«Tenemos la solución al problema de las ocupaciones ilegales: si algún vecino se encuentra con qué le han ocupado la casa, lo que tiene que hacer es avisar al resto de vecinos a través del WhatsApp. Lo que haremos es que el propietario de la vivienda entrará en su domicilio y, detrás de él, lo haremos el resto de vecinos, seremos unos 100 o unos 200. Invadiremos la casa y no nos iremos hasta que los ocupas se vayan». Estas eran las palabras que el presidente de la Associació de Veïns de Boscos de Tarragona, Josep Solé, dedicaba ayer a los vecinos durante el acto de protesta por la presencia de ocupas y el aumento de robos en la urbanización. La concentración reunió al menos unos 300 vecinos y representantes políticos de casi todos los partidos, destacando la presencia del miembros del actual equipo de gobierno. Los allí presentes reivindicaban acciones concretas por parte de las administraciones para poner fin a la ola de robos y a las ocupaciones ilegales registradas en los últimos meses.
Hace años que la urbanización reclama mejoras en el ámbito de la seguridad, pero hace diez días la cosa dio un giro de 180 grados. Los vecinos detectaron que una familia había ocupado de manera ilegal un chalet de la calle del Falciot, concretamente el número 3, propiedad de Solvia. Pese a que ni Guàrdia Urbana ni Mossos tienen constancia de ningún episodio conflictivo con esta familia, los vecinos explican que se han generado situaciones un tanto tensas, como por ejemplo, cuando uno de los perros de los ocupas mordió a una vecina. «Se trata de perros peligrosos, que están sueltos y no llevan morrión», explica Josep Solé, presidente de la entidad vecinal.
En los últimos meses, la urbanización ha registrado un mínimo de tres ocupaciones ilegales. «Los vecinos avisábamos y la policía actuaba. Pero ahora ya no es así», asegura Solé. Según un decreto ley aprobado hace unas semanas por el gobierno de Pedro Sánchez, queda prohibido echar a los ocupas si han accedido a la vivienda sin violencia, si se trata de una segunda residencia. Si hablamos de primera, la policía solo puede actuar por orden judicial. «El trámite ya supone que el propietario ya deberá dormir fuera, al menos, un día», apunta Solé, quien añade que «estamos totalmente desprotegidos y tenemos una sensación de indefensión y de impotencia muy grande». Por todo ello, los vecinos han creado un grupo de WhatsApp para actuar en conjunto si fuera necesario.
Los rostros de los vecinos congregados ayer delante del chalet ocupado eran de preocupación y de indignación. «Nos da miedo salir de nuestra casa y que, al volver esté ocupado», explicaba Antonio Miras, un vecino, quien alertaba que en la urbanización de Boscos hay bastantes chalets de segunda residencia que, durante la semana, están vacías. «No queremos que haya un efecto llamada», añadía.
Una organización mafiosa
Y es que, según explicaba el concejal del Ayuntamiento de Tarragona, Xavi Puig, «en este caso, no estaríamos hablando de personas en situación de vulnerabilidad social, sino que se trata de una ocupación vinculada a una organización mafiosa que se dedica a la compraventa de casas que no son suyas». A los vecinos les preocupa que la problemática se extienda por toda la urbanización.
Otro de los manifestantes, Joaquim Galià, aseguraba que «no hay derecho de que las leyes protejan a los delincuentes», y añadía que «hay gente que hemos trabajado muy duro para tener una casa aquí». Cabe destacar que en el chalet ocupado vivía hace tiempo una mujer que fue desahuciada por no pagar al banco. «Eso aún nos genera más rabia, porque era una vecina de toda la vida que, después de pasar un mal momento, se vio en esta situación», explica Clara García, una vecina.
Los delitos no aumentan
Por su parte, el Ayuntamiento, según Puig, «ha movilizado todos los recursos necesarios para poner en marcha distintas estrategias de mediación». El concejal aseguraba ayer insitu que la solución al problema pasa porque el propietario del inmueble –en este caso, Solvia– denuncie la ocupación. Respeto a la medida que los vecinos quieren llevar a cabo, la de «invadir» las viviendas ocupadas, Puig asegura que «la gran mayoría de personas saben que existen mecanismos reconocidos, legales y pacíficos para poder actuar en estos casos», y pone como ejemplo, «movilizarnos, estar en contacto con los vecinos y fer pinya».
Por su parte, el portavoz del gobierno municipal y concejal de Seguretat Ciutadana, Manel Castaño, asegura que no se ha registrado un aumento de actos delictivos en las urbanizaciones de Llevant en los últimos meses, y defiende que, ni a la Guàrdia Urbana ni a los Mossos les consta que las personas que han ocupado la vivienda de la calle del Falciot número 3 hayan generado episodios de conflicto.
Los vecinos no descartan llevar a cabo acciones más duras si las administraciones no se ponen las pilas. Solé exige que el alcalde Pau Ricomà se ponga en frente de la Junta de Seguretat Local para poner fin a la sensación de inseguridad en Boscos.
