El pasado 4 de junio, en una vivienda de La Riba (Alt Camp), se procedía a una entrada y a un registro. El municipio, de poco más de 500 habitantes, escondía a una de los 54 personas vinculadas en una red internacional de estafas a gente mayor. Estafas que consistían en engañar a las víctimas de la vulnerabilidad de su dinero en el banco y se aprovechaban de su buena fe para desplumarlas.
➡️Desmantelada en #Cataluña, #Andalucía y #Portugal, con el apoyo de @Europol, una organización criminal internacional que actuaba contra personas de edad,
— Policía Nacional (@policia) July 2, 2024
👉84 víctimas y más de 2’5 millones de € estafados
👉Se dedicaban a las #estafas telefónicas y #robos violentos
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El operativo que se llevó a cabo hace casi un mes en Faro (Portugal), Sevilla y La Riba (19 registros y 54 detenidos en total) fue la parte ejecutiva de una investigación que se inició a principios del año 2023, cuando las primeras denuncias se realizaron en Reus. De los 84 estafados conocidos, la gran mayoría (un 80 %) se sitúan en el área metropolitana de Barcelona y la quincena restante (20 %) estarían en este grupo de víctimas de la provincia de Tarragona.
A medida que Mossos detectó denuncias similares y un perfil de víctima muy parecido, tras el primer caso de Reus, los investigadores vieron un mismo patrón criminal: las víctimas, todas ellas de edad muy avanzada, recibían una llamada por parte de un supuesto empleado del departamento de seguridad de una entidad bancaria. En ese punto, les advertían que estaban siendo observadas por grupos criminales que querían sustraerles su dinero, y las atemorizaban durante días con esta afirmación.
Acumularon 2,5 millones de euros de beneficios en esta trama de estafas y robos
El detenido en La Riba entraba en juego cuando las víctimas, temerosas de ser asaltadas por criminales, confiaban en sus falsos interlocutores. Él era uno de los «técnicos» que pasaba a ver a las personas por las casas y una vez dentro, cuando se había ganado su confianza, les robaba todo lo que podía y más.
Los estafadores, organizados desde Portugal, se coordinaban con los «técnicos», los cuales se hacían pasar por falsos trabajadores del banco, o falsos policías, cuando se presentaban en los domicilios de las víctimas.
Bajo la premisa de impedir que la supuesta organización criminal les robara dinero, los falsos policías o agentes bancarios se apropiaban de sus tarjetas bancarias y del PIN de seguridad, les sustraían joyas, dinero en efectivo o dispositivos electrónicos. Los miembros de la organización intimidaban a las víctimas para que se vieran forzadas a entregar sus pertenencias. En algunos casos, cuando la víctima se resistía, se llevaban el botín usando la violencia contra ella.
El enorme volumen de dinero que obtenía la organización, era repartido entre sus miembros, y comenzaban aquí diferentes metodologías de blanqueo para mover los beneficios que generaban. El dinero físico viajaba en vehículo hacia Portugal, o utilizando agencias de envío de dinero, mientras que las transferencias bancarias fraudulentas eran recibidas por «mulas» y reenviadas nuevamente a cuentas controladas por la cúpula del grupo delictivo en el país vecino. Acumularon 2,5 millones de euros de beneficios en esta trama de estafas y robos.
Otra forma de blanquear los beneficios era la compra y posterior venta de productos electrónicos de alta gama, como teléfonos móviles y ordenadores portátiles, o en una metodología mucho más elaborada de inversión, la compra de lingotes de oro, que les permitía su fácil transporte y ocultación a la vez que minimizaba una eventual pérdida de su valor con el paso del tiempo.
