El arqueólogo, arquitecto y profesor de la Universitat Rovira i Virgili (URV), Ricardo Mar, ha asegurado que el seguimiento y control de la Generalitat respecto a los restos arqueológicos encontrados en los terrenos donde se construyó el Parc Central fue “riguroso”.
El testimonio, que ha declarado este miércoles en el juicio, afirmó que la comisión de Patrimonio decidió conservar todos los hallazgos relacionados con la necrópolis paleocristiana y trasladarlos a dos metros de profundidad. “Defendí que era necesario modificarlo, pero un proyecto como el del Parc Central representa tanto dinero que cuando la arqueología interviene y el proyecto ya está hecho, el coste de modificarlo es altísimo, y las empresas casi siempre se niegan”, lamentó.
El testigo ha explicado que colaboró en las prospecciones arqueológicas que se realizaron durante los primeros meses del año 1994 en los terrenos del centro comercial para verificar la extensión de la zona arqueológica. Lo hizo a través de una empresa de la URV que permitía a sus alumnos realizar prácticas en las excavaciones. “Se hicieron cuatro trincheras en un sentido y seis más en otro, de un metro de ancho; se trabajaba con una máquina y bajo la supervisión de un arqueólogo, cuando se encontraban estructuras, se paraba y se limpiaban bien”, ha detallado el experto. Esta actuación permitió comprobar qué zonas contenían restos arqueológicos: “no todo el solar los tenía”, ha añadido.
“La normativa por parte de la Generalitat para un solar de estas dimensiones requiere primero un proyecto de prospección, el cual necesita un proyecto, un permiso de la Generalitat, la entrega de un informe y rendir cuentas de los resultados”, ha señalado. Después de la primera fase, Mar ha indicado que la empresa -Erosmer Valencia S.A.- firmó un segundo contrato con la universidad para realizar una excavación extensiva de todo el terreno arqueológico documentado.
“Esto requirió un nuevo permiso de excavación que no se podía expedir sin el informe de los trabajos de prospección previos; todo debe ser aprobado por el servicio arqueológico de la Generalitat, que es el competente, pasar por la Comisión de Patrimonio y ser aprobado por la arqueóloga territorial”, ha remarcado. “Por parte de la Generalitat, hubo un seguimiento y control muy directo de los procesos de excavación, de rendir cuentas de los resultados obtenidos; fueron muy rigurosos exigiéndonos la documentación”, ha declarado.
Según ha explicado el arqueólogo, entre los hallazgos localizados se encontraron restos de un palacio romano, de una vía, un conjunto funerario y una basílica, que formaban parte de la necrópolis paleocristiana. El Gobierno determinó que todos estos restos debían ser conservados y en un primer momento se propuso ubicar las ruinas en el techo del equipamiento comercial. “Mostramos nuestro desacuerdo, era una solución muy artificial y poco acertada”, ha afirmado Mar.
Finalmente, el Gobierno y Erosmer Valencia acordaron trasladar los restos romanos dos metros más abajo de donde se encontraron, situándolos en el aparcamiento, y su musealización. “La solución es mala, pero el error es de la ley de Patrimonio, que no dice quién debe financiar las excavaciones; las empresas no están dispuestas a invertir en arqueología hasta el último momento”, ha denunciado el arqueólogo, quien afirma que son los restos arqueológicos los que acaban “perdiendo” ya que las empresas no quieren modificar sus proyectos arquitectónicos por el alto costo que supone.
“La función de Yubero era buscar ubicaciones”
En la vista de este miércoles también ha declarado el director de desarrollo del grupo Eroski entre los años 1990 y 1993, grupo comercial que, junto con Mercasa, formaba parte de la sociedad Erosmer Valencia. El testigo ha explicado que las funciones de José Miguel Yubero - uno de los acusados - era la de buscar ubicaciones para instalar centros comerciales de la compañía. Según él, una vez encontrado el emplazamiento, el investigado elevaba la propuesta al consejo de consumo de la empresa, que, si se ajustaba a las peticiones del grupo, se presentaba finalmente al consejo de administración de Erosmer para su aprobación.
El testigo también ha asegurado que eran los equipos de arquitectos y el jurídico los que hacían los proyectos y contratos de compraventa de los terrenos. “Yubero no participaba en la redacción del contrato, él hacía las propuestas de compraventa y no tenía poder para firmarlo”, ha declarado. “Una vez cerrada la compraventa, ya no tenía más vinculación”, ha añadido. A preguntas del ministerio público, el testigo ha dicho que no tenía conocimiento de que Erosmer Valencia abonara 250 millones de pesetas a Pieles de España S.A. - una de las sociedades del entramado - por hacer de intermediaria en la compraventa de los terrenos. “Es imposible, no ha podido pasar”, ha recalcado.
“No participé en el convenio urbanístico”
Por otro lado, en la sesión de este miércoles también ha declarado Pere Grau, quien fue concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Tarragona entre agosto de 1989 y mayo de 1991. Grau era compañero de partido de Àngel Fernández, uno de los tres investigados en la causa. Aunque ha reconocido que era el responsable del área de urbanismo, ha declarado que fue el exalcalde Joan Miquel Nadal y otros miembros de los grupos políticos que formaban el equipo de gobierno quienes se ocupaban y debatían sobre la instalación de una gran superficie comercial en la ciudad.
“Creo que se inició la modificación del PERI del Gas, pero hubo elecciones y no recuerdo haber intervenido en su tramitación”, ha subrayado. También ha negado conocer a la empresa MundoBrokers y su participación en la elaboración del convenio urbanístico, en el que se establecían contraprestaciones para la ciudad por un valor de unos 600 millones de pesetas.
Paralelamente, ha declarado el gerente de la campaña electoral del PP en el año 1993, Juan Antonio Granell, quien ha afirmado que recibieron una donación durante la campaña electoral. “La recuerdo por su importancia, no recibimos más”, ha dicho. Sin embargo, ha afirmado que no recordaba si el donante fue el empresario Carbonell Figueras.