La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de tortugas en el marco de la Operación Squirtle, investigando a seis personas que podrían estar vinculadas con tres empresas relacionadas por la supuesta comisión de delitos contra la fauna, contrabando, falsedad documental y organización criminal.
Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil realizaron en el año 2022 una inspección en una tienda de venta de animales de Zaragoza descubriendo un ejemplar de tortuga rusa a la venta sin ningún tipo de marcado o identificación y con documentación falsa, iniciando una investigación para averiguar cuál era su origen.
Las pesquisas condujeron a los agentes hasta un almacén mayorista en Terrassa (Barcelona) donde se localizaron e intervinieron 115 tortugas y 5 camaleones supuestamente protegidos sin ningún tipo de microchip o y con documentaciones falsas. Este almacén se abastecía de otros establecimientos afincados en Europa, donde amparaban a los animales con documentos de importación o criadores simulando trazabilidad legal.
Modus operandi
La organización criminal simulaba la falta de identificación de los animales justificando su pequeño tamaño, no utilizando otros métodos alternativos contemplados en la legislación como su registro en fotografías, amparando así cualquier ejemplar de la misma especie con las facturas y/o albaranes que tenían las empresas. Asimismo, se encontró documentación con la que se comercializaban esos mismos especímenes juveniles supuestamente microchipados.
La investigación reveló que los implicados falsificaban los certificados necesarios asegurándose que los animales parecieran tener una procedencia legal dificultando detectar las irregularidades a simple vista, permitiendo que la red operara durante un tiempo considerable sin ser descubierta.
Los agentes del SEPRONA solicitaron un informe al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que determinó que los animales están protegidos, las tortugas Testudo horsfieldii o tortuga de tierra rusa, y los camaleones Chamaleo calyptratus o Camaleón de velo yemení, ambas incluidas en el Anexo B de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), y en el Reglamento (CE) para su aplicación en la Unión Europea, y ha valorado el daño medioambiental por extraer los animales del medio natural en casi 6 millones de euros, a pesar de que el valor de venta legal de los animales se ha estimado en 14.000 euros.
Con la entrada en vigor del Real Decreto 7/2018 se estableció la obligatoriedad de identificar a todos los animales del Anexo B de manera inequívoca, reflejándolo en las documentaciones, un paso importante en la protección de las especies para evitar el tráfico ilícito de las mafias y la expoliación directa de especímenes del medio. Anteriormente, con cualquier factura de compraventa que amparara la adquisición de un animal del Anexo B, cuando fallecían, se podía amparar otro de la misma especie procedente del tráfico ilícito o extraído de la naturaleza. Dados los indicios de criminalidad que se han evidenciado durante los dos años de investigación que ha llevado a cabo la Guardia Civil, han sido investigadas seis personas que podrían estar vinculadas con tres empresas relacionadas por la supuesta comisión de los delitos contra la fauna, contrabando, falsedad documental y organización criminal. Las diligencias han sido remitidas a la Sección de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de la Fiscalía Provincial de Barcelona.
