Dejar los excrementos de los perros en la vía pública no tiene prácticamente consecuencias para los infractores, ya que los ayuntamientos apenas imponen multas a quienes infringen las normas.
Son datos recogidos en un estudio realizado por el blog Pipper on Tour. Según la comparativa, en 2019 las capitales españolas impusieron una media de 21 multas por este motivo, es decir, no llegaron a 2 al mes.
La mayoría de ciudades (31) no puso más de 10 sanciones en todo el año y ocho de los ayuntamientos no registraron una sola denuncia. Tarragona es una de las ciudades que no pusieron denuncias, junto a Albacete, Cuenca, Jaén, Lugo, Pontevedra, Teruel y Zamora.
Además, reseñan, algunas ciudades han comenzado en los últimos años a sancionar también cuando el perro orina donde no debe, como Almería, que en 2019 impuso 18 multas por esta cuestión, o Cádiz (27 denuncias).
Aunque se hizo la consulta al Ayuntamiento de Tarragona, no fue posible saber si el año pasado, 2020, se impusieron sanciones.
La mayor parte de las ordenanzas de las capitales de provincia, dice el estudio, contemplan sanciones leves para quienes se saltan la norma de recoger los excrementos, con multas que oscilan entre los 60 y los 600 euros, con algunas excepciones como Madrid, donde la norma es algo más dura, con multas de entre 750 y 1.500 euros. En el caso de Tarragona la multa es de 300 euros.
Los responsables de los departamentos de seguridad y medioambiente de los ayuntamientos consultados en el estudio lamentan que la mayoría de estas faltas quedan impunes por la dificultad de pillar a los incívicos ‘in fraganti’.
El sistema del ADN
Málaga, la capital que más multas impuso en 2019, es la única capital de provincia que tiene un sistema que le permite sancionar sin necesidad de sorprender al sujeto en el momento de vulnerar la norma (también lo tienen activo otras 26 pequeñas localidades españolas). Allí, todos los vecinos están obligados a registrar el ADN de su perro en el veterinario, lo que permite recoger muestras de excrementos abandonados, analizar su huella genética y multar a los responsables. Esta vía ayuda a acabar con la impunidad. De las 262 multas impuestas por Málaga en 2019, 74 se tramitaron gracias al censo de ADN, que está en proceso de implantación.
En Tarragona está regulada la obligatoriedad de censar a los animales en el Ayuntamiento, pero el sistema de identificación por ADN todavía no se ha implementado.