José Molina lleva desde el pasado verano pendiente de una llamada o un e-mail del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. A principios de septiembre, en plena pandemia de la Covid-19, él y su hermano decidieron tramitar la solicitud de la valoración de su madre, de 85 años, como persona dependiente. «Por suerte, mis padres viven solos en casa y están bien. Pero ya han llegado a una edad que creemos que necesitan una ayuda, concretamente mi madre, que sufre una enfermedad degenerativa en la vista y prácticamente no ve. Hasta ahora ha sido mi padre quien se ha hecho cargo de ella, y lo sigue haciendo, pero él va a cumplir 90 en septiembre y necesitaría a alguien que ayudase a mi madre», explica este ciudadano a la espera de que valoren a su madre.
El caso de la madre de José formaría parte de las 73.386 personas que, según un informe del Observatorio Estatal para la Dependencia presentado hace pocos días en Madrid, siguen en lista de espera en Catalunya para acceder a ayudas de la dependencia. En este mismo estudio se destaca que Catalunya es la comunidad autónoma con más personas en lista de espera, una cifra considerada como «inaceptable» y una «hecatombe», según los responsables de este informe.
En el estudio se destaca también que Catalunya ha perdido en un año –coincidiendo con la pandemia del coronavirus– el 4,15% de sus personas dependientes, más de 6.700 personas que salieron del sistema por defunción sin obtener una reposición de las plazas hasta ahora ocupadas, mientras que la media del conjunto de Comunidades Autónomas ofreció tasas de reposición positivas (0,81%).
Marcados por la pandemia
Los trabajadores sociales conforman un colectivo laboral que trabaja codo con codo con las personas dependientes y sus familias. Fuentes de la delegación de Tarragona del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya consultadas por el Diari reconocen que «es evidente que la pandemia ha castigado especialmente al colectivo de las personas dependientes. Cuanto más mayores, más dependientes, más frágiles y más acusada ha sido la mortalidad».
«Estos datos certifican la hecatombe sufrida por el sistema catalán el año pasado»Los trabajadores sociales también explican que «cuando estalló la pandemia las valoraciones se pararon y poco a poco se han ido reanudando. Todo se ha tenido que adaptar a la pandemia y hemos tenido que buscar alternativas de atención para estas personas, como intentar ofrecer un servicio con menos riesgo, combinando visitas telefónicas con presenciales, aunque cada vez menos».Observatorio Estatal para la Dependencia
Respecto al hecho de que Catalunya sea la Comunidad Autónoma con más lista de espera, estas mismas fuentes son bastante cautas a la hora de opinar porque no tienen muy claro «a qué listas de espera se refiere. Por un lado está la lista de espera para ser valorado y saber si serás considerado dependiente o no. Después hay otra lista de espera que es cuando algunas personas que están en el sistema (sean de grado 1 o 2) empeoran y tienen que volver a ser valoradas, por lo que entran en otra lista de espera. Pero hay que recordar que estas personas ya están en el sistema y no están desatendidas».
El informe del Observatorio Estatal para la Dependencia critica que en Catalunya las valoraciones de personas dependientes cayó el año pasado un 2,53%, con lo que las personas con derecho también bajaron (-4,03%), igual que las solicitudes (-3,83%) y los servicios prestados a 31 de diciembre se redujeron en un 8,38%, cuando la media nacional se situó en un -0,91%. «Su tasa de personas desatendidas no hace más que subir hasta colocarse en valores realmente inaceptables, 31,9%, la peor de todo el país. Al ritmo de atenciones mostrado por Cataluña en los últimos tres años, todavía tardaría 13,9 años en reducir su tasa de personas desatendidas, situada ya en más de 73.386 personas», resume el estudio.
La ayuda para los cuidadores
Desde la delegación de Tarragona del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya también tienen palabras de recuerdo y reivindicación hacia la figura del cuidador familiar. «Existe una prestación económica para el cuidador familiar que convive con la persona dependiente, pero en Catalunya no la pagan hasta que pasa un año y medio, ya que se aplica el periodo suspensivo incluido en un decreto ley que decía que por la crisis del 2012 esta ayuda se podía suspender. Consideramos que es grave y que es un perjuicio para la familia», aseguran fuentes de este colegio de trabajadores sociales.
«Todo se ha tenido que adaptar a la pandemia, buscando alternativas de atención»Otro dato importante que aporta el informe es que durante el 2020, Catalunya habría perdido un 9,7% de la ocupación con una destrucción de 3.680 puestos de trabajo, como consecuencia de la drástica reducción de prácticamente todas las prestaciones de su cartera de servicios. Estas fuentes de los trabajadores sociales añaden que «habría que revisar las ratios y los sueldos de los trabajadores de las residencias, donde ha habido muchos muertos por la pandemia. Son equipamientos donde se atiende a mucha gente dependiente y que necesitan mucho personal y buenos sueldos para que la gente esté bien atendida».
Delegación de Tarragona del Col·legi de Treball Social de Catalunya
Recortes económicos
El informe, que elabora anualmente la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, subraya que los recortes económicos establecidos en el Real Decreto Ley 20/2012, han supuesto un quebranto acumulado para el sistema catalán de 671,7 millones de euros, e indica que con este dinero se podrían haber atendido 99.907 personas dependientes y haberse generado 18.300 puestos de trabajo. Según el estudio, estos datos «certifican la verdadera hecatombe sufrida por el sistema en Catalunya durante el año pasado».
El apunte: Poco más de 300 € al mes por cuidar de un familiar dependiente
Las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 306 euros (percibidas actualmente por 450.000 personas): 138 euros para los Grado I; 242 para los Grado II y 335 para los Grado III. Dos años después de que se recuperase el derecho de las personas cuidadoras familiares a poderse dar de alta en el convenio especial de cuidadores no profesionales, sólo 60.293 lo están (el 13,4 % del total de las cuidadoras). La prestación vinculada para abonar una plaza de atención residencial oscila en torno a los 447 euros al mes. La Ayuda a Domicilio tiene una media de horas al mes de 17 horas para Grado I; 36 para Grado II y de 57 para los Grado III.