El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en Tarragona, recibió noticias de qué en una finca rústica de El Perelló, existía un grupo numeroso de perros en mal estado, que al parecer se encontraban encerrados en jaulas, sin salir al exterior durante largas jornadas.
Agentes del Seprona, en colaboración con la Policía Local de El Perelló, ubicaron la finca en una zona aislada del término municipal, realizando una inspección en el lugar, donde encontraron a los animales en una serie de jaulas de reducidas dimensiones en condiciones higiénico sanitarias deficientes, comprobando la existencia de 16 perros de diferentes razas, todos con un estado de alteración anormal.
Igualmente localizaron dos caballos, que ya a simple vista se apreciaba estaban por debajo de su peso óptimo, así como a una cabra. Respecto a los 16 perros se comprobó qué pese a su enjaulamiento, todos disponían de agua y comida.
Identificada la propietaria de los animales y tras mantener entrevista con la misma, se optó por solicitar la colaboración del Ayuntamiento, procediendo a la investigación penal de la misma por supuesto delito de maltrato animal y a la asistencia veterinaria de los animales.
Los perros enjaulados durante largos períodos de tiempo, pueden sufrir daños psicológicos severos y desarrollan estados de ansiedad y es por eso que necesitan diariamente una dosis de actividad física. Privados de esta actividad y encerrados en pequeños espacios, tienen más tendencia a sufrir desórdenes del comportamiento, como puede ser la agresividad, con el peligro que eso puede conllevar para las personas
Los perros se trasladaron a una entidad protectora de animales concertada con el Ayuntamiento, donde serán tratados por veterinario cualificado.
Los dos caballos y la cabra, han quedado a cargo del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, qué mediante su protocolo de abandono de équidos, entregará en custodia a los animales, a una organización concertada con la administración autonómica.
Las diligencias se entregaron en un Juzgado de Tortosa, junto a la Fiscalía de Medio Ambiente.
