sobre la mesa pero cree que «no podemos tener un Guàrdia Urbano detrás de cada vecino vigilando si recoge o no». Destaca que tienen muy buena relación con la policía local cuando se trata de otros temas de limpieza como el de los vertederos ilegales pero lo de las cacas «es muy difícil de perseguir».
Control por ADN en 36 ciudades
La alternativa que han encontrado muchas ciudades al problema es la identificación por ADN. Según un estudio de enero de este año de la web especializada en viajes con mascotas ‘Pipper on tour’ en 52 municipios españoles se exige a todo aquel que tenga perro que acuda al veterinario para tomarle una muestra de sangre o saliva y registarar su ADN. Este censo permite, entre otras cosas, multar a quienes no recogen los excrementos, algo que se ya se hace en 36 de esas localidades.
En el caso de Tarragona la ordenanza animal ya contemplaba la obligatoriedad de incluir la identificación genética del animal dentro del censo so pena de sanción de 3.000 euros. No obstantes en el texto se advertía que la medida «no entrará en vigor hasta que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Tarragona apruebe el procedimiento de extracción y análisis y se adjudique el servicio de análisis o se habiliten los laboratorios capacitados para efectuarlos», algo que, pasados más de cuatro años, no ha sucedido. Además, para la campaña de sanciones que se iniciará en breve tampoco se contempla.
En los municipios donde se ha puesto en marcha el sistema de ADN los ayuntamientos suelen subvencionar total o parcialmente el coste de los análisis (unos 35 € a 45€) durante un tiempo. La mayoría de las ciudades que implementan el sistema recuperan lo invertido a través de las multas.