El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Barcelona concluyó una investigación sobre una organización dedicada a la recogida de animales abandonados en Barcelona entregando el atestado a la Fiscalía de Medio Ambiente de Barcelona.
La investigación, llamada Operación Relicta, sacó a la luz graves irregularidades en la gestión de los animales y el tratamiento clandestino de cadáveres, involucrando a cinco empresas y siete personas.
El caso se originó hace años tras denuncias ciudadanas que alertaban de irregularidades en una residencia canina para animales abandonados. Esta residencia, además de recoger y albergar a los animales, dispone de una incineradora autorizada para la gestión de cadáveres, lo que levantó sospechas sobre posibles prácticas de eliminación de pruebas, dado que también sería responsable del sacrificio injustificado de algunos animales y las investigaciones del Seprona apuntan a que esta instalación pudo haber sido utilizada para encubrir un delito de maltrato animal, destruyendo cuerpos sin seguir los protocolos de trazabilidad exigidos por la normativa y quedando en el ámbito administrativo por falta de pruebas.
Uno de los puntos clave en la investigación fue la denuncia de la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA), que aportó pruebas documentales sobre casos específicos de maltrato en una segunda residencia situada en otro municipio.
A partir de estas pruebas, la Fiscalía ordenó al Seprona la apertura de la Operación Relicta mediante una diligencia de investigación penal, que reveló que las dos residencias caninas estaban gestionadas por las mismas personas, quienes podrían haberse lucrado aprovechando la renovada imagen de la nueva residencia para reemplazar a la anterior.
Además de demostrar casos de maltrato animal, la investigación sacó a la luz falsificaciones documentales y el almacenamiento no autorizado de cuerpos en una nave.
Durante el transcurso de la investigación se han tomado declaraciones a cinco personas que han declarado sobre la dura realidad de estas residencias caninas a través de varios casos: Nuna, una perra que ingresó preñada en una de estas residencias, perdió una cantidad significativa de peso en aproximadamente dos meses, y sus cachorros fueron sacrificados sin razón al nacer.
Las empresas son contratadas por más de 50 ayuntamientos de la provincia de Barcelona que desconocen las irregularidades existentes en la recogida, tratamiento y gestión de animales, pero las condiciones de su funcionamiento generaron graves dudas a la Guardia Civil al no sobrepasar la capacidad máxima de los centros pese a la gran cantidad de animales recogidos.
Las empresas implicadas mantienen un alto nivel de hermetismo que cuenta con personal bajo contratos de confidencialidad que impide a los trabajadores revelar información sobre las actividades dentro de las residencias. Además, no aceptan la colaboración de voluntarios, lo que hace más difícil supervisar el tratamiento de los animales.
La Guardia Civil ha concluido que la red opera bajo un esquema criminal que no solo se lucra a través de los contratos con los ayuntamientos y la gestión de los cadáveres y sus residuos, sino que también incurre en delitos y ocultación de pruebas, por lo que se han propuesto delitos de maltrato animal, falsedad documental, contra los recursos naturales y de organización criminal.
