Hay un término inglés que se ha puesto de moda últimamente. Se trata de «lawfare». Seguro que lo han oído a raíz del caso judicial contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Wikipedia lo define así: «Guerra jurídica, instrumentalización de la Justicia, judicialización de la política, utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente». Para que nos entendamos, que un juez o una jueza instruya causas contra enemigos ideológicos o «de la patria», sea por voluntad propia o a petición del político de turno.
El término lo puso en el candelero el independentismo, a cuyos líderes les han acusado de todo tipo de delitos. También lo ha empleado hasta la saciedad la expresidenta del Parlament Laura Borràs a raíz de su condena por el caso de la Institució de les Lletres Catalanes.
Lo paradójico del caso es que cuando el secesionismo cuestionaba la imparcialidad judicial, le cayeron críticas a diestro y siniestro. Ahora el PSOE, por el caso de Begoña, y el PP, porque el Tribunal Constitucional ha exculpado de los ERE a personas vinculadas al PSOE, se han sumado a la insinuación nada velada de que algunos jueces actúan movidos por intereses espurios. Cómo cambian las cosas en política.
