Alud de críticas contra la decisión del gobierno municipal del Ayuntamiento de Tarragona (ERC-JxTGN-CUP) de multar con cien euros por estacionar durante más de dos horas seguidas en una misma plaza de zona azul. Tras la firma del edicto de la pasada semana por parte de la concejal de Seguretat Ciutadana, Cristina Guzman (Junts per Tarragona), –anunciada ayer por el Diari–, que incluye la tipificación de la infracción como «leve», las reacciones del sector económico, sindicatos y de las asociaciones y federaciones de vecinos no se hicieron esperar. Y, prácticamente todas, discurrieron por la misma línea: suspenden la iniciativa que, según defendió ayer el presidente de la EMT-Aparcaments, Jordi Fortuny (ERC), pretende «garantizar el buen uso» del estacionamiento regulado de la ciudad. De hecho, el máximo responsable de la firma municipal aseguró en declaraciones a este periódico que la aplicación se centrará «en los casos más extremos» que, «de largo», estacionan el coche «durante mucho más tiempo de las dos horas permitidas».
El también primer teniente de alcalde afirma que, a la práctica, «no cambiará nada», y que el objetivo de la medida será que «quien tiene la costumbre de tener el coche todo el día en zona azul sin moverlo, encadenando tickets uno tras otro, sea sancionado». En este sentido, Jordi Fortuny recuerda que «la acción de bajar el precio del parking soterrado, junto a la política de aparcamientos disuasorios, es precisamente por esto», ya que «sale más económico ir a un parking por 4,5 euros al día que encadenar tickets y ocupar zona azul». El precio por dos horas de zona azul es de cuatro euros.
«Puede generar malestar»
Desde PIMEC, su presidente –Jordi Ciuraneta– considera que la sanción prevista de 100 euros por no mover el coche durante 120 minutos es «excesiva», a la vez que alerta que «puede generar malestar y crispación», por lo que considera que «debería haber otras medidas que no recaigan tan duramente en aquellos que aparcan para dinamizar la actividad económica, especialmente el comercio, de la ciudad».
De manera parecida se expresa Florenci Nieto, del sector de Comerç de la patronal de la pequeña y mediana empresa catalana. «Es una pasada, está fuera de lugar y de contexto. Al final no querrá venir nadie a comprar a la ciudad. Sobra arrogancia», lamenta el represente empresarial. Por su parte, la presidenta de la Cambra de Comerç, Laura Roigé, da por hecho de que «una medida de esta envergadura, y más tras la crisis de la Covid y en un contexto de gran inflación, ha sido consensuada con el sector comercial y turístico». Pese a ello, reconoce que el ente cameral «no tenía conocimiento» de la decisión del ejecutivo liderado por el alcalde Pau Ricomà (ERC). Christian Compte, de la Federació de Oci Nocturn, lamenta que la medida se afronta «desde el miedo a una sanción desproporcionada», que no va en la línea de «hacer una ciudad simpática y atractiva».
Desde el sindicato UGT, Joan Llort también rechaza la multa. «La sanción debería ser la última opción. Ya pagamos un impuesto de circulación y, además, en Tarragona el precio de la zona azul es alto, sin que los parquímetros vayan bien para pagar con tarjeta», indica el secretario general, quien recalca que «solo faltaba incrementar las multas para que muchas personas que venimos de fuera de la ciudad optemos por ir a otras poblaciones». Menos crítico es el presidente de la Associació d’Hostaleria, Javier Escribano, quien cree que la medida se debe a la voluntad de «enviar a la gente a los parkings soterrados», lo que el representante hostelero ve «bien». Pese a ello, si que alerta de que la sanción de cien euros por dejar el vehículo durante más de dos horas en zona azul es «excesiva».
«Barbaridad» y «aberración»
La posible multa tampoco gusta a las asociaciones vecinales. «Si la zona azul y los parkings ya son caros, ahora esta iniciativa hará mucho daño al comercio de la ciudad», indica el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAVT), Alfonso López.
La opinión expresada por la federación es apoyada desde Llevant. «Es una barbaridad y una incongruencia respecto a las infracciones que comportan peligro, que son de importes más bajos», indica el presidente de la Associació de Veïns de l’Arrabassada, Josep Maria Bertran. Desde la Part Alta, Manel Rovira cree que la nueva apuesta es una «aberración» que, desde Tamarit, a Pere Gomés ya no le «sorprende» por el «desastre» que considera que es la política municipal de movilidad.
